Una treintena de diputados del PP denuncian las «injurias» del Gobierno en su uso partidista del BOE

Los hechos se remontan al pasado 23 de abril, cuando en el BOE se publicó la Ley Orgánica 5/2021, que deroga el artículo del Código Penal que incluía las penas de cárcel entre los castigos a los piquetes violentos de las huelgas . El preámbulo de la ley acusa directamente al Ejecutivo del Partido Popular de iniciar, «con la crisis como oportunidad», un «proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno».

Parte de los diputados que apoyaron ese Gobierno son los que ahora dirigen esta carta a Sánchez. En ella, señalan que esas palabras no tienen precedente en nuestra tradición legislativa y suponen «una falsedad» y «la más grave de las ofensas» , por lo que se niegan a consentirlas: «Nos sentimos profundamente injuriados y también indignados, porque en todo momento hemos respetado el juramento que hicimos de defender la Constitución y el sistema de libertades que ampara».

Para empezar, recuerdan que «el reproche penal de la coacción al ejercicio del derecho al trabajo estaba ya contemplado en el Código de 1995», cuando gobernaba Felipe González, pero añaden que «la falsedad de la acusación se ve agravada por el hecho, sin precedentes en nuestra democracia, de que tal valoración se incorpore a un texto normativo del máximo rango». «El salto que ha dado su Gobierno y la mayoría parlamentaria que lo sustenta rompe todas las reglas y convenciones que nos hemos dado desde la Transición y, de no corregirse, tiene consecuencias de suma gravedad», advierten a Sánchez.

Los signatarios de la misiva defienden que la modificación de las leyes mediante la actividad parlamentaria «forma parte de la sana alternancia en una democracia pluralista», pero también que «el sistema democrático reclama ámbitos de entendimiento de los partidos leales a la Constitución».

«La gravísima acusación de liberticida a un partido político que ha ejercido el gobierno en nuestra Monarquía parlamentaria, con pleno y leal acatamiento a la Constitución, durante tres lustros, estampada en el Boletín Oficial del Estado con la firma del Rey, no puede pasarse por alto y tiene que ser reparada» , expresan. Para ello, reclaman que las Cortes Generales aprueben la eliminación de esas palabras del preámbulo. «La infamia no debe tener cabida en nuestra vida política y en nuestro sistema de convivencia», zanjan.