cooperativas sin subvenciones
La Junta no paga desde 2010 ayudas por compra de vivienda protegida
Están reconocidas pero no tienen dotación y la Administración no da solución alguna
La Junta de Andalucía no abona desde el ya algo lejano año 2010 las ayudas para la adquisición de vivienda protegida, a pesar de que dichas ayudas las tiene aprobadas la propia Consejería de Vivienda. El problema reside en que no hay dotación económica para hacerles frente, según denuncian responsables de cooperativa de viviendas protegidas de Sevilla, quienes añaden que la Administración autonómica no da solución alguna.
El asunto afecta gravemente a cooperativistas en toda Andalucía, pero no se sabe con certeza cuántas familias se ven afectadas con lo que el cálculo de lo adeudado por la Junta no es tarea fácil. Tal es la cantidad de denuncias y quejas a las que se ha dado acuse de recibo en la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, y todas del mismo tenor, que este órgano ha optado por promover las actuaciones en uno de los expedientes recibidos, al que ha ido acumulando todos los demás con el fin de evitar duplicaciones y dilaciones que en modo alguno beneficiarían a los interesados.
Gecoprovi
Una de las sociedades cooperativistas perjudicadas por estos impagos de la Junta de Andalucía, la sevillana Gecoprovi, remitió a mediados de enero sus quejas a los distintos grupos parlamentarios constituidos en la anterior legislatura —popular, socialista y comunista—, pero ahora está todo paralizado. Con anterioridad lo había hecho a la Oficina del Defensor del Pueblo.
Esta cooperativa cuenta actualmente con 861 socios, en su mayor parte jóvenes que desean acceder a su primera vivienda. Asimismo, la mayoría de socios está formada por personas con escasos recursos económicos. Gecoprovi ha logrado desarrollar tres promociones con un total de 226 vivienda en Sevilla —«San Bernardo I» y «San Bernardo II», en la calle Juan de Mata Carriazo, y «Nuevo Palmete», en la calle Puebla de Río. Todos sus cooperativistas tienen resoluciones de la Delegación Territorial de la Consejería de Vivienda por las que se les reconoce el derecho a percibir el subsidio de intereses de los préstamos convenidos y/o ayudas directas autonómicas. Pero, hasta el momento, ninguno de ellos ha percibido cantidad alguna.
Para desventura añadida, estos cooperativistas vieron cómo por parte del Gobierno central fue suprimida la ayuda directa estatal a la entrada. En el caso de «Nuevo Palmete», la ayuda fue suprimida además con carácter retroactivo.
No existe previsión para el pago de los siguientes subsidios de préstamo o ayudas
Por la Delegación de Fomento y Vivienda, los interesados han sabido que las últimas ayudas autonómicas fueron abonadas en el primer trimestre de 2011, correspondientes a resoluciones dictadas a principios de 2009, pero no existe previsión para el pago de los siguientes subsidios de préstamo o ayudas. Pese a ello la consejería sigue emitiendo resoluciones favorables de ayuda a la vivienda, aunque no exista voluntad de pagarlas.
En virtud de la situación, los aspirantes a vivienda protegida han visto cómo se ha suprimido la ayuda estatal a la entrada, cifrada en 9.300 euros en la mayoría de los supuestos, y padecen los impagos autonómicos de ayuda a la escritura pública (1.200 euros); de la ayuda directa (5.000 euros en la mayoría de los supuestos) y de subsidio de préstamo convenido. Este último incumplimiento determina que en la mayoría de los supuestos los cooperativistas adjudicatarios abonan una cuota media de 360 euros al mes en lugar de una cuota media de 181 euros.
Carácter retroactivo
Por tal motivo, los cooperativistas subrayan que si la voluntad de la Junta de Andalucía es definitivamente no pagar estas ayudas, parece más lícito reconocer la supresión de éstas, pero no con carácter retroactivo, como realizó el Gobierno de la Nación con la ayuda directa estatal a la entrada. «Con ello —subrayan— se evitaría que otras personas se embarquen en la aventura de adquirir una vivienda protegida contando con unas ayudas que no van a existir, terminando en muchos casos en el drama del desahucio».
Sólo aguardan que cuando se constituya el nuevo Gobierno alguien les diga algo. Pero con seriedad.
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