Parlamento
El primer paso para cambiar la Cámara de cuentas
La Mesa del Parlamento admite a trámite la proposición de ley presentada por IU para la reforma de este órgano
La Cámara de Cuentas es un órgano clave en el control de las instituciones andaluzas ya que su papel es fiscalizar las cuentas públicas de la Comunidad Autónoma y de todos los ayuntamientos. A pesar de tratarse de un órgano externo, emana del Parlamento Andaluz por lo que sus consejeros son elegidos por los grupos políticos en función de su representatividad. De hecho, una de las principales polémicas del final de la IX Legislatura fue la elección, en el último momento, de nuevos consejeros para esta cámara tanto del PSOE como del PP.
Entre las demandas que están planteando tanto Ciudadanos como Podemos al PSOE para permitir la investidura de Susana Díaz se encuentra precisamente, la reforma del reglamento de la Cámara de Cuentas, una aspiración de Izquierda Unida durante la anterior legislatura que no se ha llevado a cabo.
Ayer, la Mesa del Parlamento admitió a trámite una proposición de ley presentada por IU para la reforma de este órgano, por lo que la remitió al Consejo de Gobierno en funciones para que manifieste su criterio, así como su conformidad o no a la tramitación si implicara modificaciones presupuestarias.
Si el Gobierno en funciones no se pronunciase, esta proposición de ley se podría incluir en el orden del día del Pleno del Parlamento para su toma en consideración.
El texto contempla que la Cámara de Cuentas pueda elaborar dictámenes en materia de lucha contra la corrupción. También se le otorga de capacidad para advertir y detectar nuevas formas y prácticas de corrupción política y administrativa.
Además, con esta ley se modernizaría el trabajo de la Cámara de Cuentas porque pone el énfasis en la fiscalización de sistemas informáticos de gestión, de personal, de contratos, de tramitación y se introduce a quienes se financian mayoritariamente con fondos públicos aunque sean entidades privadas. Además contempla las privatizaciones y concesiones desde el inicio del procedimiento «para poder advertir de forma temprana los posibles riesgos».
Así mismo obligaría a la Junta de Andalucía a acelerar la rendición de cuentas para que la cuenta general esté fiscalizada cuando se presente el nuevo presupuesto.
La tramitación de esta ley va a obligar al ejecutivo de Susana Díaz a pronunciarse en un asunto delicado, que está en el alero de las negociaciones y del cambio de actitud que le piden tanto Podemos como Ciudadanos.
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