Las ayudas a la vivienda en Andalucía: 400 millones el próximo año pero con alcance limitado

El problema se ha agravado especialmente en las grandes ciudades, como Málaga o Sevilla, donde los precios se han disparado, influidos en los entornos urbanos por el fenómeno de las viviendas turísticas, y el sobreesfuerzo que realizan los propietarios e inquilinos se sitúa ya como el más alto de España, según los datos del Banco de España. En la mayoría de los casos se rebasa ampliamente la proporción recomendada que se no se destine más de una tercera parte de los ingresos de un hogar a la vivienda.

La vivienda ha ido de forma progresiva adquiriendo protagonismo en las agendas políticas e institucionales, hasta que la convocatoria de las primeras manifestaciones este verano, en muchos casos mezcladas con el crecimiento del fenómeno turístico, le han situado en primer plano. «Hay un problema de vivienda en Andalucía y en España. Los precios de alquiler y compra no son razonables», admitía el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la última sesión plenaria al ser requerido por el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García.

Sobre la mesa, como principal solución, Gobierno central y Junta de Andalucía coinciden en la necesidad de un incremento de la oferta de viviendas a precios asequibles, sea pública o privada. Y discrepan sin embargo en si se debe o no intervenir directamente en los precios de alquiler. El Ejecutivo señala que sí, y así lo recogió en la ley estatal de 2023 que sólo se ha aplicado de momento en Cataluña, mientras que el Gobierno autonómico lo rechaza al considerar que agravaría la situación al retraer aún más la oferta.

Pero los tiempos de ejecución de estos proyectos de promoción no se corresponden con las necesidades de la población y menos aún con los plazos políticos y el debate legislativo en el complejo marco competencial español no acaba de generar un marco claro y despejado. De ahí que las dos administraciones traten de poner encima de la mesa ayudas directas y concretas con efecto inmediato sobre la población.

El Gobierno central ha lanzado su segunda convocatoria del Bono Alquiler Joven, que en el caso de Andalucía supone 34 millones de euros para 2025. La Junta de Andalucía, por su parte, ha planteado un aumento de las deducciones fiscales en el IRPF y un refuerzo del programa Garantía Joven de avales para la compra de vivienda a menores de 40 años. Entre ambas iniciativas supone un importe adicional de otros 32 millones de euros.

Si a estos dos novedades para 2025 se le añaden las iniciativas que consolidan en materia fiscal para el próximo ejercicio, el volumen global de presupuesto que se destinará a ayudas directas durante 2025 se situará en torno a los 400 millones de euros.

Sin embargo, por el tipo de ayudas, por los requisitos y por las limitaciones presupuestarias, el alcance real y el efecto sobre la población es muy limitado. Un dato sirve como referente: El total de jóvenes menores de 35 años que pueden acceder a alguna de las medidas planteadas por las administraciones se sitúa en torno a los 83.000 en el próximo ejercicio sobre una población total menor de 35 años de 1,7 millones de personas. Es decir, apenas un 4%. Según los datos del Observatorio de la Juventud, sólo el 13% de estos jóvenes logran emanciparse antes de los 30.

La apuesta principal de la Junta de Andalucía son las rebajas fiscales que, según los cálculos de la Consejería, tendrán un impacto sobre el sector de la vivienda de 300 millones de euros aproximadamente en 2025. Afectan a tres impuestos: el IPRF, el Impuesto sobre Actos Jurídicos y Transmisiones Documentales y el Impuesto de Sucesiones.

En el tramo autonómico del IRPF la Junta de Andalucía fija deducciones, que para 2025 van a aumentar, tanto al alquiler de una vivienda habitual como a la inversión que se realiza en un año para una compra o rehabilitación de un piso. Desde que se implantaron el impacto ha sido de 15 millones de euros anuales, cifra que se estima que subirá hasta los 22 millones de euros el próximo ejercicio con las nuevas medidas.

Las deducciones más cuantiosas son las establecidas en el Impuesto sobre Actos Jurídicos y Transmisiones. Hay tipos bonificados para compras por parte de menores de 35 años, personas con discapacidad, familias numerosas o cualquier operación que se realice sobre una vivienda con un valor inferior a 150.000 euros. También se incluyen aquí 62 millones de euros en deducciones fiscales a agentes inmobiliarios por operaciones de compra para posterior venta. En total, en este impuesto se genera un impacto de 157 millones.

La Consejería de Hacienda incorpora en este cálculo por su impacto sobre economías familiares la bonificación aprobada por la Junta de Andalucía del 99% en el Impuesto de Sucesiones. En total casi 80 millones de euros que el Gobierno autonómico enmarca como política de vivienda.

Al margen de las políticas fiscales, la Junta de Andalucía ha fijado como su principal medida propia el Programa Aval Joven, se trata de una iniciativa por la que el Gobierno andaluz apoya a menores de 35 años (subirá a 40 años en 2025) que estén inmersos en una operación hipotecaria. La medida partía con un presupuesto de 20 millones de euros y hasta octubre de 2024 había alcanzado a 1.200 jóvenes.

De ahí que para el próximo ejercicio, el Gobierno autonómico haya incorporado como una de sus propuestas llamativas en materia de vivienda una segunda edición de este programa que ahora tendrá un presupuesto de 25 millones de euros. Si se mantiene la tendencia de este año sobre los beneficiarios y cuantías esto podría elevar la cifra de jóvenes participantes a los 2.000.

El Gobierno central tiene limitadas competencias en materia de vivienda, al estar transferidas a las comunidades autónomas. No obstante, sí financia programas como los planes de construcción de VPO y pone en marcha sus propios mecanismos que luego gestionan las autonomías. El más ambicioso es el Bono Alquiler Joven, una ayuda mensual de 250 euros para jóvenes inquilinos.

En los últimos dos años Andalucía recibió 70 millones de euros que sumó para hacer una única convocatoria. Más allá de todos los problemas administrativos que se han sucedido y que provocan que aún no hayan recibido sus ayudas todos los beneficiarios, la estimación es que alcance a unos 11.000 jóvenes.

Para el próximo ejercicio, debido a la prórroga presupuestaria, Andalucía recibirá sólo 34,5 millones de euros. De momento, no hay intención de complementarlos con recursos propios por lo que si se mantienen las bases, la población beneficiaria se verá reducida a la mitad respecto a la anterior convocatoria.

Gobierno y Junta colaboran además en el programa de ayudas al alquiler para víctimas de violencia de género, personas objeto de un desahucio de su vivienda habitual, sin hogar o en situación de vulnerabilidad. La convocatoria de 2024 de este programa ascendió a 17,4 millones de euros en Andalucía de los cuales 15 millones los aporta el presupuesto autonómico.