La Junta implantó el «modelo ERE» en ocho empresas para gastar sin control

El sistema de los ERE no estaba reservado a la antigua Consejería de Empleo y la agencia IDEA. La Junta de Andalucía implantó en al menos ocho empresas públicas las denominadas transferencias de financiación —el traspaso de fondos desde las consejerías a órganos externos a éstas—. Así lo puso de manifiesto, con escaso éxito, la Intervención General de la Junta desde mediados de la pasada década en los sucesivos informes adicionales realizados sobre el uso de esta herramienta en las sociedades Extenda, Egmasa, Epdasa, Epgpc, RTVA, Turasa, Giasa y EPSA.

La versión oficial del cambio de sistema, origen del caso ERE, fue de la búsqueda de un procedimiento más ágil. Pero esta normalización tuvo un efecto perverso: al sacarlos fuera de los controles administrativos que deben pasar los fondos gastados directamente por las consejerías, las irregularidades en los expedientes fueron inmediatas y, en algunos casos, generalizadas.

En la Memoria de Control Financiero Permanente del ejercicio 2005 enviado a Carmen Martínez Aguayo, viceconsejera de Hacienda y subordinada del exconsejero y expresidente José Antonio Griñán, el entonces interventor general, Manuel Gómez Martínez, advirtió en febrero de 2006 que «del examen del tratamiento contable dado por las empresas públicas a las transferencias de financiación recibidas, se han puesto de manifiesto irregularidades en la tramitación de los expedientes administrativos utilizados por algunas consejerías para el envío de fondos a aquéllas».

En el informe de 21 páginas, al que ha tenido acceso ABC, el interventor avisó de que «de forma indebida el expediente administrativo de transferencia de financiación ha sido tramitado para financiar operaciones de encargos de ejecución, subvenciones excepcionales (como sucedió con las prejubilaciones trucadas y las empresas en crisis) u otros que habrían requerido una tramitación administrativa propia y sometida a fiscalización previa».

El alto funcionario de Hacienda calificó estas irregularidades como «incumplimientos» que afectan de forma transversal a gran parte del organigrama autonómico. Responsabiliza no a las empresas sino a las consejerías a las que están adscritas: Obras Públicas, Agricultura, Presidencia, Medio Ambiente, Cultura y Turismo. Pocos departamentos renunciaron a utilizar este instrumento que permitía gastar sin control. El caso más flagrante fue el de los ERE. La debilidad de la vigilancia administrativa posibilitó la configuración de una trama de la que sacaron tajada, ya sea por interés electoral o por pura amistad, empresarios cercanos al Gobierno andaluz, falsos prejubilados, bufetes de abogados, consultoras, sindicatos y conseguidores.

El exinterventor observa «defectos» a la hora de contabilizar las transferencias de financiación y cita expresamente los casos de IDEA (la caja pagadora de los ERE), la Empresa Pública de Gestión de_Programas Culturales (actual Aaiicc), la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero (DAP), Extenda, la sociedad medioambiental Egmasa, la Empresa Pública Gestión de Infraestructuras de Andalucía (Giasa), la RTVA y Turismo Andaluz, S.A. (Turasa). Así, hasta ocho empresas.