La Junta no paga a los peritos judiciales que investigan sus casos
La auditora KPMG manda una carta al juez de Invercaria y DeSevilla para que tome medidas
La Junta de Andalucía no paga sus honorarios a los peritos judiciales que los jueces han designado para investigar diferentes casos que actualmente se dirimen en los tribunales andaluces. Alega falta de presupuesto. Pero casualmente esta situación perjudica a expertos externos que están investigando los asuntos de corrupción en los que está implicado el PSOE .
La alerta la ha dado la empresa KPMG al juez de instrucción número 16 de Sevilla , Juan Gutiérrez Casillas, que en la actualidad instruye los casos Invercaria, Marismas y DeSevilla, entre otros en los que ya figuran como imputados altos cargos socialistas.
El magistrado había solicitado a estos auditores que ampliaran una prueba pericial sobre el desvío de un millón de euros de fondos de cooperación al desarrollo «para fines particulares y/o partidistas» en la Fundación DeSevilla , en la que también se impartieron cursos de formación de la Junta que están bajo sospecha.
En este punto, los peritos han decidido enviar al juez una carta en la que le explican que «para llevar a cabo la pericial solicitada hemos tenido que realizar una importante inversión , tanto en medios humanos, como en horas de trabajo y gastos». Los expertos aclaran que «esta circunstancia, ya conocida cuando aceptamos el nombramiento de peritos judiciales en este procedimiento, no supuso ningún inconveniente de cara a su aceptación», pero «entendemos que sí puede ser de cara a esta ampliación el hecho de que aún por parte de la Junta de Andalucía no se hayan pagado ni aceptado nuestros honorarios correspondientes a la emisión del anterior informe pericial».
Sin embargo, esto no es lo peor. Según indican los peritos en su escrito, «muy probablemente no lleguen a abonar» lo que se les debe «por no disponer de partida presupuestaria» , un dato que, según la carta enviada al juez «nos han comentado desde la gerencia de Justicia de dicha institución en conversaciones telefónicas mantenidas con motivo de la emisión de nuestro informe pericial». Por todo ello, los expertos piden al juez que tome las medidas que estime oportunas y resaltan que «desde el primer momento nuestra intención ha sido la de colaborar con la administración de Justicia».
La primera consecuencia de este impago por parte de la Consejería que dirige Emilio de Llera , número dos del PSOE en la lista por Sevilla para las autonómicas, es que la ampliación pericial solicitada por el juez se ha paralizado, lo que ralentizará la investigación varios meses más .
La razón esgrimida a los afectados es que no hay presupuesto para ponerse al corriente con ellos. Sin embargo, a finales de diciembre Justicia pagó 29,8 millones a los abogados del turno de ofi cio por la deuda pendiente de 2014 y el consejero De Llera anunció que «desde hace treinta años no se llevaba a cabo el pago al día de los servicios de asistencia jurídica gratuita».
Los pagos a los peritos designados por los jueces corresponden a las comunidades autónomas y ésta es una práctica muy habitual entre los instructores, sobre todo en casos de corrupción cuya complejidad técnica requiere de investigadores que sean expertos en las materias sobre las que se practican las diligencias. En el caso concreto del juez número 16, al que los peritos de KPGM han enviado la carta de protesta para anunciarle que no pueden ampliar su trabajo hasta que la Junta no les pague, ha encargado informes periciales en todos los casos que afectan al PSOE y a la propia Junta .
El magistrado encarga la investigación a la Guardia Civil y, con el objetivo garantista de que las conclusiones sean certeras, suele pedir una «contraprueba» a expertos externos . Hasta ahora, en todos los casos, los informes periciales han ratificado las afirmaciones policiales.
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