«Esta amnistía pone en tela de juicio la arquitectura constitucional de la democracia»

Así lo han manifestado de forma unánime los cuatro catedráticos que han participado este miércoles en las jornadas sobre la amnistía que ha organizado el Partido Popular en el Congreso. Teresa Freixes, Tomás Ramón Fernández, Enrique Gimbernat y José Manuel Vera consideran que ese perdón que ultima Sánchez no tiene encaje en la Carta Magna y atenta directamente contra la «arquitectura constitucional» del Estado de derecho.

Oposición política y órganos judiciales, han dicho, tienen mecanismos para cuestionarla ante el órgano competente, que es el TC. Los primeros, con el recurso de inconstitucionalidad; los segundos, con la cuestión de inconstitucionalidad. Esta última, que sí puede suspender la ley respecto a los procesados o condenados del procedimiento sobre el que hay dudas de aplicación, podría perjudicar paradójicamente al líder de ERC Oriol Junqueras y beneficiar al prófugo Puigdemont, ni siquiera juzgado.

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Nati Villanueva

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Ha sido el catedrático Enrique Gimbernat quien ha hecho alusión a este punto, del que informó ABC hace unas semanas. Si la Sala Segunda del Tribunal Supremo eleva esa cuestión de inconstitucionalidad al TC, la inhabilitación del condenado Junqueras seguiría vigente hasta que el TC se pronunciara. Si ese pronunciamiento llegara en meses, se podrían frustrar sus expectativas para ser candidato a la presidencia de la Generalitat.

A diferencia de los que argumentan algunos sobre la viabilidad de una amnistía porque la Constitución no la prohíbe, Gimbernat discrepa. Así se ha mostrado convencido de que al constituyente no se le «olvidó» introducir la amnistía en la Carta Magna, sino que no se introdujo porque fue rechazada su inclusión. «Si el indulto general está prohibido en la Constitución, con mayor motivo la amnistía, que borra antecedentes penales y no necesita sentencia firme», ha dicho.

También ha negado el jurista que el TC se haya pronunciado alguna vez sobre una amnistía posterior a la Constitución, por lo que es falso que «hay jurisprudencia constitucional alguna sobre este asunto». De igual forma, «y hablamos de la Constitución alemana (algunos la ponen como ejemplo), puestos a elegir me quedo con el artículo que considera inconstitucionales los partidos que pongan en peligro la integridad del país» y a los que el Código Penal castiga con una pena de cinco años. En base a esa Constitución alemana Junts, ERC ni Bildu serían inconstitucionales.

La catedrática Teresa Freixes se ha preguntado si es legítimo dictar una amnistía con el objetivo de desjudicializar la política y mucho menos para favorecer a personas concretas. «Necesitamos siete votos, todo lo demás es palabrería», ha dicho. Para Freixes la amnistía no tiene encaje en la Constitución, primero por la voluntad del constituyente, que la rechazó de plano en el debate de las enmiendas en el Congreso y en Senado; y segundo, porque la justificación de que hay que desjudicalizar el 1-O, que esos hechos nunca tenían que haber llegado a los tribunales, «quiebra todas las garantías del Estado de derecho».

«Lo que se está diciendo es que se mire para otro lado, lo que pone en tela de juicio toda la arquitectura constitucional de la democracia». Para la jurista, la amnistía puede ayudar cuando se ha resuelto un conflicto político, como se hizo en el año 77. «Pasar de una dictadura a democracia vale, pero aquí pasar de democracia a qué», se ha preguntado.

Sobre la inconstitucionalidad de la amnistía, José Manuel Vera ha hecho hincapié en que el problema «no es la amnistía en abstracto sino esta amnistía», que es en realidad una «compraventa».

Como Gimbernat, discrepa también Vera con los que defienden que como la Constitución no prohíbe la amnistía, es posible regularla. «Si se prohíben los indultos generales se tiene que prohibir lo que va mucho más allá; esto es como si decimos que como la esclavitud no está en la Constitución, se puede recoger en una ley«. A su juicio, es necesario hacer una interpretación sistemática de la Carta Magna, cuyo artículo 14, por ejemplo, garantiza la igualdad de todos los españoles. «¿Que quiere usted regular la amnistía? Regúlela en la Constitución porque si no se está atentando contra el Estado de derecho» como ha alertado el Consejo General del Poder Judicial, cuyo derecho a hacer la declaración institucional del lunes ha defendido el jurista.

Vera ha aprovechado también para desvincular al Rey de «este tinglado», en referencia a quienes opinan que está en sus manos detener el atropello y no firmar la ley: «El Rey tiene sus tareas y esta no es una de ellas. Hay un problema en la calle y lo tenemos todos», ha señalado.

Por su parte, Tomás Ramón Fernández el mero hecho de que se esté discutiendo este asunto es indicativo de que «no se puede hacer, porque nadie discute que se multe a alguien por haberse saltado un semáforo»: en ese caso está «clarísima» la sanción y nadie debate nada.

«Los ciudadanos podemos hacer lo que no está prohibido y el poder público lo que le está expresamente permitido. Esto es elemental. Y al poder legislativo no se le ha atribuido el amnistiar. El constituyente sabía de lo que hablaba y no la la quiso incluir porque sí lo hizo con el indulto».

En su opinión, es «evidente» que no cabe la amnistía porque el hecho de que se puedan borrar las normas legales con arreglo a las cuales se dictaron esas sentencias «constituye una excepción al principio de separación de poderes». Pero es que además resulta «contradictorio» que se recurra a la Constitución para amnistiar precisamente «a quienes la atacaron».

«Diga lo que diga la ley y digan lo que digan para explicar la decisión adoptada, aquí ha habido un trato a cambio de siete votos, y eso es un trato ilícito que no justifica el ejercicio del poder, que es arbitrario porque no está debidamente justificado en términos razonados y porque beneficia además a quien promueve la amnistía», ha dicho.