El bloqueo de las tarjetas monedero deja en el aire las ayudas para alimentos de 330.000 andaluces

Mientras se pone en funcionamiento este sistema, el anterior programa de reparto a través de entidades sociales está próximo a agotarse, como denunció ayer la consejera de Inclusión Social, Igualdad, Juventud y Familias, Loles López, y confirmaron a este periódico desde el Banco de Alimentos: «Han empezado a terminarse en los bancos de alimentos las reservas y no están implantadas aún las tarjetas», apuntó la consejera. Todo está ahora a la espera de una nueva reunión convocada entre el Ministerio y todas las comunidades autónomas para finales de este mes para intentar resolver los numerosos desajustes existentes en el programa.

De fondo, hay una profunda discrepancia entre el Gobierno de Andalucía (y los de otras comunidades autónomas) y el Gobierno de España. El Ejecutivo cambió este año el plan de garantía alimentaria a través del Fondo Social Europeo para que en vez de gestionarse a través del Banco de Alimentos y otras entidades sociales se distribuyese entre la población vulnerable a través de un sistema de tarjetas monedero dotadas de un importe en función de las condiciones socioeconómicas de cada hogar canjeables en una serie de cadenas de supermercados distribuidas por el territorio español. En total, 70.000 tarjetas monedero con un presupuesto de 94 millones de euros de los cuales 19 millones son para Andalucía.

Para la consejera Loles López, que compareció ayer en el Parlamento, este sistema genera dos problemas principalmente. El primero es que con los criterios que se ha establecido el número de tarjetas monedero disponibles para Andalucía no alcanzan a los 330.000 beneficiarios que tenía el sistema anterior en el año 2023. «Se quedan 280.000 personas fuera, sin cobertura», apuntó la consejera.

En segundo lugar, el sistema a través de empresas de alimentación que han firmado contratos con la Cruz Roja. Se trata de siete cadenas de supermercados que fueron adjudicatarias del contrato de esta entidad de las cuales sólo tres ellas tienen implantación en Andalucía. Y de acuerdo con los datos aportados por el propio Ministerio en la comunidad autónoma hay 319 negocios en 120 municipios en los que se podrían canjear las tarjetas. En los otros 668, el 85%, no hay establecimientos y por tanto no se pueden canjear las tarjetas y los beneficiarios tendrían que desplazarse a otras localidades.

El Gobierno central, que ha convocado el Consejo Territorial ante las demandas de muchas de las comunidades autónomas, subraya dos cuestiones que ha puesto encima de la mesa en las reuniones. La primera que es un modelo de ayudas a la población vulnerable que se acordó en 2021 (en sus términos más generales) entre el Gobierno y todas las comunidades autónomas. Y no es incompatible con otros sistemas de ayudas o mecanismos complementarios que no se han articulado.

«El diseño, planificación y gestión de servicios sociales es competencia de las comunidades autónomas. Cuando se añade una herramienta más a los servicios y prestaciones con los que ya cuenta la comunidad, es esta la que debe, en el marco de esas competencias, reorganizar las respuestas. Además, la inversión para tarjetas monedero se realiza desde el tramo estatal Fondo Social Europeo lo que implica que los recursos para cubrir las necesidades de esas familias que estaban poniendo las CCAA los liberan y podrían reorientarlos para mejorar otras respuestas», explica oficialmente el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

El segundo argumento puesto encima de la mesa por el Gobierno central es que se trata de un sistema de carácter provisional que se aplicaría en este año 2024 pero que a partir de 2025 cambiaría al ser transferido por completo el modelo a las comunidades autónomas.

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Para la Junta de Andalucía, ambas explicaciones y planteamientos son insuficientes: «En primer lugar es falso que en 2021 aprobáramos ese nuevo sistema. Es falso también que viniera impuesto desde Europa o que no afecte a las entidades sociales. También es falso que podamos poner un tramo autonómico o que se pueda complementar. Todos estos argumentos no son reales. La realidad es que lo que está haciendo el Gobierno no es quitar las colas del hambre, es esconderlas. Y lo que quieren hacer a partir del próximo año es quitarse el muerto de encima », apuntó en su comparecencia la consejera.

Desde la oposición, especialmente los grupos PSOE y Por Andalucía defendieron el sistema implementado por el Gobierno de España e instaron a la Junta de Andalucía a adoptar medidas complementarias al plan del Ministerio que está condicionado por las bases establecidas en el Fondo Social Europeo. Los dos grupos acusaron al PP de «buscar la confrontación siguiendo los criterios establecidos por la dirección de Alberto Núñez Feijóo» contra el Gobierno de España.