Andalucía tendrá unidades de asesores científicos en apoyo de la Junta y de los grupos del Parlamento

El primer reto es clave para el sector. Al contrario de lo que ocurre en otros territorios y en el resto de Europa, el peso de la I+D+I en Andalucía lo soporta el sector público a través de instituciones y de las universidades. En torno al 63% del total. El resto es lo que aporta el sector privado. Ha crecido en el último año en torno a un 14%, pero sigue siendo insuficiente para revertir la tendencia.

La Ley de Ciencia pretende precisamente cambiar esta tendencia. «Debemos reducir esta diferencia y para ello hacen falta inversiones mixtas, marcos de colaboración público privada, mecenazgo científico y reducciones fiscales para favorecer la iniciativa privada en el ámbito de la investigación», explicó el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, quien destacó además el papel que desempeñarán las unidades de investigación.

En cuanto al arraigo de investigadores, se adoptarán medidas como la puesta en funcionamiento del Sistema Andaluz de Investigación de Excelencia del que formará parte el Instituto Andaluz de Investigación Avanzada, las unidades de investigación competitivas y las unidades de excelencia de la investigación. «Será una entidad pionera diseñada para captar y retener el mejor talento científico nacional e internacional que actuará como puente entre la investigación básica y la aplicada», explicó el consejero.

Junto a estos dos elementos, la Ley de Ciencia pretende cambiar el marco de relación de las instituciones con la ciencia. Para ello, se proponen medidas como una oficina de ciencia, innovación y tecnología que emita informes científicos sobre las decisiones que se adopten en el Parlamento, un consejo asesor con expertos que apoye a la Junta de Andalucía y una comisión de la integridad científica en Andalucía. Se trata, en palabras de Villamandos, de generar un «nuevo sistema de gobernanza».

Todo esto no obstante se plantea sin un compromiso específico de financiación, reorganizando recursos existentes y con un plazo para su aprobación que depende de una tramitación parlamentaria que arranca en estos momentos sin posibilidades de consenso. A la reunión convocada por el gobierno sólo se presentó Vox. El objetivo es que esté aprobado en 2026.