Andalucía promueve una nueva reducción de plazos y trámites para la apertura de negocios

La Ley de Gestión Ambiental es el marco normativo básico del que dependen los ayuntamientos en sus ordenanzas que regulan las concesiones de licencias y permisos para el desarrollo de proyectos y regula al mismo tiempo los trámites de proyectos empresariales de mayor envergadura cuyos expedientes deben pasar por organismos de la Junta de Andalucía. La aprobación de este documento, por tanto, supone en la práctica un nuevo plan de simplificación y agilización administrativa al que luego deben adaptarse los ayuntamientos.

La normativa modifica el funcionamiento actual de las calificaciones ambientales, permisos que otorgan los ayuntamientos para actividades como talleres, almacenes, discotecas, clínicas o gimnasios. En general para cualquier actividad pueda tener una afección sobre su entorno. Se sustituirá a partir de ahora por la licencia ambiental, integrando así distintos ámbitos, medida que ya algunos ayuntamientos habían acometido en la práctica pero que ahora se consolida y se generaliza.

Esta calificación se puede conceder como una licencia (con una autorización efectiva de la administración) o a través de la Declaración Responsable, dando el titular del negocio las garantías suficientes de que se cumple con la normativa. La nueva da un nuevo giro al reparto y establece otras 32 actividades más que pasarán a autorizarse mediante una Declaración Responsable. De hecho, se refuerza esta figura con la incorporación de la responsabilidad ambiental por la que el titular del negocio garantiza haber realizado el análisis de riesgos ambientales de su actividad y haber constituido la garantía financiera. Para el resto de actividades, las sujetas a licencia, el plazo máximo que se concede es de tres meses.

Dentro de ese listado de actividades económicas se introduce otra modificación. Un total de 49 pasan a requerir una Autorización Ambiental Unificada Simplificada por lo que los permisos los pasará a conceder al Junta de Andalucía a través de un modelo reducido que tiene un plazo máximo para su aprobación de cinco meses de acuerdo con las modificaciones aprobadas en el decreto de simplificación del pasado mes de febrero.

Para los grandes proyectos con mayor afección ambiental que no se vieron beneficiados por el decreto de simplificación aprobado el pasado mes de febrero, en torno a 400 según los cálculos de la Consejería, la Junta de Andalucía aprueba una reducción de los plazos de las autorizaciones ambientales unificadas que pasan a ser de seis meses (dos menos de los que hay en estos momentos).

La nueva normativa, además, establece una nueva regulación del régimen sancionador al incorporar la figura de la prestación ambiental sustitutoria en contraprestación a la multa económica ante cualquier infracción.

«El objetivo es modernizar, simplificar y garantizar una administración ambiental más eficiente, ágil y segura fortaleciendo los principios de sostenibilidad , eficiencia y corresponsabilidad», explicó la consejera de Sostenibilidad, Catalina García.

Esta medida, al igual que otras acometidas durante esta legislatura, formaba parte del pacto de medidas sociales y económicas suscrito a modo de concertación social entre el Gobierno andaluz, CCOO, UGT y la Confederación de Empresarios de Andalucía en marzo de 2023. Tras su aprobación en el Consejo de Gobierno inicia un proceso de exposición pública y participación.