Amedo pedirá la amnistía para los GAL si el Gobierno la otorga a los secesionistas

Así lo ha sabido ABC y lo ha confirmado el propio Amedo: «De aprobarse la ley de amnistía totalmente politizada me acogeré a esta norma por considerar que todos los delitos por los que fui juzgado y condenado fueron políticos y de Estado, porque cumplía órdenes de un gobierno socialista para crear y activar los Grupos Antiterroristas de Liberación para atacar a los miembros de ETA en su refugio vasco francés», ha dicho a este diario en conversación telefónica.

El ex subcomisario de la Policía ha declinado ofrecer más explicaciones, salvo el hecho de que «si algún partido quiere proponer una comisión de investigación, estaré dispuesto a narrar lo que ocurrió esos años».

Además, fuentes del entorno de Amedo sostienen que la aprobación de una ley de amnistía para los sucesos en Cataluña desde el año 2014 puede ser una primera piedra para una de las pretensiones de otro socio del PSOE de Pedro Sánchez, EH Bildu. De momento Arnaldo Otegi sabe que una amnistía para los condenados de ETA sería difícilmente digerible en el electorado español, «pero viendo cómo están metiendo la de los catalanes en la opinión pública, no hay que descartarlo en unos años», dicen las mismas fuentes. «A los etarras les dan viviendas y sueldos en el País Vasco y les hacen homenajes, y a Amedo, que cometió terrorismo pero ordenado por el Estado, lo dejaron tirado», añaden.

José Amedo Fouce fue condenado a un total de 118 años y dos meses de cárcel en dos sentencias. La principal, dictada en 1991 por la Audiencia Nacional y confirmada por el Supremo, le supuso 108 años y ocho meses por seis delitos de asesinato frustrado, además de asociación ilícita, entre otros. Después sería condenado a nueve años y seis meses en el sumario de caso Marey, el secuestro del ciudadano francés Segundo Marey, un viajante de comercio que fue confundido con un miembro de ETA.

Amedo se encuentra actualmente en libertad y con las penas cumplidas en su totalidad (los máximos legales).

El caso Marey supuso la condena por acciones de los GAL del político de mayor rango, el exministro del Interior José Barrionuevo, que asumió una sentencia de diez años de prisión y doce de inhabilitación por dicho secuestro. También ingresó en prisión con la misma pena quien fuera su segundo en el ministerio, Rafael Vera, exdirector general de la Seguridad del Estado.