Grietas en la seguridad en el nuevo contrato de Defensa para traductores de militares ucranianos

Con todo, según las fuentes consultadas por ABC, lo más preocupante es que el concurso, sensible porque para poder hacer su trabajo los traductores que contrate esa empresa tienen acceso a cursos en los que se imparten técnicas militares, adoleció de la exigencia de garantías de seguridad a los candidatos.

En buena parte de los países de la OTAN son los propios militares de cada uno de sus ejércitos los que hacen de traductores, lo que sin duda garantiza el mayor nivel de seguridad. España también lo hizo así en un principio, por ejemplo con personal de la Base Aérea de Zaragoza que en octubre de 2022 impartió un curso de instrucción a un contingente de ucranianos.

Sin embargo, Defensa decidió externalizar ese servicio a partir de entonces y contrató a una empresa, Ofilingua, que ha trabajado en este proyecto hasta finales del año pasado. Esta sociedad tenía varias ventajas: había trabajado ya con las Fuerzas de Seguridad a plena satisfacción, por lo que era de sobra conocida; permitía que el Ministerio de Defensa testase de forma previa a cada traductor, de modo que si el perfil de alguno de ellos suscitaba dudas desde el punto de vista de la seguridad, como sucedió en dos ocasiones, se les podía rechazar; y además el empresario es español y se mostraba muy colaborador con todo lo que se le planteaba en esta materia.

Lo primero que hay que dejar claro es que desde el punto de vista administrativo el concurso resuelto en diciembre pasado fue impecable. El principal criterio de valoración era el económico, que pesaba un 80 por ciento, mientras que el 20 por ciento restante dependía de otras dos variables. Oncall Europa fue la ganadora, con un total de 115 puntos, seguida de Eulen y Ofilingua, que sin embargo ha decidido impugnar el concurso al sentirse perjudicada.

Oncall Europa, como se ha señalado, se constituyó en septiembre de 2022 con un capital social de 3.000 euros, su objeto social es «actividades de traducción e interpretación» y tiene su sede social en Pozuelo (Madrid). Comenzó a operar en noviembre de ese mismo año, a finales de diciembre no tenía empleados y como socio y administrador único figura una persona de origen libanés.

Al margen de la adjudicación del contrato de Defensa, el único que había firmado Oncall Europa hasta entonces es uno rubricado un mes antes, en noviembre de 2023, con la Comandancia de la Guardia Civil de Tarragona por cerca de 50.000 euros para prestar servicios de traducción. Además, la empresa fue expulsada en septiembre de dos concursos públicos, uno de ADIF y otro de la Comunidad Valenciana, por haber incurrido en baja temeraria -presentó una oferta económica excesivamente baja- sin poder acreditar cómo podían hacer el trabajo ofertado a ese precio tan reducido.

En cuanto al socio y administrador único, ha trabajado en la Agencia de Asilo de la Unión Europea, asegura haber prestado sus servicios de traductor a altas personalidades del Estado, incluidos el Rey Juan Carlos, José María Aznar o José Luis Rodríguez Zapatero, y afirma haber colaborado con varios medios de comunicación extranjeros.

También llama la atención el hecho de que detrás del libanés propietario de Oncall Europa esté una persona de nacionalidad australiana y chipriota, domiciliado en Londres y propietario de cuatro Oncall Group en otros tantos países, que es el que al parecer aporta el músculo financiero. En la página web de Oncall Group no se hace mención alguna a España y se afirma que son especialistas en traducciones para policías, juzgados y procesos de emigración. También se alude a la Agencia de Asilo de la Unión Europea para la que asegura haber trabajado el dueño de la empresa adjudicataria del concurso de Defensa.

Al margen de estas cuestiones, algunas de ellas sin duda llamativas, las fuentes consultadas por ABC llaman la atención sobre las grietas de seguridad que se abren con este contrato millonario y la forma en que se ha hecho el concurso. La primera, como ya se ha señalado, es la externalización de ese servicio de traducción a una empresa que no ha pasado por un control previo para garantizar que no tiene relaciones con determinados actores que pueden ser una amenaza para España. Además, la adjudicataria no está obligada a admitir esos exámenes de los traductores para evitar el riesgo de infiltraciones. Hay que tener en cuenta que en nuestro país operan servicios de Inteligencia hostiles que pueden aprovechar esta relajación en las medidas de seguridad para intentar captar a personas que dan este servicio.

La falta de control de los traductores supone un peligro claro también en otro sentido, según las fuentes consultadas. Entre las materias que se imparten a los soldados ucranianos en los cursos de instrucción hay algunas inocuas a efectos de seguridad, pero otras, por ejemplo todo lo relacionado con los explosivos, que sí pueden ser aprovechadas por grupos terroristas o de delincuencia organizada.

El traductor está presente en el curso y traslada a los soldados ucranianos las explicaciones que dan los militares españoles, de modo que aunque no lo quiera esa persona, civil y sobre la que no hay control alguno previo, adquiere también unos conocimientos que pueden ser aprovechados por esas organizaciones. Saber quiénes son, conocer su perfil, es por tanto imprescindible para poder prevenir riesgos.

Las fuentes consultadas consideran que una de las soluciones para que no se vuelva a repetir algo así es que no se haga publicidad en este tipo de concursos en los que entran en juego factores de seguridad que van más allá de lo que es una simple licitación.

Desde el principio, la contratación de empresas para que prestaran servicios de traducción en el marco de la operación de adiestramientos de soldados ucranianos en territorio español han estado envueltos en la polémica. La verdad es que fuentes de Defensa consultadas por ABC explican que la mejor solución para acabar con este tipo de situaciones sería que fueran los propios militares los que ejercieran esta función, primero porque sería mucho más barato y en segundo lugar porque los riesgos de fugas indeseables de información serían mucho menores.

Esto es lo que sucede en la mayor parte de los países de la OTAN, en los que se ve con cierto escepticismo que haya traductores civiles que estén presentes y jueguen un papel esencial en los cursos de adiestramiento e instrucción, en los que se abordan temas delicados como es todo aquello relativo a los explosivos.

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La primera empresa que en España hizo este servicio fue Ofilingua, que fue contratada por Defensa. En enero del año pasado firmó con esta empresa un contrato de un año por 1,2 millones de euros. En ese momento hubo críticas porque los traductores contratados no tenían por qué tener una titulación oficial, sino simplemente soltura y fiabilidad en la expresión y comprensión oral.

Sin embargo, esta empresa presentaba indudables ventajas. Primero, que es española; y segundo, y mucho más importante, que al haber trabajado antes para las Fuerzas de Seguridad había más garantías de que no se produjeran incidentes de seguridad con los traductores que contrataba. Además, y eso sí que era muy importante, el empresario permitía al Ejército analizar el perfil de los empleados antes de que accediesen a un recinto militar, hasta el punto de que en el periodo de vigencia del contrato se hicieron un centenar de entrevistas rechazándose a un par de candidatos por no ser idóneos.

Todas esas circunstancias hacían que más allá de que los traductores tuvieran titulación o no, algo irrelevante para el trabajo que iban a hacer, había mucha confianza en la empresa contratada.