La amnistía es corrupción
La ley de amnistía es un pacto entre el Gobierno y los delincuentes que desoye cínicamente a la Comisión de Venecia y se salta el Código Penal
Ley de amnistía: las claves y los cambios del acuerdo del PSOE, Junts y ERC
![Carles Puigdemont interviene en un acto.](https://s2.abcstatics.com/abc/www/multimedia/espana/2024/03/07/carles-puigdemont-kxzF-U601435662856N9G-1200x840@diario_abc.jpg)
¿Alguien esperaba algo distinto? Esta semana de la infamia se ha cumplido a rajatabla la manera de hacer las cosas de este Gobierno y del corruptor de la democracia que está a su frente. El lunes no iba a haber ninguna modificación en la ... ley de amnistía. Solo 48 horas después, se anunciaban como si nada los cambios para acomodar todas las exigencias de Junts. Carles Puigdemont, fugado de la Justicia e investigado por terrorismo, se impone de nuevo a Pedro Sánchez.
Y no son menores esos cambios para completar el trágala: la nueva ley no es la que pasó por el Congreso. Ahora se refleja lo que quería Puigdemont sobre los delitos de traición, malversación y terrorismo: ignorar lo que establece el Código Penal y acogerse a vaguedades europeas e internacionales para que el traje quede a la medida. Además, el periodo temporal de la amnistía –otra exigencia del fugado de Waterloo– se amplía, para cubrir los delitos cometidos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023.
El PSOE no ha tenido inconveniente, al perpetrar este golpe, en mezclar sus siglas con las de ERC y Junts en el comunicado del miércoles. La enmienda transaccional que respalda los cambios está amparada por la mayoría Frankenstein.
Desde mi punto de observación europeo, afirmo que proteger el Estado de derecho no tiene nada que ver con conseguir los votos necesarios a cualquier precio para mantenerse en el poder. Ese Estado de derecho está al servicio de los ciudadanos, del interés general, no de los gobernantes y sus necesidades. Que un Estado sea de derecho significa que tiene que haber separación de poderes. Que el poder judicial sea igual para todos. Que no haya privilegios para los que violan las leyes.
Este Gobierno que funciona gracias a la corrupción política, que está acosado por la corrupción económica del escándalo Koldo-Ábalos y tocado por el fracaso electoral de Galicia, protege su mayoría parlamentaria con las concesiones al independentismo y tiene la desfachatez de presentar la maniobra de violación de la igualdad de los españoles y de desgaste del Estado de derecho como un monumento a una pretendida reconciliación.
Este Gobierno va dinamitando puente a puente lo que significa el Estado de derecho. Porque si los indultos dan igual, y sabotear un aeropuerto da igual y la amnistía da igual y contratar a una trama por compras falsas de mascarillas da igual, al final ya da todo igual y hemos dejado de vivir en una democracia de la Unión Europea.
A mí no me da igual. Podemos debatir sobre si debe haber más o menos impuestos o si podemos mejorar la sanidad, la educación e incluso el sistema de carreteras. Pero no podemos someter a debate si los dirigentes políticos gobiernan para el interés general controlados por un poder judicial independiente o gobiernan para sí mismos.
El Estado de derecho es clave para la España de la Constitución del 78, para su democracia. También para la Unión Europea, porque es la piedra angular de los tratados constitutivos y el requisito para cualquier país que quiera formar parte de ella. Tener esto claro es fundamental para reflexionar sobre el futuro de esta ley de Amnistía, porque hay ya mucho camino recorrido en materia de protección de ese Estado de derecho por parte de las instituciones europeas y, en particular, por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), y lo sabe bien el anterior Gobierno de Polonia.
Los Estados miembros tienen la obligación de garantizar y respetar la independencia de jueces y tribunales ante el Legislativo y el Ejecutivo. Esa garantía implica que los jueces están protegidos frente a intervenciones o presiones directas, y también frente a otros tipos de influencia indirecta que puedan condicionar sus decisiones. En tercer lugar, se consolida la cuestión prejudicial como una herramienta al alcance de los jueces nacionales cuya independencia se vea amenazada por los poderes ejecutivo o legislativo.
Volvemos a España. Los jueces o tribunales que tengan que aplicar la ley de Amnistía podrán buscar amparo en el TJUE en caso de que identifiquen que la norma socava el Estado de derecho y su independencia. Esa ley priva a jueces y tribunales de ejercer en exclusiva la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado que les confiere el artículo 117 de la Constitución. A diferencia del indulto, la amnistía no sólo se aplicará a casos ya juzgados y sentenciados, sino que obligará archivar cualquier procedimiento judicial en curso en relación con los hechos delictivos amnistiados.
Finalmente, y esto es muy importante, la ley prevé obligar a los jueces a dejar sin efecto todas las medidas cautelares adoptadas en relación con los hechos amnistiados, así como las órdenes nacionales de detención y las euroórdenes, incluso cuando se planteasen cuestiones de constitucionalidad o prejudiciales.
La ley de Amnistía es una ley de la impunidad dirigida contra los jueces. Se ha negociado con los que se benefician de ella y pulveriza la igualdad entre los ciudadanos españoles. Es un pacto entre el Gobierno y los delincuentes que desoye cínicamente a la Comisión de Venecia y se salta el Código Penal.
El PSOE, en la espiral sin freno de desprecio a la verdad, dice que es todo impecable y que la reconciliación está ya resuelta. Junts, que suele decir la verdad, aclara el panorama: «Esta ley no soluciona el conflicto político. Nuestro objetivo de conseguir la independencia sigue tan vivo como el 1 de octubre de 20127. Tenemos la amnistía, ahora vamos a por la autodeterminación». Solo le ha faltado decir a Jordi Turull, número dos de Junts: gracias por los servicios prestados.
No nos engañemos: esto solo lo pueden parar los españoles con la construcción de un frente amplio que vaya desde la sociedad civil hasta la oposición política –pasando por Bruselas y las instituciones europeas—que permita un cambio en nuestro país.
Tenemos todos una responsabilidad histórica para hacer caer a Pedro Sánchez y salvar el Estado de derecho y la democracia.
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