Alcaldes del PSOE recibieron ayudas del fondo opaco de los ERE antes de las elecciones
Invernaderos fantasma y un centro ecuestre inexistente, entre los proyectos financiados por la Junta socialista
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El sistema de ayudas de los ERE que funcionó entre 2000 y 2009 en la Junta de Andalucía, declarado ilegal y arbitrario por la Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal Supremo, lo mismo servía para socorrer al amigo de un alto ... cargo de la Junta de Andalucía en apuros que para apaciguar los conflictos laborales, lo que contribuyó a apuntalar la hegemonía socialista en la única comunidad autónoma que entonces no conocía la alternancia política. El programa concebido para pagar prejubilaciones y despidos en empresas inmersas en procesos de reestructuración funcionó también como un fondo reservado para dar ayudas directas a alcaldes y que no tuvieran que rendir cuentas sobre el destino del dinero público mediante un sistema que el Tribunal Constitucional considera que tiene cobertura legal a través de las leyes presupuestarias.
Trece alcaldes recibieron un total de 3.707.868 euros. La particularidad era que todos ellos eran del mismo partido, el PSOE, y obtuvieron las ayudas en fechas cercanas a las elecciones municipales de 2003, en las que se jugaban el bastón de mando y una inyección de dinero público les permitía presentar proyectos para continuar otro mandato. Todos menos uno eran regidores de municipios de Sevilla, donde José Antonio Viera, exconsejero de Empleo (2000-2004) fue secretario general del PSOE, salvo uno, Guarromán, en Jaén, el territorio del exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías.
El 'banquero' de este inagotable «fondo de reptiles» era el director general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero (fallecido en octubre de 2020), quien se encargaba de firmar un protocolo de colaboración para canalizar la ayuda sin exigir al consistorio que justificara el gasto.
Tal descontrol propició que el dinero público destinado a los parados andaluces acabara financiando ferias de pueblos, la compra de fincas vinculadas a los alcaldes o incluso proyectos inexistentes. Fue lo que sucedió con el centro ecuestre que los alcaldes socialistas que se relevaron en el cargo en la localidad sevillana de Los Palacios, Emilio Amuedo y Antonio Maestre, iban a financiar con los 901.000 euros que la Junta les dio en el año 2003. Ambos se enfrentan a penas de cuatro años de cárcel por malversar 750.000 euros. Maestre declaró en el juicio que el dinero «entró en la caja única y se destinó al día a día» del Consistorio. Por ello tuvieron que devolver el dinero a la Junta con intereses entre 2014 y 2019, tras estallar el escándalo.
Los precedentes no auguran una salida airosa a ninguno de ellos. Antonio Almazán, alcalde socialista de Guarromán el PSOE entre 2007 y 2015, tuvo que aceptar una condena dos años de cárcel por malversación y cuatro años y medio de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por haber recibido de la Junta 440.000 euros para poner en marcha invernaderos que nunca funcionaron. El dinero se lo concedió en 2008 el sustituto de Guerrero, Juan Márquez Contreras, como «ayuda económica sociolaboral».
Francisco Rodríguez Galán, alcalde socialista de San Nicolás del Puerto, dedicó parte de los 871.467 euros del «fondo de reptiles» a comprar para este Consistorio sevillano una finca en la que estaba ubicada su propia vivienda. Fue en febrero de 2003 (las elecciones se celebraban en mayo) cuando Guerrero firmó la concesión de la ayuda para financiar el «proyecto de viabilidad generador de empleo». Cuando se destapó el caso, el regidor declaró que el hecho de que su casa estuviera en la finca adquirida era fruto de la casualidad. No sólo dio servicios básicos a las viviendas ubicadas en ella, incluida la suya, sino que también ganó las elecciones.
Los regidores de La Puebla del Río, Alcolea, Villanueva del Río y Minas, Coria del Río, Guadalcanal, La Barca de la Florida o Chiclana también resultaron agraciados con la 'varita mágica' de los ERE. En su mayoría el dinero se destinó a sufragar ferias empresariales o de turismo que nada tenían que ver con el verdadero objetivo del sistema de ayudas, que era financiar pólizas de prejubilación a extrabajadores afectados por la crisis industrial.
Delitos prescritos
La Mancomunidad para el Desarrollo y el Fomento del Aljarafe, presidida por otro alcalde del PSOE, recibió en 2003 otra ayuda de 533.049,32 euros por parte de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta «para la realización de estudios sobre las antiguas minas y canteras existentes» y fuera de explotación en esta comarca sevillana. Las ayudas eran igualmente fraudulentas, según el juez instructor del caso, José Ignacio Vilaplana, que terminó archivando esta pieza separada de los ERE porque los delitos habían prescrito.
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