Andalucía recibe 122 menores inmigrantes más este mes y suma un año con sus centros saturados

Esta situación llega al límite cuando se produce una escalada en la llegada de menores inmigrantes de forma irregular. Y eso ha ocurrido el último mes con 122 menores más: han llegado 73 en pateras (principalmente desde Almería), 12 debajo de camiones, 12 como polizones de barcos, 18 por vías desconocidas y 7 procedentes de traslados desde Canarias de personas mayores de edad. Al llegar, tras la denuncia de asociaciones, la Fiscalía ha decretado que no eran adultos y que tenían menos de 18 años.

«El sistema que tenemos es el adecuado para dar respuesta a los menores que llegan a nuestro territorio de forma irregular. El problema es que desde hace un año han empezado a llegar menores procedentes de Canarias dentro de grupos de adultos», explica el director de políticas migratorias, Jesús Toronjo. Según sus datos, desde que esta situación (que el Gobierno de España niega) se empezó a producir hace aproximadamente un año, han llegado de esta forma 559 menores cuya edad menor de 18 años fue ratificada por parte de la Fiscalía. Desde ese momento pasaron a depender de los Servicios Sociales autonómicos.

La realidad, de acuerdo con todos los datos, es que la situación de saturación de los centros de menores no se corresponde con las llegadas a las costas autonómicas. Los últimos datos del Ministerio, actualizados el 30 de noviembre, recogen que han llegado durante este año 5.332 inmigrantes de forma irregular, lo que supone un descenso del 39% respecto a la misma fecha del año pasado. La tendencia, por tanto, se mantiene durante todo el año. La mayor parte de estas personas, no obstante, han llegado a través de la provincia de Almería, un total de 3.771 personas. Le siguen Cádiz con 820 y Granada con 664.

Estos informes corroboran que la crisis migratoria de este año en España se ha centrado principalmente en las Islas Canarias y en Ceuta y Melilla (en estos dos últimos casos no en términos cuantitativos pero sí en relación con el tamaño de las ciudades). Y que en cuanto a la península se ha repartido más que otras veces evitando que Andalucía sufriera en esta ocasión una crisis migratoria como la de 2018.

De ahí que en los últimos meses todo el debate en torno a la inmigración irregular y especialmente sobre la situación de los menores llegados a España, se haya centrado en las Islas Canarias y las ciudades autónomas. El último acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y las comunidades del PP, el pasado verano, se centró precisamente en facilitar la salida de menores que se encontraban sin plazas suficientes. El reparto se realizó y a Andalucía le volvieron a corresponder 30 menores de Ceuta que se encuentran ya todos acogidos.

No obstante desde la Junta de Andalucía insisten en que el pacto se ha cumplido solo parcialmente. Según la Consejería aunque todas las acogidas se han realizado, la Junta no ha recibido la financiación estatal comprometida de 1,6 millones de euros. Esta situación la volvió a denunciar la Consejería en la reunión sectorial telemática del pasado miércoles entre las comunidades y el Gobierno.

Desde el Ministerio confirmaron que los pagos no se habían producido aunque sí incidieron en que se están tramitando. «La financiación disponible para el acogimiento dentro del mecanismo voluntario no recibió el apoyo de las comunidades autónomas hasta la Conferencia Sectorial celebrada el pasado 1 de octubre, lo que es condición necesaria para su desembolso. Ahora, el trámite está en proceso y se espera que se ejecute en las próximas semanas», apuntaron.

En total, la Junta de Andalucía ha acogido este año a 30 menores procedentes de Ceuta. Pese a que hubo un intento de estudiar opciones jurídicas para ampliar la vía de colaboración con Ceuta a través de un modelo mixto por el que la tutela fuera de la ciudad autónoma aunque se ejerciera en Andalucía, esta opción se tuvo que frenar por falta de seguridad jurídica.

Con este escenario afronta Andalucía unos días claves para consolidar un modelo que haga frente a la situación de los menores que llegan de forma irregular a España. El pasado jueves el Gobierno, el PP y el Ejecutivo canario fracasaron en su intento de llegar a un acuerdo para la reforma de la Ley de Extranjería. La próxima semana volverá a estar encima de la mesa al ser uno de los temas pactados para estar en el orden del día de la Conferencia de Presidentes.

Ante este debate, la Junta defiende que la reforma de la Ley de Extranjería debe incorporar también a Andalucía en los mismos términos que a Canarias (financiación extra y garantía de apoyo en caso de saturación de sus centros) y reivindica un marco de financiación estable. Sólo si es así dará el paso de ampliar sus 645 plazas para poder acoger a más menores de otras comunidades.