Susana Díaz mantiene en la cúpula de la Consejería de Empleo a tres altos cargos imputados

«Han dicho de mí que soy implacable. Yo no me veo así, pero os voy a decir en qué voy a ser implacable: en la lucha contra la corrupción, en la ejemplaridad política y la honestidad». Susana Díaz se estrenó con este mantra en su proclamación como candidata para suceder a José Antonio Griñán en la Presidencia de la Junta de Andalucía. Sin embargo, su discurso combativo choca contra una evidencia: la también secretaria general del PSOE andaluz mantiene en su gobierno a tres altos cargos imputados en distintas causas: el secretario general de Empleo, Antonio González Marín; el secretario general de Universidades, Investigación y Tecnología, Francisco Andrés Triguero, y la directora general de Economía Social, Angelina María Ortiz del Río. En el Pleno del Parlamento andaluz, el portavoz del PP, Carlos Rojas, le reprochó a Díaz su silencio mientras «la corrupción invade su gobierno».

Los tres son pesos pesados de la actual cúpula de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, el epicentro de todos los escándalos judiciales que asedian al Gobierno andaluz: ERE, Invercaria, fraude de formación, el caso Bahía Competitiva y el supuesto desvío de fondos públicos por parte de UGT.

Francisco Triguero está imputado por un supuesto caso de desvío de dinero público al Centro para la Investigación del Bienestar Ciudadano del Parque Tecnológico de Málaga. Sánchez Maldonado dio la cara por él asegurando que «la posible subvención irregular de la que se trata (que llevaba la firma de su subordinado) nunca llegó a materializarse».

Antonio González Marín fue repescado por el exconsejero de Economía Antonio Ávila tras cesar como presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), ente al que llegó en 2004 de la mano de la exministra de Fomento Magdalena Álvarez, imputada por prevaricación y malversación en el caso ERE. El juez instructor del accidente del Alvia de Santiago, Luis Aláez, lo ha citado a declarar como imputado por su presunta implicación en el siniestro en el que fallecieron 79 personas en julio pasado.

Además, su papel se ha visto comprometido por los sobornos detectados por la Guardia Civil en las obras del AVE Madrid-Barcelona durante su etapa al frente de Adif. La juez que instruye el caso decretó prisión sin fianza para dos cargos del ente.

Por su parte, Angelines Ortiz declaró el 25 de abril como imputada ante la juez del «caso Bahía Competitiva», que investiga una trama que supuestamente obtuvo de forma ilícita 21 millones de euros de subvenciones públicas para fomentar el empleo en Andalucía.