Las frases de la contradicción del PSOE con El Algarrobico: de «proyecto compatible» a «atentado ambiental»

La construcción obtuvo la licencia de obras en 2003 y en 2006 un juez determinó la paralización de las obras cuando estas se encontraban al 95%. El PSOE, inicialmente a favor del proyecto, empezó a cambiar su postura ante las crecientes críticas. El debate sobre la demolición del macrohotel con 411 habitaciones se mantiene. Medio centenar de sentencias, conflictos legales y promesas para destruirlo si existe voluntad política siguen marcando la situación.

El origen del polémico hotel se remonta a 1986 cuando el socialista José María Rodríguez de la Borbolla era presidente del Ejecutivo andaluz. Bajo el lema 'Andalucía 2000, nuevas alternativas turísticas' se presentó un plan para el desarrollo en la costa almeriense que recogía varios proyectos entre los que estaba la playa del Algarrobico. «Existe un buen y total entendimiento entre el plan del medio físico y los planes de la consejería en el desarrollo turístico de la costa almeriense», dijo el consejero de Turismo, Juan Manuel Castillo.

Este anuncio fue recibido con gran entusiasmo por el alcalde de Carboneras, Cristóbal Fernández, que estuvo como regidor socialista desde 1987 hasta 2011. Dos años después del anuncio de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento carbonero aprobó un plan urbanístico para declarar los terrenos de la playa El Algarrobico como urbanizables. Esta catalogación se realizó siete años antes de que se ampliarán los límites del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar hasta Carboneras.

Según la información recogida por el Ayuntamiento de Carboneras, cuando fue tramitado el expediente de El Algarrobico, la Dirección General de Costas, dependiente de la administración central, dio el informe favorable. Dicho documento determinaba un espacio de 20 metros desde la costa como zona de protección marítimo-terrestre.

Cuando se amplió la extensión del Parque Natural Cabo de Gata-Nijar, el 22 de diciembre de 1994, la zona de El Algarrobico aparecía clasificada como Subzona D-2, es decir, zona urbana. Los proyectos de Urbanización y Compensación fueron aprobados por la Comisión Provincial de Urbanismo el 27 de octubre de 1997 y 10 de julio de 2001.

La ampliación del Parque Natural obligó a la Revisión del Planeamiento Urbanístico de Carboneras, documento que fue aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo en enero de 1998, quedando la zona de El Algarrobico bajo la misma catalogación urbanística que tenía, es decir, urbana. Desde 1987 a 2003 no existió ningún tipo de alegación por parte de ningún grupo político, asociación o colectivo social a este proyecto.

En el año 2001, Azata del Sol que ya había comprado los terrenos, presentó al Ayuntamiento un proyecto de hotel de 4 estrellas, solicitando la tramitación de la licencia de actividad y de apertura. El permiso se otorgó con el beneplácito de la Junta de Andalucía. El hotel se comenzó a construir en 2003 a una distancia de 50 metros de la línea de la zona marítimo terrestre vigente.

En el acto de colocación de primera piedra, con la presencia casi en exclusiva de la corporación municipal y el propietario de Azata del Sol, el socialista Cristóbal Fernández aseguró que «el turismo en El Algarrobico va a ser totalmente compatible con el medio ambiente porque dese el Ayuntamiento apostamos por el desarrollo sostenible».

Cuando diferentes miembros de organizaciones ecologistas recibieron el aviso de que se estaba construyendo en El Algarrobico saltaron las alarmas. Según unos primeros planos que había publicado inicialmente la Consejería de Medio Ambiente la zona era C1 (área natural de interés general, donde no se puede construir), pero sin expediente, la Junta los había modificado, según llevaron ante los tribunales diferentes colectivos.

A partir de este momento y antes de que un juzgado almeriense paralizara las obras en 2006 se produjeron en cascada las reacciones de dirigentes socialistas. El debate por la construcción de un macrohotel en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar había llegado a la sociedad por las denuncias de grupos ecologistas recogidas en los medios de comunicación.

El delegado de Medio Ambiente de la Junta en Almería, Juan José Luque, aseguró en 2005 que «la zona de El Algarrobico es tipo D2, que son zonas urbanas», y que lo era desde antes de la declaración del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Luque reiteró que «se trata de una zona urbana dentro del Parque Natural y que ya era urbana mucho antes de ser declarado el Parque», concretamente, desde 1988 y, además, «ya tenía su plan parcial aprobado y todos sus derechos urbanísticos consolidados desde hace años». De esta forma, Luque aseguró que «en todos los planes de gestión del espacio natural en vigor aparece también como zona urbana, en lo que se refiere a la administración medioambiental se está actuando conforme a la legalidad».

Poco después, también en 2005, por el revuelo causado, la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, aseguró que en la construcción de El Algarrobico «tenemos una capacidad de maniobra escasa porque el terreno cuenta con derechos consolidados desde antes de la declaración del parque natural Cabo de Gata-Níjar» y recordó que la Administración tiene «que respetar la ley y ese proyecto cuenta con todas las bendiciones de las leyes». A partir de este momento, Coves cogió las riendas respecto a las declaraciones sobre el polémico hotel. «Es un horror con una edificación impresentable que no me gusta nada y sobre el que estamos trabajando», manifestó. A partir de aquí comenzó a cambiar el discurso.

El secretario de los socialistas de Almería, Martín Soler, también se sumó a buscar soluciones para una construcción que habían permitido en las diferentes administraciones donde el PSOE gobernaba. Insistió en la necesidad de una reunión tripartita entre las administraciones implicadas frente a la desmesura de la construcción para que «se busque la mejor solución para todos, para el futuro de Carboneras y del Parque».

La polémica llega también al Gobierno, y la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, afirmó que «Gobierno y Junta trabajan para que una parte del hotel deje de existir». En noviembre de 2005 el BOE publica que la zona de deslinde de costa que afecta al hotel es de 100 metros y antes de finalizar el año, la Dirección General de Costas publica una resolución para iniciar la expropiación.

Al alcalde de Carboneras no le sentaron nada bien las declaraciones de Narbona. «La decisión adoptada por el Ministerio me parece parcial y grave. Curiosamente lo que todos decidimos que es legal ahora es ilegal», dijo Cristóbal Fernández. A su juicio, eso no significaba que fueran a expropiarlo o tirarlo, ya que «hay un periodo para ir al contencioso, algo que no descartamos».

En este punto, se produjeron las declaraciones del presidente de la Junta, Manuel Chaves, que advirtió que «si el conflicto acaba en los tribunales no se resolverá hasta dentro de 8 o 10 años». Defendió la postura adoptada por Narbona, pero al mismo tiempo quiso abrir la puerta del diálogo entre las partes implicadas en el conflicto.

Un juzgado almeriense acordó en febrero de 2006 paralizar las obras del hotel cuando se encontraban al 95% por invadir la servidumbre de protección de costas y por estar ubicado el hotel en subzona C1. Dos años más tarde, el mismo juzgado reconoció que el edificio ocupa suelo protegido y admitía la existencia de delitos de prevaricación por parte del Ayuntamiento de Carboneras y la Consejería de Medio Ambiente.

Chaves afirmó entonces que la Junta había «actuado correctamente en el proyecto del hotel El Algarrobico» y discrepó sobre los indicios de delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. «Respeto, pero no comparto esa parte de la sentencia. Lo más importante que tiene la resolución es el fallo, que da la razón a la Junta y a las organizaciones ecologistas que interpusieron el recurso», señaló.

A partir de este momento, ya de forma abierta, desde la Junta de Andalucía, bajo el mandato del PSOE, proclamaron la voluntad de derribar del hotel para evitar sufrir mayor desgaste político. Mientras, en Carboneras los sucesivos alcaldes socialistas y de un grupo independiente han apostado siempre por la apertura del hotel ilegal.

En 2018, el alcalde de Carboneras, el independiente Felipe Cayuela, abogó por darle un nuevo uso al hotel del Algarrobico y evitar su derribo. «El hotel podría albergar una residencia de mayores y un centro de día, incluso usar una parte como hospital geriátrico ya que se generarían cientos de trabajos de calidad, estables y sostenibles a largo plazo que es lo que demanda claramente nuestra sociedad», trasladó. De una manera o de otra, desde el Consistorio carbonero han puesto impedimentos a la justicia para la revisión de la licencia de obras que actualmente sigue en vigor, uno de los motivos por los que no se puede ordenar el derribo.

Desde el Gobierno apuestan desde hace catorce años por aplicar el protocolo para el derribo del hotel y restauración de la playa una vez que la justicia lo determine. Así lo reafirmó en 2024, cuando aún era ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera. «Estamos deseando demoler el hotel, pero corresponde al Ayuntamiento de Carboneras revisar de oficio la licencia municipal de obras. Remitimos al convenio firmado en 2011», dijo.

Meses después, en ese mismo año, la postura seguía siendo la misma. Su sucesora en el cargo, Sara Aagesen, a través de una respuesta parlamentaria indicó que «el Ministerio no es parte en los pleitos. En 2011 se firmó un protocolo general de colaboración entre el entonces Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Junta de Andalucía, para la recuperación de la playa de El Algarrobico y se mantiene el compromiso de financiación para la demolición».

Tras el nombramiento como secretaria general del PSOE de Andalucía de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la estrategia ha cambiado y la vista está puesta en el anuncio sobre lo que denominó esta misma semana como «atentado medioambiental». Se trasladó hasta Carboneras y a los pies del hotel Algarrobico realizó su intervención. «Llevamos 20 años de litigios, recursos y burocracia que han constatado la dificultad de llevar a cabo este proyecto. Estamos convencidos de que, si hay voluntad política, que les aseguro que la hay, nadie, ni nada, va a evitar que se derribe este edificio», prometió.