Arcos de la Frontera, una agencia municipal de colocación para cuñados del alcalde y los concejales

Los enchufados eran hijos, hermanos, sobrinos y tíos de los cargos públicos encargados de firmar los contratos, con un singular predominio de los cuñados. Otros solo eran militantes que habían ocupado puestos en la candidatura que presentó Aipro a las elecciones municipales de 2011 pero que no habían resultado elegidos en las urnas.

El delirio empleador de la Casa consistorial alcanzó incluso a los suplentes de la lista, según detalla el fiscal en un escrito de acusación dirigido contra el ya exalcalde, once concejales y el que fuera interventor municipal entre 2002 y 2013.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Arcos de la Frontera, que abrió una investigación en el año 2014 a raíz de la denuncia de un concejal del PSOE, ha dictado un auto de apertura de juicio oral y remitido la causa para su enjuiciamiento a la Audiencia Provincial de Cádiz. En la citada resolución del pasado 13 de julio y remitida recientemente a las partes, a la que ha accedido ABC, el juzgado ordena sentar a todos ellos en el banquillo por un supuesto delito de prevaricación.

A lo largo de toda la legislatura (2011-2015), según expuso el juez en su auto de procesamiento, José Luis Núñez, alcalde de Arcos, y el resto de investigados, «prescindiendo de procedimiento de selección preceptivo y sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad exigidos en al Constitución», realizaron hasta 161 contratos laborales «ilegales», con sus correspondientes prórrogas. En dicho periodo, los acusados estuvieron «concediendo un empleo a quien ellos estimaban conveniente, en algunos casos por exclusivos vínculos familiares o políticos», señala el auto.

Hasta 24 allegados fueron encadenando contratos temporales desde julio de 2011, un mes después de la toma de posesión del regidor, hasta el año 2015, cuando el PSOE le arrebata el bastón de mando en los comicios. El nepotismo se había convertido en una conducta institucionalizada. El gobierno local desoyó a partir de noviembre de 2013 los informes de reparo que empezó a emitir cada mes el interventor accidental de la Corporación local en los que ponía de manifiesto «la ilegalidad de las gratificaciones, productividades y contrataciones del Ayuntamiento de Arcos». La arbitrariedad de las colocaciones contrastaba con la «grave situación económica» que atravesaba el Consistorio, al que se le acumulaban los requerimientos judiciales firmes por impagos de deudas con la Seguridad Social, Agencia Tributaria o préstamos ICO, en una coyuntura especialmente delicada para las administraciones públicas, sometidas a duros ajustes presupuestarios motivados por una crisis financiera que esquilmaba los ingresos municipales.

A cada enchufado le correspondía un padrino. Uno de los que más aparece en las contrataciones irregulares es el del M. P. G., cuñado del exalcalde, que trabajó como oficial de carpintería entre 2012 y 2014. El delegado de Infraestructuras, Sebastián Ruiz Reyes, también acusado, esgrimió «necesidades del servicio y cubrir una necesidad urgente e inaplazable» para pagarle un sueldo. Figura también una sobrina del exregidor como monitora; la hermana del delegado de Turismo Manuel Romero Gallardo como operaria de parques, o el sobrino y la hermana de la edil de Asuntos Sociales, Juana María Morales, el primero, fichado como arquitecto recién acabada la licenciatura y la segunda, como limpiadora.

Además, fueron colocados como peones en la recogida de basura dos tíos del delegado de Medio Ambiente y acusado Francisco Muñoz Díaz; los dos sobrinos de la delegada de Jédula en el Ayuntamiento, Petra Macías, contratados por ella misma en la piscina municipal. Otros agraciados con un puesto fueron un sobrino y una hermana del delegado de Personal Carlos de la Barrera Candón, y otro sobrino del edil de Cultura Domingo Jesús González Gil. Entre las decenas de empleos que se firmaron, cuatro eran cuñados. Aparte del cónyuge de la hermana del alcalde, el cuñadismo afectó a los allegados de los concejales de Personal, de Infraestructuras y de Urbanismo.

Muy pocas de las personas que coparon puestos en la candidatura del partido independiente que gobernaba con el PP, se quedaron sin contratar, incluidos los que figuraban como suplentes.

Tanto el fiscal como el juez, que inició la investigación a raíz de la denuncia de un concejal del PSOE, consideran a Núñez Ordóñez el cerebro de los enchufes. El Ministerio Público solicita para él una pena total de 20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público como presunto autor de dos delitos continuados de prevaricación por acción y por omisión. El resto de sus concejales son considerados cooperadores necesarios y pueden ser inhabilitados entre ocho y doce años, mientras el interventor puede perder su empleo seis años como cómplice por omisión. La acusación particular se dirige contra nueve excargos públicos y excluye al funcionario.