Las afrentas de María Jesús Montero a Sevilla: de las casas del Alcázar a un nuevo barrio en Hytasa
La ministra ignora las cartas del alcalde José Luis Sanz para tratar el cierre de la Plaza de España
María Jesús Montero siembra de agravios su relación con los alcaldes de Andalucía
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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, va a dejar tras de sí una larga ristra de agravios con Sevilla a los que ineludiblemente tendrá que dar la vuelta en su aterrizaje como secretaria general del PSOE andaluz.
La tibieza con la que ... ha 'defendido' en Madrid los intereses de su ciudad no data sólo desde que el PP le arrebató al PSOE la Alcaldía en 2023. Los cinco años previos de gobierno de Juan Espadas y Antonio Muñoz, la mano de la actual número 2 del Ejecutivo de Pedro Sánchez no se apreció en beneficio de la infrafinanciada capital de Andalucía, sino que incluso llegó a especular con el patrimonio del Estado al que pugnaba el Ayuntamiento.
La primera afrenta tuvo lugar en tiempos de Espadas cuando el Ayuntamiento trató de comprar las casas 7 y 8 del Patio de Banderas, donde había aparecido el primitivo palacio de Almutamid entre sus muros.
Durante años, el gobierno local trató de hacerse con la propiedad de estos inmuebles que permitirían una ampliación del Alcázar y la incorporación al relato histórico de unos restos arqueológicos de gran importancia.
Sin embargo, el Ministerio de Hacienda postergó la firma de la compraventa, que finalmente se formalizó en 2022 ya con Antonio Muñoz como alcalde por cuatro millones de euros.
Y, en paralelo, Hacienda avaló la privatización de la casa 11 a un particular que la habitaba pese a que no pagaba las rentas, saltándose el procedimiento de la subasta por el que el Ayuntamiento hubiera accedido a su propiedad. Esta casa era fundamental para llevar a cabo el proyecto de conexión del Alcázar con la cripta romana, a través del Salón del Apeadero, que permanece oculta.
La Ley obligaba a que esa enajenación se hiciera tras una subasta pública que nunca se hizo. Espadas pidió hace que se investigara la venta e, incluso, remitió una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para preguntar por lo ocurrido.
Los conservacionistas de Adepa llevaron el asunto a los tribunales al considerar que fue venta fraudulenta. La realidad es que Espadas nunca más reclamó explicaciones por lo sucedido y guardó silencio ante María Jesús Montero. El proyecto se fue al traste.
Siguiendo con las casas del Patio de Banderas, Patrimonio del Estado –que depende del Ministerio de Hacienda– mantiene en un deplorable estado de abandono la número 12, contigua al Callejón de la Judería, que presenta desprendimientos y desconchones pese a estar situada en una zona declarada Patrimonio de la Humanidad.
Con Sanz fue a más
Los agravios, no obstante, se han multiplicado desde que Sanz accedió al gobierno de la ciudad. En campaña electoral, junto a Antonio Muñoz, prometió que las naves de Hytasa propiedad del Estado se transferirían al Ayuntamiento por el precio de tasación, unos 4,7 millones de euros, para que allí se levantase un nuevo barrio que además sirviera de integración urbana con el Polígono Sur. Ese proyecto se guardó en el cajón cuando Sanz ganó las elecciones.
Al reclamarlo, la respuesta fue que aquellas naves costaban ahora 10 millones, es decir, reclamaba una plusvalía a la ciudad a la que le había prometido aquel proyecto... y manteniendo el muro con el barrio más pobre de toda España.
La relación entre Montero y Sanz es inexistente. Cuando el alcalde anunció su plan para cerrar la Plaza de España de cara a protegerlo ante los actos vandálicos y para sacar un rédito del turismo, la ministra respondió que «el Gobierno no va a permitir la privatización de ningún espacio público». Esto, después de que la casa 11 del Alcázar pasase a un particular que vivía de okupa saltándose todos los procedimientos. Sanz ha remitido varias cartas a los ministros, entre ellos a Montero para tratar este asunto, y ninguna ha sido contestada.
Otra afrenta fue el intento de Hacienda de cobrar el IVA a los abonados de la Carrera Oficial pese a que ya pesaba una resolución décadas atrás que lo eximía. Su Ministerio fue hasta el final y durante tres años el precio de los abonos de las sillas se elevó un 21% para cobrar el impuesto. Finalmente, el tribunal dio la razón al Consejo y obligó a Hacienda a devolver el dinero. Aún falta una anualidad.
La lista de cuentas pendientes de Montero con Sevilla se remonta también a sus tiempos como consejera de Salud de la Junta, cuando dejó abandonado el Hospital Militar.
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