Los socialistas dejan las libertades públicas fuera del pacto para la reconstrucción

Si no hay consenso en cuestiones tan trascendentales como el calendario, el método de trabajo o las comparecencias, los partidos de la coalición tendrán la última palabra.

Tampoco contribuyó a elevar el clima de cohesión el plan de trabajo elaborado por los socialistas y repartido a los grupos de la oposición el martes por la tarde. El documento, al que ha tenido acceso ABC, vuelve a dejar fuera una de las principales reivindicaciones de los populares: la inclusión de las libertades públicas.

En pleno debate sobre la presunta aplicación abusiva del estado de alarma, el PP considera necesario que uno de los ejes de la reconstrucción nacional sea un pacto que blinde las libertades de los ciudadanos . Esta demanda fue planteada hace semanas por la portavoz popular, Cayetana Álvarez de Toledo, a los socialistas pero estos miraban hacia otro lado. Su plan de trabajo preliminar confirma ahora que no tienen intención alguna de abordar esta cuestión. El citado documento establece que «los grandes aspectos a tratar serán cuatro»: sanidad, reactivación económica, políticas sociales y Unión Europea.

Dentro del bloque sanitario, la idea de la coalición es orientar los trabajos hacia el reforzamiento del Sistema Nacional de Salud y la fijación de las condiciones que deben existir en las residencias de mayores, aunque éstas son de competencia autonómica. En cuanto al debate económico, pretende que la comisión fije «los pilares en que deberá sustentarse la reactivación y la modernización del modelo productivo». Entrarán aquí propuestas para la educación, la ciencia y la investigación.

En cuanto al apartado de políticas sociales, el objetivo de los socialistas es acordar medidas «para reforzar la protección social y los cuidados». En este punto abren la puerta a elevar los impuestos al apuntar a la búsqueda de «propuestas de mejora del sistema fiscal que ha de contribuir a la financiación de las políticas públicas».

En el último bloque, Unión Europea, la intención de la coalición es «establecer criterios comunes en la fijación de la posición española respecto a la respuesta de las instituciones europeas a la crisis de la Covid 19».

El plan de trabajo prevé la creación de cuatro grupos de trabajo dentro de la nueva comisión, para que cada uno se haga cargo de una de las grandes áreas.

Hay otro punto en que la idea del partido mayoritario choca con la del principal grupo de la oposición: las comparecencias. El PP defiende la importancia de poder llamar a la comisión a cargos públicos de la Administración, mientras que los socialistas solo contemplan la intervención de expertos. Al respecto, el programa de trabajo plantea, además, un máximo de tres comparecientes por cada grupo de trabajo —doce en total—.

La falta de diálogo del PSOE no solo queda en evidencia en el plan de trabajo repartido sino en la propia sesión constitutiva de la comisión, como se indicaba al principio. El exlendakari Patxi López resultó elegido presidente pero sin la mayoría absoluta necesaria para hacerse con el cargo en primera votación.

Al no existir interlocución alguna, el PP presentó a su propia candidata a la presidencia, Ana Pastor, en tanto que ERC, Bildu y Junts —tres de los socios del Gobierno en la moción de censura— optaron por marcar distancia y votaron en blanco. Cs también optó por esta opción. Rematando la imagen de desunión, Vox se levantó de la sesión y no participó en la votación tras considerar que ésta debía ser secreta y no pública.

El talante con el que PSOE y Unidas Podemos acuden a la comisión volvió a quedar en evidencia ante la elección del secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago, como vicepresidente primero del nuevo órgano.

Al margen de su trayectoria política (ver despiece), como diputado de Unidas Podemos, Santiago se ha caracterizado por realizar intervenciones muy poco conciliadoras con el PP. La secretaría primera de la nueva comisión recayó en María Luz Seijo, dirigente socialista que estuvo al lado de Pedro Sánchez cuando fue expulsado de la secretaría general del partido.

El PP, por su parte, colocó al secretario general del grupo parlamentario, Guillermo Mariscal, como vicepresidente segundo, en tanto que la diputada Isabel Borrego resultó elegida como secretaria segunda.

Una vez constituida la Mesa de la nueva comisión, Patxi López acordó con los portavoces la convocatoria de una primera sesión la semana que viene para aprobar el plan de trabajo, el calendario y definir las comparecencias (ver gráfico).

La previsión que manejan los socialistas es que cada grupo de trabajo se reúna semanalmente para que a finales de junio o principios de julio la comisión pueda aprobar el dictamen final. Este documento podrá ser aprobado por mayoría simple—sin el PP— y será elevado al pleno, pero no será vinculante.

En su discurso, el exlendakari defendió que «con voluntad política» es posible «conseguir un acuerdo», y advirtió de que «los ciudadanos nos exigen que ni se nos ocurra deslizarnos por la pendiente del desacuerdo». De manera velada, advirtió al PP de que esta comisión «no es una mesa de negociación entre la oposición y el Gobierno» sino «el esfuerzo de todos los representantes de la ciudadanía», en un claro guiño a los socios de la coalición.