La asesoría jurídica del SAS avaló los contratos de emergencia que el PSOE ha llevado al juzgado

El referido expediente es el que el grupo parlamentario socialista ha llevado al juzgado de instrucción por considerar que sus prórrogas fueron presuntamente ilegales al haber decaído el estado de emergencia en el que se justificó, denuncia que investiga la Fiscalía Anticorrupción.

El expediente 110, de 20 de enero de 2021, formaliza un acuerdo para la declaración de emergencia de un gasto por contratación directa de hasta 70 millones de euros en concertación de servicios sanitarios en plena crisis del Covid-19, dada la situación de sobrecarga de los servicios sanitarios. Su vigencia finalizaba el 31 de diciembre de 2021. Este mismo expediente, que incluyó la contratación de operaciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas, estancias y servicios específicos provinciales, se prorrogó en cuatro ocasiones con fecha tope 17 de mayo de 2023, elevando su cuantía progresivamente hasta los 242 millones, «ya que –exponía el SAS– las nuevas previsiones, conforme a la evolución de la asistencia no se adecuaban al presupuesto inicial».

El PSOE considera que se cometió un abuso en la utilización del procedimiento excepcional, amparado por la normativa del Gobierno que permitió cambios en la Ley de Contratos del Sector Púbico durante la pandemia. La denuncia, que se dirige inicialmente contra los exdirectores gerentes del SAS, Miguel Ángel Guzmán y Diego Agustín Vargas, considera que utilizaron «espuriamente» el procedimiento de emergencia, como una «patente de corso para contratar a dedo» sin control previo de la Intervención ni el conocimiento del Consejo de Gobierno, «laminando la libre competencia entre las empresas» y generando un coste añadido que estima en un 10 por ciento del que tendrían los servicios de haber sido contratados por otras modalidades de urgencia.

El PSOE pone en duda todos los contratos aun cuando admite en su propia denuncia que el primer expediente del 20 de enero de 2021 era «razonable» por la situación de colapso del sistema sanitario, por lo que pone toda la carga de su denuncia en las sucesivas prórrogas, que se tramitaron con fecha 30 de diciembre de 2021, 21 de junio de 2022, agosto de 2022 y 31 de diciembre de 2022, fecha en la que culmina la sucesión de prórrogas y adendas que amplió la contratación de servicios hasta el 17 de mayo de 2023.

El Parlamento andaluz había aprobado el 23 de marzo de 2022 el fin de este modelo de contratación. No obstante, fue el 14 de marzo de 2023 cuando el portavoz del Gobierno andaluz entonces, Ramón Fernández Pacheco, anunció que Andalucía paralizaba el modelo de contratación de emergencia y regresaba al sistema ordinario de publicidad y concurrencia de las adjudicaciones del SAS, una práctica que para la administración en general recomendó parar la propia Dirección General de Contratación de la Consejería de Hacienda en junio de 2021.

El SAS justificó mantener el modelo de emergencia con prórrogas al primer expediente en la «excepcional situación» provocada por el Covid, la necesaria continuidad de la prestación de servicios «por interés general», dada la «sobrecarga en la red», y porque «las perspectivas de mercado no aseguraban la prestación que pudieran ofrecer los distintos proveedores», ni eran «factibles» los procedimientos de contratación normalizada habituales y porque este tipo de adquisiciones «se realizan de modo progresivo». Debido a la pandemia, el SAS mantuvo el carácter de emergencia del procedimiento «para satisfacer nuevas necesidades y dar continuidad a las existentes ampliándolas respecto a contratos suscritos en los años 2015 y 2016».

Así consta en las dos solicitudes que realizó a sus servicios jurídicos para comprobar la viabilidad de las renovaciones del expediente 110/2021, cuyos informes, a los que ha tenido acceso ABC, fueron favorables.

La asesoría jurídica del SAS avaló el 28 de diciembre de 2021 que el expediente de contratación era susceptible de prórroga en virtud del artículo 29.4 de la Ley de Contratos de Servicios Públicos, que la admite cuando la nueva licitación se haya publicado al menos con 3 meses de antelación con respecto a la finalización de la duración del contrato que se está ejecutando, se hayan producido acontecimientos imprevisibles que hayan impedido que se hubiese adjudicado un nuevo contrato a tiempo y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación.

El informe, advertía de que la «figura excepcional» no era una prórroga tácita del contrato sino un supuesto de rehabilitación o mantenimiento 'ex lege' de los efectos del contrato ya extinguido hasta que se formalice la nueva licitación, de modo que no se cause perjuicio para el interés público», y facultaba la prórroga de nueve meses prevista por la ley.

Esto dio cobertura a las prórrogas de 30 de diciembre de 2021 y 21 de junio de 2022, ambas con fecha de finalización el 30 de septiembre de 2022.

La denuncia del PSOE hace referencia a este informe, como el único de este tipo al que ha tenido acceso, y presupone que las conclusiones de los asesores jurídicos es la que es porque «se les habían suministrado premisas falsas a fin de obtener un informe pseudo-favorable».

Sin embargo, el informe sobre la viabilidad jurídica de la prórroga es posterior a la instrucción de la Consejería de Hacienda que planteaba el fin del modelo de emergencia, citada anteriormente, extremo que no impidió a los juristas admitir la legalidad de la prórroga solicitada por la Gerencia de SAS.

Es más, antes de la finalización de esta prórroga, el SAS solicitó de nuevo a su asesoría jurídica otro informe para sondear la posibilidad de ampliar la contratación de emergencia de servicio de asistencia sanitaria complementaria, «durante la licitación y hasta la adjudicación de nuevos contratos», más allá del 30 de septiembre de 2022.

La asesoría jurídica fue aún más clara en su informe del 11 de agosto de 2022 y avaló por otros nueve meses (hasta marzo de 2023) las prórrogas. Considera este segundo informe que «existen evidentes razones de interés general» y que resulta «razonable y proporcionada» la ampliación prevista en la Ley, «sin que pueda observarse que con la misma se contravengan los principios básicos y esenciales de la contratación pública como son la publicidad, la concurrencia, la igualdad y la no discriminación».

La Junta de Andalucía considera que la denuncia del grupo parlamentario socialista, encabezada por Juan Espadas, es «un intento de «montar un escándalo para confundir a la población andaluza», según expresó en el Parlamento la consejera de Salud, Rocío Hernández. Desde el Gobierno andaluz consideran que no hay recorrido por la vía penal en torno a las dudas sobre esa tramitación de los contratos de emergencia.

Hasta la presentación de la denuncia en el juzgado, el pasado 20 de junio, el PSOE había planteado el asunto como un gran escándalo que llegó a comparar con el caso ERE. Posteriormente, ha utilizado gruesas acusaciones como la que en septiembre hizo la portavoz Ángeles Férriz, acusando a la Junta de ser «una banda de corrupción sanitaria para beneficiar a sus amigos». El juzgado de Instrucción 13 de Sevilla admitió la demanda el 2 de octubre. Los socialistas utilizaron el anuncio como contrapeso al escándalo que había generado días antes la difusión por ABC de los mensajes captados por la Guardia Civil sobre el enchufismo de familiares y amigos de altos cargos del PSOE andaluz en la Faffe.

Mientras la Junta considera que se va a archivar la causa, en el PSOE estiman que el procedimiento se mantendrá en los juzgados largo tiempo para que sea una referencia en su labor de oposición, centrada en la gestión sanitaria. No en vano han solicitado al juez que reclame a la Junta y remita a la Intervención General del Estado toda la contratación del SAS desde 2015 para su fiscalización. Como antesala, la Fiscalía del Tribunal de la Cámara de Cuentas descartó responsabilidades contables y archivó la investigación abierta por esa institución sobre contratos de emergencia del SAS.