Andalucía firma el acuerdo para el Impulso de la Participación Institucional tras años de trabajo por el diálogo social

El acto ha tenido lugar en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, a partir de las 11:30 horas, y ha contado con la participación del presidente de la CEA, Javier González de Lara; la secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López, y el secretario general UGT Andalucía, Oskar Martín.

En su intervención, el presidente andaluz ha alabado «la determinación y firmeza» de los tres agentes socioeconómicos firmantes. «Hoy damos el paso decisivo para elevar el diálogo social a su máxima categoría. Y no existe mayor categoría que es el mayor rango posible, el rango de ser ley», ha explicado.

Tras señalar la discrepancias que «siempre se dan» entre las partes, el presidente ha valorado que las centrales sindicales «siempre estén dispuestas a hablar y a avanzar» y ahora, ha enfatizado, «ha llegado el momento de pasar de nivel».

«Queremos darle al diálogo social el lugar central que le corresponde, institucionalizando su valor», ha asegurado para mostrarse «convencido» de que la Proposición de Ley se sustanciará en el Parlamento andaluz y contará con el apoyo de «la mayoría» de los grupos parlamentarios. «Intentemos sacarlo con el mayor consenso posible porque, sin duda alguna, será bueno para Andalucía», ha sugerido.

El jefe del Ejecutivo andaluz ha destacado la figura del consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, por su «empeño» para sacar adelante este proyecto de ley y ha señalado que el propio Tribunal Constitucional (TC) tiene doctrina «aclarando y acotando el nivel de representatividad de las organizaciones sindicales y empresariales».

«La Ley de diálogo social aumenta sensible y considerablemente el nivel de compromiso y decisión de los agentes sociales y económicos más representativos en la propia acción de gobierno. Se le darán a conocer, antes de su aprobación, los anteproyectos de ley relacionados con las materias que son de su correspondencia, serán consultados en las iniciativas legislativas de todos y cada uno de los ámbitos en los que ellos participan, podrán proponer directrices o líneas generales de actuación y participar también en su propia elaboración», ha detallado.

De igual manera, los agentes socioeconómicos realizarán el seguimiento y evaluación de los órganos y planes en los que participen y «todo ello desde el espíritu crítico, constructivo y leal».

Moreno ha reconocido que desde 2020 se viene hablando «mucho de esta ley», pero ha destacado la forma de gobernar de este Ejecutivo para avanzar en este asunto. Al hilo de esto, ha señalado que esta fórmula debería de exportarse al resto de España respetando al adversario, empatizando con el adversario y llegando a acuerdos. «Los andaluces pueden estar orgullosos de saber que, por encima de las diferencias y discrepancias, cuando esta tierra nos necesita, cuando los andaluces nos necesitan, ahí estamos todos a una, echando las horas que haga falta para responder a los desafíos que se nos han ido presentando», ha resaltado.

Por su parte, el secretario general de UGT-A, Oskar Martín, ha destacado la importancia de contar con un diálogo social y una concertación «robusta y efectiva». Tras señalar el «enorme trabajo» hasta llegar a este acto, ha subrayado que esta futura ley «no sólo es un paso adelante en el cumplimiento de compromisos históricos sino que también es una demostración manifiesta de nuestra capacidad para construir una sociedad más justa y democrática».

Martín ha apuntado que esta normativa supone el desarrollo de un mandato estatutario y ha detallado que también está reconocido en la Constitución Española, por el Tribunal Constitucional, por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por la Comisión Europea (CE).

«Todo este respaldo nacional e internacional no solo legitima nuestras demandas, sino que también nos alinéa con las mejores prácticas globales en materia de gobernanza y de justicia social», ha subrayado. Además, ha señalado que la tramitación de esta ley también significa un «nuevo hito» en la implementación del Pacto Social y Económico en Andalucía.

Por último, ha señalado su convencimiento de que esta ley va a servir también como elemento «catalizador» para una mayor cohesión social, «reduciendo tensiones y promoviendo un sentido de pertenencia a nuestra comunidad y de colaboración que tienen que ser propios de este siglo».

Por su parte, la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ha llamado la atención sobre el trabajo que empezó en 2000 hasta llegar al acto de este miércoles, defendiendo el derecho a la participación de los trabajadores en asuntos públicos, «en aquellas decisiones que nos afectan y que nos condicionan nuestra vida».

«No es solo que nos pregunten sino que supone intervenir de forma activa en el diseño de todo tipo de acciones, de medidas y decisiones que nos afectan, ya sea en al ámbito económico, social o cultural», ha explicado López, quien ha defendido que la clase trabajar tiene «muchas soluciones y muchas propuestas y alternativas para mejorar y enriquecer las normas».

De igual manera, ha apuntado que «no valía cualquier ley» sino que «siempre ha reclamado una ley que garantizara la voz de los trabajadores organizados, que nos permitiera intervenir en los asuntos y en las políticas públicas que nos afectan, pero que se hiciera de manera solvente, con un método estable, con un método permanente y también con las garantías de transparencia y de rendición de cuentas que la ciudadanía se merece». «No estamos ante una ley caprichosa ni ante un regalo ni una prebenda de nadie», ha defendido.

Asimismo, ha asegurado que se trata de «un día importante» para Andalucía pero «no es el final del camino». «Si lo decide el Parlamento andaluz y concreta este texto en una ley, tendremos un nuevo punto de partida, un nuevo derecho que vamos a defender y queremos ejercer con la transparencia, con la garantía y con la responsabilidad que nos garantiza» y también «con las exigencias».

Por último, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha mostrado su satisfacción por la firma de este acuerdo para propiciar el inicio de la tramitación de la Ley de Participación Institucional. «Estamos ante un acontecimiento crucial, pues 17 años después de la reforma de nuestro Estatuto finalmente se desarrolla la participación institucional», ha detallado, para añadir que «otras comunidades cuentan con normativas similares desde 1995».

Además, ha señalado que este «impulso definitivo» coincide con el 45 aniversario de la patronal y viene a desarrollar el marco normativo que garantiza su actividad, «una actividad que, como dice el lema de este aniversario, coincide con la idea de las empresas transformando Andalucía».

«Hoy, finalmente, impulsamos una ley que desarrolla tanto nuestros derechos como nuestras obligaciones, porque para CEA participar no es solo un derecho, es también una obligación, o como nosotros lo entendemos, un compromiso», ha subrayado.

González de Lara ha resumido los tres elementos esenciales de esta nueva regulación: reconocer con rango lega los derechos y obligaciones de los agentes económicos y sociales más representativos, garantizar la actividad y el ejercicio de las competencias de esas organizaciones empresariales y sindicales más representativas y dotar de transparencia y seguridad jurídica al ejercicio de esta participación.