Andalucía presume de «estabilidad» al aprobar su mayor presupuesto pero avisa de «la asfixia por una financiación insostenible»
La Junta presenta su mayor presupuesto histórico, con 2.000 millones más que en 2024, con un discurso centrado en los ámbitos de gestión más discutidos: la sanidad, la educación, la dependencia y la vivienda
La Junta de Andalucía prioriza sanidad, educación y dependencia y les dedica 28.000 millones, 1.750 más que este año
El Gobierno andaluz avanza en un escenario político que es casi una anomalía a nivel nacional. Con un Gobierno central sin mayoría para aprobar sus cuentas y varios gobiernos regionales (como Castilla León, Valencia o Extremadura) y ayuntamientos con acuerdos rotos e inestables, apenas unas pocas regiones tienen el privilegio de poder presentar sus cuentas, sin hipotecas y sin cesiones, con la certeza de que serán aprobadas por su mayoría absoluta. Andalucía es una de ellas.
De ahí que la «estabilidad» sea uno de los ejes de la consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno, Carolina España, a la hora de presentar sus cuentas en el Parlamento andaluz para someterlas a las tres enmiendas a la totalidad registradas por parte del PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía. Las cuentas se van a aprobar tal y como las ha diseñado Hacienda, entrarán en vigor en tiempo y forma, y sin problemas de saneamiento o ingresos, con un diseño de equilibrio presupuestario y en paralelo a un marco de crecimiento económico sostenido de Andalucía, al igual que del resto de España.
«Cumplimos con los andaluces, aportamos seguridad, blindamos los servicios públicos y trasladamos credibilidad porque son unas cuentas en las que prima la gestión y la eficacia», resumió Carolina España en su defensa de las cuentas, en la que destacó que la aprobación de los presupuestos cada año a un ritmo que en otros periodos era el habitual contribuye de forma decisiva al crecimiento económico y a la reducción de desigualdades.
En total, el Gobierno andaluz contará en 2025 con 48.836 millones de euros , lo que supone un crecimiento del 4,4%, unos 2.065 millones de euros. Como señaló la consejera en su intervención es un presupuesto de gestión y de ahí que mantiene la misma base de presupuestos anteriores y destina los recursos económicos incorporados a raíz de un aumento de los ingresos propios y de las transferencias del sistema de financiación estatal a las áreas donde necesita reforzar la gestión: la sanidad, la educación, la dependencia y la vivienda.
El 63% del presupuesto, 30.903 millones de euros, se dedica a lo que se califica como gasto social. El porcentaje sube respecto a años anteriores porque en estos ámbitos se han centrado prácticamente toda la financiación extra con la que cuenta el Gobierno autonómico para 2025. «Es el mayor esfuerzo inversor de la historia en educación, sanidad, dependencia (...) Este es un presupuesto diseñado para reducir la brecha social», detalló la consejera, quien detalló los «esfuerzos» que se realizan en todas estas áreas al igual que en la vivienda. Dejó claro Carolina España que son temas que «preocupan» a los andaluces y también al Gobierno andaluz y que requieren por tanto de más medidas y un mayor volumen de gasto.
La mayor partida se destina a la sanidad pública que concentra uno de cada tres euros de gasto al alcanzar los 15.247 millones de euros que permiten reforzar la plantilla, aumentar el gasto en conciertos sanitarios con clínicas privadas e incorporar nuevas inversiones como la UCI del Hospital de Puerto Real o en edificio de consultas externas del Materno Infantil de Córdoba. «Este gobierno le tiene tomado el pulso a la calle, sabemos dónde invertir para mejorar y que el ciudadano vea satisfechas sus demandas», apuntó la consejera.
Le sigue el gasto en educación, con 9.167 millones de euros, lo que representa en torno al 5% del PIB, una cifra que permitirá implementar medidas como la gratuidad en las guarderías en el ciclo de dos años o el último pago del compromiso de subida salarial a la plantilla del profesorado.
El tercer eje es la dependencia, que acumula las mayores listas de espera de España. «Es un asunto que nos preocupa, un asunto de mucho calado social al que no les damos la espalda», apuntó la consejera, quien subrayó que en 2025 habrá una cifra récord para esta prestación de dependencia superior a los 2.000 millones de euros.
Por último, el tema que provocó las últimas protestas ciudadanas especialmente en Sevilla, Málaga y Cádiz: la vivienda. Entre deducciones fiscales, inversiones y gastos corrientes se alcanzan los 800 millones de euros para estas políticas. «Se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los españoles y un problema que afecta a todos los territorios del país. Somos muy conscientes de ello y por eso se ha fijado como una prioridad», destacó España.
Falta de financiación
Pero pese a presentar para su aprobación un presupuesto récord para Andalucía, la Junta describe un escenario económico «insostenible y de asfixia». El motivo, es el modelo de financiación autonómico existente y ese déficit reconocido por organismos independientes como Fedea de 1.500 millones de euros cada año. Es cierto, que cada ejercicio la Junta recibe más dinero del Estado pero también lo es como apunta el Gobierno andaluz que el reparto de los fondos sigue sin ser acorde con la población y las necesidades de Andalucía.
«Desde 2009 Andalucía ha perdido más de 15.000 millones si se aplica un criterio de población ajustada y serían 20.000 millones si se usa la población de derecho existente. Nos quitan cada año 1.522 millones. Es una situación insostenible y asfixiante que tiene que resolver sin más demora el Gobierno de España de forma multilateral, sin singularidades ni cupos ni concesiones», apuntó la consejera quien señaló expresamente a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Al margen de esos 1500 millones de financiación, la Junta de Andalucía reclama también un mayor esfuerzo del Gobierno central en la financiación de la dependencia. Los recursos estatales para esta prestación están en un nivel récord en estos momentos pero sigue sin alcanzar el 50% que prevé la Ley de Dependencia, índice que por otra parte no se alcanza en ninguna autonomía.
Ese enfoque de la financiación estatal y del papel del Gobierno central es uno de los ejes de la confrontación entre gobierno y oposición en torno a los presupuestos. Los grupos de la izquierda parlamentaria inciden en que las cuentas crecen porque así lo hace el sistema de financiación estatal y pese a las rebajas fiscales. El gobierno andaluz apunta que los recursos propios crecen y que hay más recaudación fiscal lo que permite sostener los servicios públicos pese a la falta de una revisión del sistema de financiación estatal por parte del Gobierno de España.
En cualquier caso, el Gobierno andaluz mantiene su relato en torno a la «vía andaluza». Aunque sólo Vox ha evitado presentar una enmienda a la totalidad, el Gobierno incide en tender la mano a los grupos y abrir la puerta al «diálogo» con la oposición para incorporar enmiendas puntuales al texto. Pero eso sí con la tranquilidad de que su mayoría absoluta garantiza que la estructura de las cuentas es la que ha definido el gobierno y que no habrá que negociar medidas que al Ejecutivo de Juanma Moreno no le interese por uno u otro motivo introducir.
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