La cronología del Algarrobico: nueva etapa marcada por el «oportunismo político» de Montero en Andalucía

Durante la comparecencia, de quién desde hace unas semanas es la secretaria general del PSOE de Andalucía y próxima rival del líder del PP andaluz, Juanma Moreno, fue muy insistente en la calificación del hotel como ilegal. «Vamos a poner fin al mayor atentado medioambiental que ha sufrido este parque natural y a hacer realidad algo que debería haber sucedido hace mucho tiempo», exclamó.

La noticia fue tachada de «oportunismo político» o con «fines partidistas» por parte de algunos implicados en el proceso como el Ayuntamiento de Carboneras. Su alcalde, Salvador Hernández, consideró que anunciaba medidas unilaterales «que ya veremos a dónde llevan», más teniendo en cuenta de que se trata de un tema «tan delicado y judicializado aún».

El Gobierno aprobará una declaración pública para los terrenos y bienes incluidos en la zona de servidumbre de protección y el uso del dominio público marítimo-terrestre, al amparo de la Ley de Costas. Se trata del primer paso para abordar la expropiación de la edificación y el suelo que se sitúan en terrenos donde tiene la competencia la Administración General del Estado.

Estas parcelas suponen el 40% de la construcción, mientras que el porcentaje restante es competencia de la Junta de Andalucía. Para el Ejecutivo andaluz la expropiación no es la mejor fórmula porque en caso de recurso judicial se eternizaría el proceso. La solución sigue estando en que el Ayuntamiento de Carboneras declare nula la licencia de obras, tal y como le instó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

No es la primera vez que El Algarrobico, promovido en 2003 por Azata del Sol, se enfrenta a la posible expropiación de sus terrenos. En 2005, el Ministerio de Medio Ambiente que dirigía Cristina Narbona bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero inició un trámite similar.

La zona comprende la piscina, el hall de entrada y los primeros pisos del macrohotel. Esta iniciativa del Ejecutivo socialista terminó en los tribunales tras el recurso de la empresa promotora y finalmente en 2009 se archivó por considerar que la anulación de la licencia de obras era lo más efectivo para la demolición del inmueble.

Hace casi 20 años que los tribunales paralizaron la construcción del hotel El Algarrobico en la costa de Carboneras dentro de los terrenos protegidos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar en Almería. La Justicia ha emitido un sinfín de sentencias que dejan de manifiesto la ilegalidad de la construcción. No ha habido juez que determine su demolición inmediata.

El Algarrobico protagoniza uno de los galimatías judiciales más farragosos del mundo inmobiliario español. A solo 50 metros de la línea de costa, Azata del Sol adquirió 16,2 hectáreas de suelo por 2,3 millones de euros. La promotora obtuvo la licencia municipal en 2003 y consiguió los informes favorables para el desarrollo urbanístico conforme a la planificación.

Cuando el hotel se encontraba al 95% de su construcción, en 2006 un juzgado de Almería resolvió paralizar las obras. La asociación 'Salvemos Mojácar' fue la primera en denunciar en 2005, se sumaron otras organizaciones ecologistas como Greenpeace. A partir de aquí se inicia un periplo judicial en el que la promotora del hotel no ha recibido ninguna sanción por su proyecto, pero tampoco compensación económica.

Azata del Sol ha defendido durante todos estos años que «al levantar el hotel solo hicieron lo que habían aprobado todas las administraciones». En 2016, el Tribunal Supremo estipuló que se trataban de terrenos protegidos y en 2022 avaló la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que pedía revisar la licencia de obras antes de ordenar la demolición del inmueble.

Desde entonces 'la pelota' sigue en el tejado del Consistorio carbonero que por el momento no ha iniciado el procedimiento para dejar sin efecto el permiso. Por sus gobiernos municipales han pasado diferentes partidos, y han protagonizado episodios de ingobernabilidad con sucesivas mociones de censura. A pesar de los requerimientos y avisos de multa por parte del TSJA la licencia sigue en vigor.

El trámite judicial más reciente ha sido la aceptación del recurso de Greenpeace por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para investigar posibles irregularidades judiciales. La admisión de la denuncia del grupo ecologista ante este órgano internacional supone el fin del recorrido por todas las instancias judiciales posibles.