La Abogacía del Estado tratará este miércoles de imputar la filtración del novio de Ayuso a Miguel Ángel Rodríguez

Mano derecha de Ayuso y blanco de las críticas del Gobierno -precisamente ayer, a veinticuatro horas de su declaración, el PSOE inició una particular ofensiva contra él denunciándole por una revelación de secretos que data de diez meses atrás-, la declaración de Rodríguez se enmarca en la estrategia de la defensa que ejerce la Abogacía del Estado para imputarle a él la filtración y despejar así la sombra de la sospecha sobre el fiscal general y la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid.

No en vano su declaración testifical, como la de ocho periodistas, ha sido solicitada precisamente por los servicios jurídicos del Estado. Y, como testigo, tiene la obligación de decir la verdad.

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La defensa de García Ortiz y de Pilar Rodríguez tratará así de demostrar que la filtración de los correos relativos al procedimiento fiscal abierto a Alberto González Amador -pareja de la presidenta madrileña- partió de Miguel Ángel Rodríguez y que así lo demuestra el hecho de que 'El Mundo' citara fuentes próximas a la defensa cuando publicó antes que nadie la información relativa a esa supuesta conformidad. Eran las 21.29 horas del 13 de marzo y a esa hora ni el fiscal general ni su subordinada habían conseguido recopilar todavía los correos que les mandaría el fiscal Julián Salto, a quien aquella noche Pilar Rodríguez llegó a sacar de un partido de fútbol instándole a que le enviara esa documentación.

«La referencia temporal es un elemento esencial en la presente causa, por lo que resulta esencial conocer el momento temporal concreto en el que [los periodistas] pudieron conocer esa información», señala la Abogacía del Estado en el escrito en el que pidió, entre otras, la testifical de Miguel Ángel Rodríguez. En este sentido sostiene que 'El Mundo' y la Sexta «tuvieron acceso al contenido del correo electrónico de 2 de febrero de 2024 [el de los datos de carácter reservado] con anterioridad» a que los imputados lo tuvieran en su poder», por lo que «es razonable pensar que, a la vista de sus respectivas publicaciones, la misma fuente comunicara ese correo electrónico al resto de periodistas cuya citación se solicita». Y esa fuente es para la Abogacía del Estado Miguel Ángel Rodríguez, a quien atribuye la filtración sesgada -un «bulo», la llamó García Ortiz y así la tildan desde el Gobierno- en virtud de la cual el fiscal del caso, Julián Salto, ofreció al abogado de González Amador un pacto para evitar el juicio, cuando en realidad fue la defensa de la pareja de Ayuso la que aceptó la comisión de dos delitos fiscales a cambio de no ir a juicio.

«Esa noche, a las 22.41 horas, desde la cuenta de la red social X de don Miguel Ángel Rodríguez, se publicó el siguiente bulo cuya autoría no ha sido desmentida hasta la fecha por aquel: 'Resumen de la locura de hoy, la Fiscalía ofrece por email un acuerdo al señor González; antes de que pueda responder, la misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes de arriba para que no haya acuerdo y, entonces, vayan a juicio'», reproduce la Abogacía del Estado.

El 17 de octubre, un día después de que el Supremo abriera diligencias al fiscal general, Rodríguez ahondaba en el asunto en su cuenta de la misma red social: «Aclaremos: si doy información con copia de un email oficial de la Fiscalía en el que se propone un acuerdo con González Amador, ¿dónde está el bulo? Si se demuestra que el fiscal general paró la operación y se negó al acuerdo, ¿dónde está el bulo? República bananera con B de Begoña».

Los servicios jurídicos del Estado quieren que Miguel Ángel Rodríguez esclarezca en concreto a qué correos electrónicos tuvo acceso, quién le facilitó ese acceso o le informó de su contenido, si difundió información relacionada con el contenido de los correos y, en ese caso, a quién y en qué consistió y si conoce qué personas conocían el contenido de aquellos correos antes de las 21.54 horas del pasado 13 de marzo.

A su juicio, se trata de una diligencia «a todas luces pertinente y útil a fin de determinar el círculo de personas qué razonablemente pudieron difundir el contenido de los correos electrónicos objeto de este procedimiento». Y, a efectos que sin duda, incumben a García Ortiz, recuerda que «cuando se revela un secreto, y más aún si el destinatario de lo revelado es un profesional de la información, el secreto o la información reservada ha dejado ya de serlo».