Los casos ERE y UGT «íntimamente ligados»

Si había alguna duda sobre el poder que llegó a tener el conseguidor de los ERE, Juan Lanzas , el sumario de las facturas falsas de UGT lo deja bien claro. El «mediador» de los ERE (que estuvo siete meses en la cárcel por orden de la juez Mercedes Alaya) y que, según ese sumario, se movía por los pasillos de la Junta de Andalucía como si fuera su casa y llegó a tener llave del despacho del exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, también tuvo un papel fundamental en que el dinero público andaluz fuera a parar a los sindicatos.

Así se desprende de uno de los atestados de la Guardia  Civil a los que ha tenido acceso ABC y que asegura que el papel de Juan Lanzas como «conseguidor» de ayudas públicas «está íntimamente ligada a la obtención también de ayudas públicas para la formación de las personas afectadas por dichos expedientes de regulación, ya que la mayoría de acuerdos conseguidos entre los agentes sociales incluyen diferentes partidas de fondos públicos para planes de formación profesional para el colectivo afectado por el ERE con el fin de capacitar a los participantes para su reinserción en el mercado laboral». Concluye que se podría considerar que los cursos de formación «se encuentran íntimamente ligados a los expedientes de regulación de empleo».

Dos empresas clave

El sumario recoge que las empresas Planificación Cooperación y Desarrollo S.L. y Círculo Empresarial para la Formación, vinculadas a Lanzas , estaban dedicadas a la enseñanza y mantuvieron «importantes relaciones comerciales con UGT y federaciones afiliadas al mismo». Un informe de la Guardia Civil recogió que esas dos empresas habían tenido operaciones comerciales de 8.651.350 euros con diferentes federaciones de UGT, en especial la de Alimentación y Tabaco, y de 2.977.649 con el Servicio Andaluz de Empleo.

Dichos datos de la Guardia Civil se refieren a operaciones de varios años entre 2000 y 2010, aunque Lanzas solo estuvo vinculado a la empresa Planificación, Cooperación y Desarrollo entre febrero y abril de 2002 y a Círculo Empresarial entre mayo y agosto de 2002. Los agentes detallan que la entidad Planificación Cooperación y Desarrollo se utilizó para, a través de ella, «hacer llegar a Lanzas su comisión por la labor desempeñada a favor de la mediadora Vitalia» . Aparecen otras sociedades que formaban parte del holding de Vitalia (mediadoras de los ERE) como Travol 2007. S.L. y otras como Atrado, Servicios Inmediatos de Andalucía S.L. y Conexión en Reparto S.L. Así, la Guardia Civil sospecha que estas empresas «pudieran haber sido objeto de adjudicación de acciones formativas de manera irregular o manteniendo operaciones comerciales favoreciéndose de su relación con Lanzas o las relaciones de éste con cargos públicos o sindicales». Todo un entramado que conecta directamente los dos graves escándalos:las facturas falsas y los ERE.

La conexión entre ambos escándalos se hace más evidente si se tiene en cuenta que fue, en el seno de la investigación de los ERE, cuando la juez Mercedes Alaya decidió abrir una pieza separada sobre estos cursos pero sobre todo sobre las adjudicaciones que la Consejería de Empleo (epicentro de los escándalos) hacía de fondos públicos destinados a la formación profesional y luego remitir una parte de esa investigación al juzgado de instrucción nueve. Es ahí cuando los investigadores consideran que «determinados agentes sociales mantendrían como vía de financiación irregular la utilización de fondos para fines distintos a los que en un primer momento estaban destinados.

De hecho, Lanzas, que tuvo un pasado como dirigente sindical ya que fue secretario general de Alimentación de UGT-A desde 1997 a 2002, tiene un papel en esta trama . Según la UCO, el papel del «conseguidor » fue triple: como intermediario ante la Junta de empresas interesadas en la obtención de subvenciones públicas par sufragar los costes de los ERE, comercial «velado» de la mediadora Vitalia e «ideólogo, creador, organizador y coordinador de un entramado societario de empresas instrumentales al frente de las cuales figuraban «testaferros y hombres de paja» que les permitió introducir en el circuito financiero el dinero obtenido de forma supuestamente ilícita.