Reunión en Bruselas
Albares busca ganar tiempo en la UE con las exigencias de los secesionistas sobre las lenguas de sus regiones
El ministro de Exteriores en funciones acude este martes a la capital europea para intentar poner el catalán, el euskera y el gallego al mismo nivel que el castellano o el inglés
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Los países miembros de la Unión Europea tienen que decidir este martes en el Consejo de Asuntos Generales la petición formal del Gobierno español para incluir el catalán, el euskera y el gallego en la lista de lenguas oficiales de la UE. La propuesta ha sido presentada de forma abrupta aprovechando la circunstancia de que España ejerce actualmente la presidencia rotatoria del Consejo, pero es poco probable que sea aprobada, porque necesita forzosamente la unanimidad. España solo ha recibido el apoyo expreso de Portugal, mientras que Suecia o Finlandia ya han adelantado que no lo ven con simpatía. El resto de países tienen opiniones diversas, aunque una mayoría duda sobre su viabilidad económica.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, asistirá personalmente a esta reunión, que empieza a las 10.00 y en la que habitualmente se sientan los responsables de asuntos europeos de los países. El hecho de que se haya incluido este asunto en el orden del día sin la menor preparación previa hace prever que como mucho se decidirá abrir un periodo de reflexión para estudiar las posibles consecuencias legales, económicas y técnicas.
Para intentar convencer a los países reticentes, España se ha ofrecido a correr con todos los gastos que pudiera ocasionar la inclusión de tres nuevas lenguas oficiales, pero no parece que eso sea suficiente para aplacar las suspicacias. El pasado viernes, en la reunión preparatoria de los embajadores (Coreper) intervinieron al menos 14 países para decir que tenían dudas sobre las consecuencias financieras,políticas o prácticas: Otros han pedido un informe de los servicios jurídicos del Consejo para determinar si las pretensiones del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez para contentar a los independentistas tienen encaje en las previsiones del Tratado de la UE.
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El principal argumento de España se basa en el artículo 55.2 del Tratado que permite traducir este texto «a cualquier otra lengua que determinen los Estados miembros entre aquellas que, de conformidad con sus ordenamientos constitucionales, tengan estatuto de lengua oficial en la totalidad o en parte de su territorio». Sin embargo, en el Reglamento 1/58 que rige el régimen lingüístico en la UE se dice claramente que «por lo que respecta a los Estados miembros donde existan varias lenguas oficiales, el uso de una lengua se regirá, a petición del Estado interesado, por las normas generales de la legislación de dicho Estado», lo que está previsto para países que no tienen una lengua común, como es el caso de España.
Con todo, fuentes gubernamentales confían en que, dado que ningún país se ha opuesto frontalmente, al menos esperan que el asunto sea remitido a un periodo de reflexión y estudio, lo que dejaría abierta la puerta a una posible aprobación más adelante.
En 2005, el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodriguez Zapatero, ya intentó contentar a los nacionalistas catalanes tratando de lograr la oficialidad de las lenguas cooficiales (en aquel caso se incluyó expresamente el valenciano como una lengua aparte), pero no logró más que un compromiso simbólico que no contentó a nadie y que no ha sido utilizado en realidad.
En el Parlamento Europeo, el grupo socialista ha presentado la misma petición, pero los eurodiputados han preferido esperar a ver qué deciden los países en el Consejo, antes de entrar ellos mismos en un debate que también es muy divisivo.
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