Bernat Soria no se libra del banquillo tras escudarse en una «costumbre» de su pueblo para no pagar una deuda

El último choque se produjo el pasado 1 de junio, cuando la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla desestimó el recurso de apelación presentado por Soria y sus hijas contra un auto dictado el 14 de septiembre pasado por la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños. En dicha resolución, la magistrada daba por finalizada la investigación y confirmaba la imputación de los tres por una presunta «despatrimonialización fraudulenta» que hizo «inviable» el cobro de una deuda de 520.000 euros que el exministro había contraída con otro empresario. El fisiólogo de 72 años había donado todos los bienes inmuebles, valorados en 1,2 millones de euros, a sus hijas para eludir así la devolución de un préstamo de 400.000 euros, que alcanza los 520.000 euros tras sumarle los intereses y las costas.

En su descargo, Soria pretextó que los padres que se jubilan suelen donar los bienes a su prole cumpliendo con una tradición arraigada en su pueblo natal, Carlet, en Valencia. Soria decidió consumar este rito local después de que otro juzgado le hubiera condenado a abonar la deuda de manera solidaria junto con un antiguo socio. Por este motivo se les imputa a él y sus familiares un supuesto delito de frustración de ejecución de una deuda.

Este argumento, que no convenció a la juez ni a la Fiscalía, volvió a ser esgrimido por el científico en el recurso que interpuso su abogado para solicitar el archivo de la causa. La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla lo ha rechazado. La «supuesta costumbre local de donación a los hijos» forma parte del «legítimo ejercicio de derecho a la defensa» de Soria y podrá ser valorado en el juicio, afirma. Sin embargo, tales alegaciones exculpatorias, «en modo alguno, sirven para acoger en este momento procesal la pretensión de sobreseimiento, cuando no consta ningún motivo objetivo que justificase la operación de liberalidad y despatrimonialización, presuntamente fraudulenta, y que a día de hoy ha impedido la ejecución de una deuda líquida, vencida y exigible».

El fiscal pide dos años y medio de prisión al exministro y sus hijas, así como una multa de 18 meses «con cuota diaria de 25 euros». La acusación particular, ejercida por la sociedad que adquirió el derecho de cobro de la deuda, elevó la pena hasta los tres años.

El investigador, que se hizo popular a principios de la pasada década por utilizar las células madres para tratar la diabetes, alegó que podía hacer frente mediante su «salario» de 69.000 euros anuales a la deuda contraída con Vegetal Green SL. El impago corresponde a un préstamo concedido a la sociedad de su propiedad Newbiotechnic SA, que entró en concurso de acreedores en 2017. No obstante, tales argumentos han sido desestimados por los distintos jueces ante los que el exministro ha recurrido cuando el acreedor se cansó de escuchar sus evasivas y se querelló contra él por su negativa a saldar la deuda.

El Juzgado ha requerido tanto él como sus hijas que depositen una fianza equivalente al importe de la deuda más los intereses y costas, con el objetivo de «asegurar las responsabilidades pecuniarias» que pudieran imponerles. En el caso de no desembolsen la fianza, «se les embargarán bienes» en la cantidad suficiente para garantizar su abono, ordenó la juez en el auto de apertura de juicio oral dictado el pasado 14 de febrero.

El investigador estuvo cobrando durante una década un sueldo de 180.000 euros brutos anuales como director de un centro dependiente de la Consejería de Salud. La entonces consejera andaluza de Salud y hoy ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo fichó en el año 2009, tras su cese como ministro. El anterior Gobierno andaluz del PP y Ciudadanos lo despidió en mayo de 2019 al descubrir que Soria había estado compaginando sus negocios privados con su contrato público de alta dirección, incumpliendo una cláusula de exclusividad.