Andalucía reduce trámites para instalar parques fotovoltaicos, obradores, centros deportivos o gaseoductos

La modificación no parte de cero. Ya se ha revisado este documento en repetidas ocasiones, la última este pasado mes de febrero en el marco del decreto de simplificación que ya alteró 43 artículos, tres disposiciones y los tres anexos de esta Ley de 2007 creando entre otras cuestiones una figura legal: la Autorización Ambiental Integrada Simplificada.

Sin embargo, quedaba pendiente elaborar una nueva norma que ordenara el mapa jurídico autonómico y que además sirviera de base para todos los ayuntamientos cuyas ordenanzas que regulan las concesiones de licencias y permisos para el desarrollo de proyectos dependen de esta normativa autonómica. Tras adaptarse en los últimos meses al decreto de simplificación, ahora deberán completar su adecuación con esta nueva vuelta de tuerca legislativa.

La normativa modifica el funcionamiento actual de las calificaciones ambientales, permisos que otorgan los ayuntamientos para actividades como talleres, almacenes, discotecas, clínicas o gimnasios. En general para cualquier actividad pueda tener una afección sobre su entorno. Se sustituirá a partir de ahora por la licencia ambiental, integrando así distintos ámbitos, medida que ya algunos ayuntamientos habían acometido en la práctica pero que ahora se consolida y se generaliza. Estas actividades sujetas a licencia se deberán aprobar o denegar en un plazo de tres meses.

Esta calificación se puede conceder como una licencia (con una autorización efectiva de la administración) o a través de la Declaración Responsable, dando el titular del negocio las garantías suficientes de que se cumple con la normativa. La nueva da un nuevo giro al reparto y establece otras 32 actividades más que pasarán a autorizarse mediante esta vía. Se podrán acoger a esta posibilidad y por tanto obtener los permisos de forma mucho más rápida . Proyectos como Estaciones de Tratamiento y depuración de Aguas Residuales que abarquen una población superior a 2.000 personas; complejos deportivos y establecimientos de espectáculos deportivos; fábricas de vinos y licores y panaderías, obradores de confitería y pastelería. De hecho, se refuerza esta figura con la incorporación de la responsabilidad ambiental por la que el titular del negocio garantiza haber realizado el análisis de riesgos ambientales de su actividad y haber constituido la garantía financiera correspondiente.

Dentro de ese listado de actividades económicas se introduce otra modificación. Un total de 49 pasan a requerir una Autorización Ambiental Unificada Simplificada por lo que los permisos los pasará a conceder de forma completa Junta de Andalucía a través de un modelo reducido que tiene un plazo máximo para su aprobación de cinco meses de acuerdo con las modificaciones aprobadas en el decreto de simplificación del pasado mes de febrero. Dejarán por tanto de tener también que obtener la calificación ambiental municipal.

Esta nueva simplificación afecta, entre otros, a oleoductos y gaseoductos de longitud menor o igual a 10 kilómetros; instalaciones de gestión de residuos como los puntos limpios; instalaciones para la fabricación de cemento o clinker o instalaciones para la producción de energía solar salvo las que se ubiquen en cubiertas o tejados de edificios que seguirán dependiendo de los ayuntamientos.

Para los grandes proyectos con mayor afección ambiental que no se vieron beneficiados por el decreto de simplificación aprobado el pasado mes de febrero, en torno a 400 según los cálculos de la Consejería, la Junta de Andalucía aprueba una reducción de los plazos de las autorizaciones ambientales unificadas que pasan a ser de seis meses (dos menos de los que hay en estos momentos).

Esta nueva Ley de Gestión Ambiental fue una encomienda a la Consejería de Sostenibilidad del pasado mes de enero con el objetivo de favorecer una gestión más eficiente y ágil de los expedientes, en el menor tiempo posible, aunque «salvaguardando en todo momento el cumplimiento de la normativa ambiental».

Además de la simplificación administrativa, la nueva norma crea el nuevo Consejo Asesor de Medio Ambiente de Andalucía y refuerza a las entidades colaboradoras de la Consejería en Medio Ambiente que podrán «desempeñar funciones de asistencia a la administración en materia de vigilancia, control e inspección ambiental». Esto afecta a personas jurídicas y físicas, entidades e instituciones que están ya inscritas en el registro autonómico y pueden por tanto colaborar con la Administración en las funciones que le sean asignadas.

La nueva normativa, además, establece una nueva regulación del régimen sancionador al incorporar la figura de la prestación ambiental sustitutoria en contraprestación a la multa económica ante cualquier infracción de carácter ambiental

«El objetivo es modernizar, simplificar y garantizar una administración ambiental más eficiente, ágil y segura fortaleciendo los principios de sostenibilidad , eficiencia y corresponsabilidad», explicó la consejera de Sostenibilidad, Catalina García.

Esta medida, al igual que otras acometidas durante esta legislatura, formaba parte del pacto de medidas sociales y económicas suscrito a modo de concertación social entre el Gobierno andaluz, CCOO, UGT y la Confederación de Empresarios de Andalucía en marzo de 2023. Tras su aprobación en el Consejo de Gobierno inicia un proceso de exposición pública y participación. Precisamente en esta línea de favorecer el acceso a la información, la norma crea un registro d personas interesadas en procesos de evaluación que podrán acceder a los expedientes.