Andalucía es la tercera comunidad que menos gasta en conciertos de sanidad de España
Por Andalucía acusa a la Junta de abrir la puerta a la privarización de la Atención Primaria
Salud niega que privatice la Primaria y asegura que solo ha actualizado una orden del PSOE de 1998
La Consejería de Salud y Consumo gasta 63,5 euros al año por habitante en concertar servicios de salud. Se trata de la tercera cantidad más baja de toda España y muy lejos de la media nacional, que está en 123 euros. Más aún cuando se compara con las zonas donde más se recurre a la sanidad privada para dar servicio a los ciudadanos cuando no llega la pública.
Así, según un informe de Idis, el Instituto para el desarrollo y la integración de la sanidad, de la patronal del sector de la Medicina privada, es Cataluña la comunidad donde más se deriva a los pacientes a la sanidad de pago. Allí se gastan cada año 610 euros por habitante. Le siguen las Baleares (171,8 euros por persona) y Madrid (132 euros). En la cola opuesta, quienes menos recurren a esos servicios privados, están los gobiernos de La Rioja (34,4 euros); Cantabria (44,8 euros) y Andalucía (63,5).
El mayor gasto de este tipo en el que incurre la Junta -casi 243 millones de euros-es en derivaciones no especificadas, señala el informe. Salud gastó además 154 millones en transporte sanitario con empresas privadas sanitarias y 33 millones en terapias respiratorias. El gasto es de algo más de diez millones de euros en el caso de los procedimientos quirúrgicos y de un millón en «otros procedimientos diagnósticos y terapéuticos». La inversión menor en concertación se da en rehabilitación y fisioterapia, donde el Gobierno andaluz gastó casi 300.000 en 2020, último año con datos cerrados sobre esta cuestión.
Este dato se conoce justo cuando la coalición de izquierdas Por Andalucía -Izquierda Unida, Podemos, Más País- señalaron este lunes que el Gobierno andaluz está elaborando una normativa que abriría la puerta a la privatización de la Atención Primaria en la comunidad.
Señalaba la líder de la coalición de izquierdas, Inma Nieto, que el documento al que han tenido acceso detalla los precios que habría que pagar a la sanidad privada en el área de Atención Primaria si se solicitasen sus servicios. Es decir, si se privatizasen o externalizasen. Además, la norma recoge la opción de que esos actos médicos -desde consultas de Primaria por 65 euros a consultas de alta resolución por 215- se realicen también en los centros públicos.
Desde Por Andalucía explican que esa opción les parece especialmente preocupante porque supone, desde su punto de vista, la oportunidad para llenar con personal sanitario de empresas privadas centros nuevos como el hospital Militar de Sevilla. Temen, en el fondo, que el modelo de gestión sea el del Zendal de Madrid.
El Gobierno andaluz, sin embargo, señala de «rotundamente falsa» la acusación de Por Andalucía. La nueva norma, subrayan, solo actualiza una del PSOE de hace 25 años. Insisten además en que la normativa está prevista para casos de extrema necesidad como catástrofes y que, ni siquiera durante la pandemia del Covid se ha aplicado.
Así, el nuevo proyecto «mejora al derogado de 1998», explican y, además, «aporta otros beneficios como un marco económico máximo fijo para todos los procedimientos que se pudieran concertar en Andalucía». Añaden las mismas fuentes que lo que pretende la normativa en elaboración -aún no aprobada, añaden- es «prever y normativizar las tarifas de concertación de todos los procedimientos». Por último, desde el departamento de Catalina García recuerdan que hay otras comunidades como Extremadura, Castilla la Mancha o Valencia que también tienen normativas parecidas.
La izquierda, mientras, insisten en pedir explicaciones. De hecho, el grupo parlamentario que dirige Inma Nieto solicitó ayer la comparecencia de la consejera de Salud tras conocerse el proyecto de orden con el que, argumentan, la Junta «abre la puerta a privatizar las consultas de Atención Primaria y el uso de las instalaciones del SAS por parte de empresas privadas».
«No todo vale»
«En campaña no todo vale», advirtió ayer la titular de Salud este lunes. La consejera ha afeado a Por Andalucía que «lance mensajes que puedan llevar a error a la población». Eso «es peligroso», indicó. García insistió en que «lo que hace la Junta es modificar una orden de tarifas del año 98» y en que «el Gobierno andaluz no va a privatizar nada».
De hecho, subrayó, en Andalucía hay ahora mismo un mayor presupuesto en la Sanidad pública que en 2018, cuando el PP llegó a la Junta. También hay, añadió, «más médicos, hospitales y centros de salud».
Inma Nieto, líder de Por Andalucía, respondió que «la privatización de la Atención Primaria y el uso de hospitales públicos por parte de empresas privadas es algo inédito en Andalucía». La portavoz de la coalición de izquierdas insistió en que van a pedir al Gobierno andaluz «que rectifiquen en su intención de privatizar la Atención Primaria».
Sobre el asunto se pronunció también el líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, quien pidió al presidente andaluz, Juanma Moreno, que «explique» si plantea «un cambio de modelo y una privatización clara de la atención primaria» de la sanidad andaluza. Así, el secretario general de los socialistas andaluces señaló que su partido planteó tras el verano, el pasado mes de septiembre, «una propuesta de choque, de incremento de recursos presupuestarios a la atención primaria, porque veíamos lo que estaba pasando y el nivel de descontento de la ciudadanía, sobre todo por los retrasos a la hora de pedir cita con tu médico de atención primaria», algo que «no ha mejorado», según advirtió el socialista.
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