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Andalucía mantiene su rechazo a aplicar la Ley de Vivienda y tacha de «chantaje» que se limite la financiación estatal

La consejera Rocío Díaz responde a las advertencias de la ministra Isabel Rodríguez a las comunidades que no declaren zonas tensionadas de alquiler

El Gobierno reta a las comunidades y amenaza con retirar financiación si no cumplen la ley de Vivienda

La consejera de Vivienda, Rocío Díaz abc
Javier Alonso

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La Junta de Andalucía mantiene una posición firme de rechazo a declarar zonas de alquiler tensionado y a intervenir en consecuencia en los precios de alquiler de viviendas cuando se disparen los precios. Para el Gobierno autonómico esta posibilidad que establece la Ley Estatal de Vivienda supone «no funciona y puede provocar subidas de precios y una reducción de la oferta».

Esta posición la comparten todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Y, de hecho, la ley estatal sólo la ha aplicado el Gobierno de Cataluña. Por este motivo, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha advertido, en unas declaraciones a TVE, que se está estudiando limitar la financiación estatal a los planes autonómicos de vivienda a aquellas comunidades que no apliquen la norma.

Esta advertencia ha sido respondida con contundencia por parte de la consejera de Fomento, Vivienda y Articulación del Territorio, Rocío Díaz: «Las manifestaciones de la ministra son inaceptables y la prueba más clara del afán intervencionista del Gobierno de Pedro Sánchez. Es un chantaje a las comunidades autónomas para que nos sumemos a su propuesta intervencionista de la Ley de Vivienda».

La Consejería, que tiene en trámite parlamentario su proyecto de ley andaluza de Vivienda, mantiene así firme su decisión de no aplicar las declaraciones de zonas tensionadas, una posibilidad que regula la ley estatal pero que depende de la voluntad de las comunidades autónomas: «Andalucía aplica las leyes aprobadas, como no puede ser de otra manera, pero no se va a plegar ante medidas que no son de obligatorio cumplimiento como las zonas tensionadas o la limitación de los precios del alquiler por muchas amenazas que recibamos. Esas partidas se la han ganado las comunidades autónomas por asumir la gestión de una competencia tan sentible como es la vivienda».

Rocío Díaz, que ya presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley estatal de vivienda, que sólo fue aceptado parcialmente en lo referente a la regulación de las viviendas protegidas, mantiene que la entrada en vigor de la ley, aunque en Andalucía no se haya llegado a aplicar, ya ha tenido efectos sobre el mercado: «Estas políticas no funcionan y causan el efecto contrario al deseado: dispara los precios, retrae la oferta y desprotege al propietario».

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