Tratado de amistad Francia-España: un acuerdo en el que Sánchez primó la foto con Macron sobre el recorrido legal

El problema, para él y para el país, es que la cláusula incluida en el tratado que permite la presencia de un miembro del Gobierno francés en las reuniones del Consejo de Ministros no está contemplada en el ordenamiento y afecta al secreto de deliberación que rige en los cónclaves semanales que celebra el Ejecutivo a los que solo acceden el presidente y sus ministros.

Letrados de las Cortes alertan del peligro de filtraciones por la presencia «extraña» de extranjeros en estas reuniones en las que se tratan los asuntos más sensibles del país. Además, en el cambio normativo introducido a través de la Ley de Eficiencia de la Justicia -por cierto, recurrida en parte por el PP tras haber observado que el Gobierno hizo cambios significativos en ella tras haber sido publicada en el BOE- no se hace referencia explícita al estatus de las personas que el Gobierno de Francia puede enviar a estas reuniones del Consejo de Ministros ni el papel que puedan desarrollar dentro de las mismas, si será solo como observadores o podrán, en un momento dado y dependiendo del asunto que se trate, expresar de alguna manera su opinión. «No existe la figura del oyente en nuestro ordenamiento jurídico», señalan los letrados consultados.

Con la nueva redacción para dar cabida a esta cláusula en el ordenamiento jurídico, España no solo da luz verde a la presencia de dirigentes franceses en el Consejo de Ministros, sino que abre la puerta a que pueda haber políticos de otras nacionalidades si se firma un tratado similar con otros países del entorno. Francia, por ejemplo, los tiene con Italia o Alemania. «Este cambio es el camino para que cualquier extranjero pueda ejercer derechos políticos y, por tanto, ser un cargo del Gobierno», alertan los letrados consultados.

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Un extremo que no está contemplado en la Constitución, que establece con claridad que solo los ciudadanos españoles tendrán «derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos», explica el artículo 23. De ahí que la ratificación del tratado exija, según expertos consultados, una reforma de la Carta Magna que el Gobierno no está dispuesto a llevar a cabo, entre otras cosas, porque no han hablado con el PP para llevarla a cabo.

En definitiva, un embrollo político más que nace de la falta de previsión de un Ejecutivo más pendiente de hacerse fotos que de sopesar los términos de un tratado que ha enturbiado las relacionescon París en lugar de fortalecerlas.