El juez investiga ayudas de la Junta a ayuntamientos para dar Internet gratis

El juez de instrucción 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha abierto una investigación sobre las subvenciones excepcionales concedidas por la Junta de Andalucía a determinados ayuntamientos andaluces para facilitar el acceso gratuito a Internet en espacios públicos. Los pagos de las ayudas se canalizaron a través de la agencia IDEA y fueron financiadas con transferencias de capital. Es el mismo mecanismo que la antigua Consejería de Empleo utilizó para financiar los ERE fraudulentos , lo que agilizó los pagos a costa de sortear los controles de la Intervención General de la Junta. El juez del caso invercaria atiende así una solicitud de la Fiscalía Especial contra la Corrupción.

En el escrito de Anticorrupción al que ha tenido acceso ABC, fechado el pasado lunes, los fiscales delegados Fernando Soto Patiño y Manuel Fernández Guerra solicitan la apertura de diligencias previas al juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas , que examina a varias empresas públicas por la gestión de los fondos públicos en la Junta a través de las transferencias de financiación. El magistrado también indaga en un supuesto caso de malversación de fondos públicos relacionado con la empresa de capital riesgo de la Junta, Invercaria.

Los fiscales basan su petición en un informe de la Intervención General de la Junta sobre las cuentas anuales de IDEA del año 2010 que constató «un uso inadecuado de transferencias de financiación de capital para la concesión de subvenciones excepcionales a determinados ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Andalucía como prueba piloto para la implantación de una red inalámbrica para acceso a Internet por parte de ciudadanos».

El órgano fiscalizador de la Junta puso de manifiesto el amplio margen de discrecionalidad a la hora de repartir los incentivos a las administraciones locales. Los fiscales destacan que la evidencia de que no procede la figura de la subvención excepcional es «la existencia de un proceso de evaluación para la selección de los ayuntamientos beneficiarios de éstas llevado a cabo por la Dirección General de Innovación y Administraciones Públicas, lo cual implica que no se trataba de una actuación propia de la Agencia IDEA».