El ex alto cargo del PSOE Juan Márquez está en la cárcel por la red de 44 enchufes de la Junta de Andalucía

De forma ilegal se contrataron «al menos 44 trabajadores», algunos de ellos «relacionados por vínculos de vecindad y amistad» con Guerrero «y también de parentesco» con Juan Márquez, quien, como director general de Trabajo, «decidió mantener a los trabajadores de Umax y de otras entidades en la sede de la Dirección General que presidía y delegaciones provinciales, en la misma situación económica acordada por su antecesor», según la sentencia de la Sección Tercera.

En 2007, Guerrero «abandonó el sistema de abono a Umax» para «ser sufragadas las nuevas facturas que se iban generando, igualmente mediante conceptos falsos, por la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe)», que recibió una subvención de la consejería para pagarlas.

El Supremo estimó en parte el recurso de casación presentado por la letrada de Márquez, Inmaculada Torres, contra dicha sentencia. El tribunal lo absolvió de la prevaricación, pero mantuvo la condena por delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental y no le rebajó la pena.

Su defensa pidió que no entrara en la prisión hasta que se resolviera el incidente de nulidad presentado en el Supremo el pasado 6 de marzo, pero la Audiencia desoyó su petición y ordenó su encarcelamiento el 11 de marzo pasado. Márquez eligió la prisión más cercana a su domicilio en Huelva para saldar sus cuentas con la Justicia. También está condenado a tres años de prisión por el sistema de ayudas de los ERE. El Supremo valoró que tomara medidas para corregir el «absoluto descontrol» que había heredado de Guerrero y rebajó su pena, que está suspendida mientras se tramita su indulto.

El incidente formulado por el caso Umax aún no ha tenido respuesta. En su escrito, Torres pone de manifiesto algunas contradicciones. «Juan Márquez no puede ser autor del delito de malversación» teniendo en cuenta que éste se consumó en el año 2003 mediante un contrato verbal entre Guerrero y Ulpiano, «hecho constitutivo de un delito de prevaricación del que ha sido absuelto», señala en su escrito. Tampoco era director general de Trabajo cuando en el año 2007 se cambió el sistema para que fuera la Faffe la entidad pública que abonaba las facturas de los contratos en lugar de la Dirección de Trabajo. De hecho, la mayoría de los 44 enchufados se integró en el Servicio Andaluz de Empleo, donde hoy continúa trabajando.

La defensa de Márquez argumenta que tampoco hay pruebas para incriminarlo porque no firmó un solo documento y la propia Guardia Civil aseguró en la vista que no había podido indagar en los contratos de la Faffe, que están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en una pieza separada del Caso Formación donde este ex cargo ni siquiera está personado. Por todos estos motivos, la letrada pide su absolución.

En el caso Umax también está condenado el ex secretario general técnico de Empleo Javier Aguado Hinojal, a cuatro años y medio de prisión. El Supremo absolvió a sustituto de Márquez, Daniel Alberto Rivera, y a la exsecretaria general técnica Lourdes Medina.