El «bote» de facturas falsas de la UGT Andalucía sienta en el banquillo a la vieja cúpula del sindicato

Será el tercer intento de celebrar el juicio que parece estar gafado. Dos fallidos lo preceden. La sesión inicial de cuestiones previas, donde se hacen alegaciones que pueden afectar al fondo del proceso, se ha pospuesto en dos ocasiones —se había fijado el 14 de diciembre y el 15 de enero— por problemas de salud de varios intervinientes.

No hay sentencia más inapelable que la que dicta el tiempo. No es para menos. Ha pasado una década desde que la Guardia Civil registró la antigua sede regional del sindicato en el centro de Sevilla en busca de documentos. La operación 'Cirene' desplegada en diciembre de 2013 se saldó también con 16 detenidos.

Atrás quedan siete años de una instrucción plagada de interrupciones que culminaron el 13 de marzo de 2020, cuando el juez Juan José García Vélez acordó la apertura del juicio oral contra 15 personas por un fraude que cuantificó en 40,7 millones de euros. Antes, los medios de comunicación —ABC, entre ellos— habían dado cuenta del llamativo destino que tuvieron aquellos fondos públicos. Según la Guardia Civil, la UGT-A financió con ellos una megaestructura de personal y patrimonio inmobiliario del que ha ido desprendiéndose en gran parte para sanear sus cuentas cuando el Gobierno de Susana Díaz (PSOE) cortó el grifo de las ayudas al detectar un cúmulo de irregularidades en la justificación de los cursos de distintas entidades.

La investigación puso de manifiesto que la UGT-A utilizó fondos para desempleados para pagar viajes, hoteles y convites de sus dirigentes, cenas con barra libre en la Feria de Sevilla, karaokes con mariachis en El Caribe, así como pancartas para la huelga contra la reforma laboral de Mariano Rajoy en el año 2010. Incluso se compraron maletines de la marca Salvador Bachiller falsificados en China, que fueron regalados a los delegados de un congreso celebrado en Sevilla en 2009 en el que fue reelegido como secretario general del sindicato Manuel Pastrana. Una grave enfermedad degenerativa lo ha alejado del banquillo.

La Fiscalía Anticorrupción solicita en total 26 años de cárcel y 200 millones de multa para cuatro exdirigentes de UGT-A por desviar 40,7 millones de euros mediante supuestas facturas falsas que endosaba a las subvenciones autonómicas y alquileres ficticios de aulas parar impartir cursos entre 2009 y 2013. El sindicato, que figura como responsable civil subsidiario, siempre ha negado el fraude alegando que todas las actividades formativas se realizaron y apela a la presunción de inocencia.

Los ideólogos del sistema son, para la Fiscalía, el exsecretario general de Administración y tesorero del sindicato, Federico Fresneda, y la exsecretaria de Gestión Económica, María Charpín, para los que Anticorrupción pide siete años de prisión por supuestos delitos continuados de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil. Idéntica pena solicita para Francisco Fernández Sevilla.

Según el juez instructor y la Fiscalía, el mecanismo defraudatorio adquirió tres formas. La primera fue el alquiler ficticio de aulas del sindicato para impartir los cursos que Soralpe, una sociedad instrumental, facturaba a IFES, una fundación de la propia UGT-A. La segunda fue el «rappel», es decir, las comisiones o descuentos que las empresas que contrataba con dinero de la Junta pagaban al sindicato y que éste no declaraba en las facturas que endosaba a las ayudas. El tercer gasto bajo sospecha es el «bote», un saldo creado por el sindicato con las facturas supuestamente simuladas requeridas a determinados proveedores, que una testigo llegó a definir como un «canon revolucionario».

El concepto aparece en un manual informático que utilizaba el sindicato, el Spyro, cuya instalación pagó con una subvención de 1,2 millones de la Junta. A este saldo lo llamaba «bote», como los premios acumulados de los sorteos de lotería que no tocan.

Para quienes abanderan la acusación, una de las mayores dificultades a las que se enfrentan es escoger los documentos que se van a exponer en la sala de vistas y que componen un sumario enciclopédico.

A los albaranes y facturas se unen hasta 20.000 correos electrónicos que intercambiaron exdirigentes de UGT y proveedores de su confianza. Hacer la criba no va a ser tarea fácil, aseguran algunos intervinientes, que en su carrera no recuerdan un juicio con «tantas pruebas y tan apabullantes».

El tribunal escribirá el capítulo final de esta batalla legal que hace una década abrió en canal las cuentas del sindicato. Antes, le va a tocar someterse a la severa anatomía de la Justicia.