La Guardia Civil busca conexiones entre cargos de la Junta y la trama de formación

La Guardia Civil sospecha que la trama de los cursos de formación siguió un «modus operandi» parecido al del fraude de los ERE. En la macrocausa de los cursos, que también instruye la juez Mercedes Alaya, los agentes tratan de escrutar los vínculos que existen entre las entidades que concentraron más subvenciones y quienes las concedían desde la Administración regional. Así se desprende de un atestado de 27 páginas que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó a la juez de Instrucción 6 de Sevilla el pasado 19 de enero.

El informe policial, al que ha tenido acceso ABC, puso a la magistrada sobre la pista de varias «bolsas de fraude» y motivó que decretara, tan sólo un día después de recibirlo, el secreto sumarial de parte de las actuaciones. La UCO considera «necesario» identificar «a las personas que han realizado las funciones de dirección y administración de las empresas y fundaciones y su relación con personas responsables de los órganos de la Administración concedentes de las subvenciones».

En concreto, pone la lupa bajo las subvenciones concedidas por el Ejecutivo andaluz a la Fundación Pública Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) —un ente de la Junta disuelto en 2011 que se convirtió en un coladero de cargos afines al PSOE— para financiar los cursos de formación para los 1.904 trabajadores que dejó la multinacional de automoción Delphi cuando la Junta cerró la fábrica en Cádiz en 2007.

Del tronco de la formación se desgajan diferentes ramas. La UCO identifica cuatro subtramas que está investigando bajo sigilo: varios entramados empresariales, la Red de Consorcios Escuela de la Junta, la Faffe y el Plan Delphi.

Hasta ahora, la única conexión acreditada es la de Ángel Ojeda, consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1987 y 1990, que captó 49,8 millones de euros en ayudas para impartir cursos y fue detenido por el «caso Óscar». La UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de la Policía señaló que su cuñada Teresa Florido fue la máxima responsable del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) entre junio de 2011 y abril de 2012. Los agentes sospechan que pudo ser responsable de gran parte de la subvenciones que recibió Ojeda. Pero la UCO sospecha que pueden existir otras conexiones.

El punto de partida del Plan Delphi fue un protocolo que el Ejecutivo de Manuel Chaves firmó en julio de 2007 con los sindicatos UGT, USO, CC.OO. y CGT. El Gobierno andaluz puso sobre la mesa un plan especial de 105 millones para formar a los exempleados e implantar nuevas empresas en la Bahía de Cádiz donde recolocarlos. La Faffe recibió siete subvenciones extraordinarias para la formación que ascendían a 35,9 millones de euros. Por otro lado, el SAE repartió 70 millones más en ayudas para la contratación entre doce sociedades y fundaciones. Entre las sociedades beneficiarias de fondos se encuentran Gadir Solar y SK10 Desarrollo y Tecnologías (adquirida después por la aeronáutica Alestis, participada hasta hace pocos días por la Junta), así como asociaciones vinculadas a Ojeda como Natura, Humanitas o Innova, además de la Fundación Fueca (controlada por la Universidad de Cádiz), o la Fundación Forja XXI.