La Junta no quiere que la esposa de Juan Lanzas tenga una pensión de alimentos

La Junta de Andalucía , que ejerce la acusación en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, se ha opuesto a la petición realizada por Patrocinio Sierra , esposa del 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT-A Juan Lanzas, para que la juez María Núñez Bolaños le conceda una pensión de alimentos de 1945,80 euros mensuales para poder hacer frente a gastos «cotidianos» como agua, electricidad, gas, calzado o ropa.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la Junta pone de manifiesto que la petición formulada por la imputada para que se le alcen los embargos derivados de la fianza de responsabilidad civil de 14,7 millones que le impuso Mercedes Alaya mediante auto de 27 de mayo de 2013, así como la de establecer con cargo a las cantidades embargadas una pensión alimenticia, «debe ser íntegramente desestimada» .

Según expone la Junta, dicho auto ha sido confirmado posteriormente por la Audiencia Provincial de Sevilla , «que ha considerado la existencia de indicios sólidos de incriminación» contra la esposa de Juan Lanzas, «por lo que se reúnen los requisitos exigidos para la adopción de medidas cautelares de carácter real».

Por tanto, «acceder a lo solicitado supondría la modificación de las medidas cautelares de carácter real impuestas», lo que «no tiene, en este momento procesal, justificación alguna, siendo t otalmente insuficientes las pruebas que de contrario se aportan en orden a desvirtuar las mismas», sostiene la Junta.

Asimismo, asevera que «tampoco se ofrece término de comparación idóneo, pues peticiones similares han sido formuladas» por otros imputados -como por ejemplo el exconsejero de Empleo Antonio Fernández-, «sin que en ningún caso se haya accedido al establecimiento de pensión alimenticia con cargo a los bienes embargados», por lo que solicita a la instructora que deniegue la solicitud planteada por Patrocinio Sierra.

Hay que recordar que la Fiscalía Anticorrupción no se ha opuesto a que la juez pueda concederle una pensión a la imputada, tras lo que la instructora reclamó distinta documentación a la esposa del ' conseguidor' de los ERE antes de determinar la cuantía de la pensión de alimentos solicitada.