La Agencia IDEA pide 18 años de prisión a seis ex altos cargos socialistas por los 36 millones perdidos de Santana
El Gobierno andaluz concedió a la malograda fábrica de Linares un préstamo millonario con la intención de que no fuera devuelto nunca
La Junta de Andalucía con el PSOE pagó 85 millones por la compra de fincas de Santana que ya eran suyas
Trece años después de que la Junta de Andalucía echara el candado a la fábrica automovilística de Santana Motor en Linares –propietaria de la compañía desde la marcha de la multinacional japonesa Suzuki en 1995—, el agujero económico que dejó su irregular gestión sigue ... dando trabajo a la Justicia. Cuatro ex altos cargos del Gobierno andaluz en la etapa del PSOE y dos antiguos directivos de la planta fabricante del todoterreno Massif, están procesados por supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental.
La causa judicial, abierta en el año 2015, se centra en la concesión de un préstamo reembolsable «ficticio» de 36,10 millones de euros por parte de la agencia autonómica IDEA a Santana Motor para fabricar este modelo el 15 de diciembre de 2009. El convenio que dio apariencia de legalidad a la operación fue alterado y amañado, con el propósito de librar a la empresa pública de la obligación de devolver los fondos y se convirtió en la práctica en una ayuda a fondo perdido, según consta en el auto de procesamiento dictado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en noviembre de 2022.
Penas de prisión
La Agencia IDEA, que está personada en esta causa como acusación particular, ha solicitado penas de prisión para los encausados que suman 18 años de prisión y 57 años de inhabilitación por los citados delitos, como recoge el escrito que registró este miércoles ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que ha investigado esta pieza de la macrocausa de presunta corrupción que gira en torno a la gestión de la malograda fábrica de Santana Motor. En este sumario también están personados la Junta de Andalucía a través de su gabinete jurídico y el Partido Popular andaluz, aparte de la Fiscalía Anticorrupción.
Para Martín Soler Márquez, consejero de Innovación de la Junta de Andalucía desde abril de 2009 hasta marzo de 2010, el letrado de IDEA solicita tres años de prisión y dos de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de falsedad documental y otros dos años de prisión y otros tantos de inhabilitación por supuesta malversación de caudales públicos, así como siete años de inhabilitación por otro supuesto delito de prevaricación.
La misma pena solicita la agencia pública para el exdirector general de IDEA Jacinto Cañete Rolloso. Para el sustituto de éste último, Antonio Valverde Ramos, reclama las citadas penas con la única excepción de la referida al delito de falsedad documental, que no se lo imputa.
El expresidente de Santana Motor, Bienvenido Martínez, cuñado de la exdirectora de la Guardia Civil María Gámez, se enfrenta a dos años de prisión y dos de inhabilitación por supuesta malversación y siete años de inhabilitación por prevaricación. IDEA solicita similares castigos para Carlos García Malo de Molina y José Enrique Bravo Ramírez, representantes legales de la factoría.
La factoría se encontraba en liquidación y no podía obtener beneficios cuando el Gobierno socialista le concedió la ayuda
La devolución del crédito público quedaba supeditada a que esta empresa automovilística, que estaba en ese momento en liquidación, generase beneficios, lo que constituía un verdadero acto de fe porque las cuentas hacían aguas por todos lados y los responsables de IDEA, propietaria de la fábrica, eran conscientes de los números rojos que presentaba. «Bajo la apariencia formal de una operación de préstamo participativo», lo que el Gobierno socialista había concedido eran ayudas a fondo perdido y sin posibilidad alguna de recuperar, según advirtió el magistrado José Ignacio Vilaplana.
La Intervención de la Junta emitió un informe de actuación en febrero de 2014 que concluía que la ayuda se había concedido a través de un convenio distinto del aprobado por el Consejo de Gobierno andaluz y, por tanto, sin autorización ni fiscalización previa, comprometiendo gastos y ordenando pagos en contra de la Ley de Presupuestos. Cuando se firmó la operación Santana estaba en liquidación y los fondos no se devolvieron por la situación de insolvencia y crisis financiera que atravesaba desde hacía años.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete