La trama Púnica resurge donde comenzó con Granados

De hecho, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de esta localidad ha abierto una investigación tras recibir una denuncia y unas grabaciones en la que un empresario sostiene que desde el ayuntamiento que encabeza Sergio Parra, el edil más importante que tiene Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, y con el que se reunió, le solicitaron una comisión de 30.000 euros para lograr permisos municipales que le permitieran organizar un festival de música. De momento han declarado ante la juez tres personas vinculadas al Ayuntamiento, todas como testigos.

«El señor R me dice que estos trabajos hay que pagarlos, determinadas personas del ayuntamiento me están diciendo 20 o 30.000 euros para dar a unos y a otros... Y este evento nos está buscando la ruina». Éste es un fragmento de la grabación que obra en poder del juez, en el que el empresario, José Luis Gómez, habla de un presunto conseguidor, el «señor R», que respondería al nombre de Rubén, un tipo vinculado tanto al actual alcalde como a David Marjaliza, quien fuera el número dos de la trama Púnica y actual colaborador de la Fiscalía Anticorrupción. Fuentes consultadas por este diario lo identifican como un «conseguidor».

La investigación tiene su origen en una llamada que recibió el exalcalde de Valdemoro y actual portavoz del Grupo municipal Socialista, Serafín Faraldos, el 24 de agosto del año pasado. Su interlocutor era, según la denuncia presentada ante la Guardia Civil un mes después, un empresario de nombre José Luis al que no conocía y que deseaba hacerle partícipe de unos hechos relativos a un evento musical que iba a celebrarse en la localidad madrileña, una sucesión de conciertos durante varios meses en el recinto ferial.

El político se reunió con el promotor y este le manifestó «que existe una red de comisionistas los cuales le solicitan una serie de comisiones para la realización de dicho evento». El atestado de la Guardia Civil remitido a la juez recoge el relato de Faraldos: «Que desde Urbanismo informan a José Luis que para la realización del evento debe realizar el pago a una serie de personas de 30.000 euros más el 5 por ciento de los beneficios más la explotación de la barra de los bares ya que según le comentan a José Luis, hay varios empresarios más interesados en la ocupación del recinto ferial (dichas solicitudes tienen entrada un día antes de la solicitud del empresario que se entrevista con el denunciante)».

El exalcalde del municipio donde se inició la trama Púnica continúa su relato en la denuncia, según la transcripción de la Guardia Civil : «El empresario José Luis manifiesta al denunciante que se reúne con el alcalde de Valdemoro, así como un tal Rubén, y en dicha reunión tanto el alcalde como Rubén le comunican que para realizar el evento debe pagar la cantidad de 30.000 euros a Urbanismo así como más comisiones a una serie de personas».

El denunciante entregó en el cuartel dos audios : la grabación íntegra de la cita con el empresario y otro más corto correspondiente a una llamada telefónica. La Guardia Civil remitió la denuncia y las grabaciones a los juzgados de Valdemoro, donde se abrió una investigación sobre «delitos sin especificar». La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 citó como testigo a Faraldos, que el pasado 13 de diciembre ratificó ante la magistrada la denuncia presentada en el cuartel de la Guardia Civil tres meses antes. El exalcalde relató a la juez que, pese a que el evento de «macroconciertos» estaba en marcha e incluso se había publicitado, había comprobado que en el Ayuntamiento no había «rastro de licitación de esas empresas» ni un «expediente de concesión de explotación, que es lo que marca la ley». Ante las sospechas, puso los hechos en conocimiento de la tesorera y la interventora del ayuntamiento.

El empresario José Luis Gómez comienza su relato al exalcalde diciéndole que lo citaron en el ayuntamiento y le informaron de que, justo un día antes que él , «unos empresarios de aquí» habían presentado una solicitud para utilizar el mismo espacio público, y «nos dicen que lleguemos a un acuerdo con ellos». Uno de esos empresarios sería «una pantalla de David Marjaliza», según la observación que hace Serafín Faraldos.

El promotor musical relata a Serafín Faraldos que se reunió en la misma cita con el actual alcalde, Sergio Parra, «que nos promete que tendremos todos los permisos» y con el misterioso «señor R». En otro encuentro posterior, éste le habría enseñado a José Luis Gómez «un mensaje que le envió el alcalde en el que le decía que podemos anunciar el evento, que sale, que sólo está el problema del secretario pero que ya está». Después de esto es cuando «el señor R» le hace la petición de entre 20 y 30.000 mil euros para «la gente de Urbanismo».

El promotor musical también cuenta que mantuvo negociaciones con los empresarios que habían reservado el mismo espacio, relativas a entregarles una cantidad similar y «más el 5% de los beneficios», y que lo hizo «auspiciado por el ayuntamiento». José Luis Gómez reconoce que puso estos hechos en conocimiento de Raquel Cadenas, teniente de alcalde, quien le reprochó que «negociaran el suelo público». «¡Pero si me has dicho que nos pongamos de acuerdo!», respondió el promotor.

«Aquí están muy mal acostumbrados de los púnicos, del PP, nos enteramos de que el señor R tuvo que ver con la Púnica, pones su teléfono en Google y sale en las escuchas...», añade.

José Luis Gómez asegura que no llegó a pagar y que tiene miedo porque «me han dicho que cuidado con el Rubén éste, que es como la Cosa Nostra».

Apenas unos años después de la detención de Granados, en 2014, los investigadores de la titánica trama Púnica comenzaron a recibir llamadas y mensajes en los que les alertaban de que las mismas prácticas presuntamente corruptas estaban a la orden del día en Valdemoro, según fuentes consultadas por ABC. Un paso fundamental en este sentido ha sido la imputación de Montserrat Pacheco, jefa del servicio jurídico del área de Urbanismo e identificada en la grabación entregada a la Guardia Civil como una de las personas que se reúnen con el promotor musical.

Se trata de la funcionaria que supervisaba el área clave de la trama corrupta, el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) ya en tiempos de Granados. Su caso es paradigmático, porque tras el estallido de la investigación se convirtió en colaboradora e interlocutora directa con la Policía Judicial. Con el paso del tiempo, Anticorrupción comenzó a sospechar de su forma actuar, hasta el punto de descubrir que, deliberadamente, no entregaba documentación que la podía comprometer. Era la que «trazaba las líneas» de la revisión del PGOU, por lo que ejercía un gran control del desarrollo urbanístico. Según fuentes de la investigación, se convirtió en la «cabecilla» de la trama «post-Granados/Marjaliza» . A instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 la citó a declarar como investigada junto a otra funcionaria municipal el pasado 15 de febrero. La comparecencia fue suspendida por alegaciones de motivos de salud, por lo que el juez y la Fiscalía aún no han podido tomarle declaración.