Sánchez se ha garantizado ya una recaudación mínima de 300 millones de euros por las sanciones

«Aunque propuesta de sanción no es igual a sanción», fuentes oficiales consultadas subrayan que, claramente, «la mayoría» de las denuncias que los agentes reflejan en actas se dan por buenas y acaban llegando a los infractores para reclamarles el pago . Según Delegaciones del Gobierno -instancia competente en esta materia- consultadas por ABC, aún antes de que hubiera notificaciones, ha habido ciudadanos que se han dirigido por teléfono para interesarse por cómo podían abonar sus multas relacionadas con el estado de alarma para aprovechar el plazo de descuento.

Cuatro autonomías, Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña, en las que habita el 59% de la población española, concentran el 60,6% de las multas, lo que revela una proporcionalidad, aunque bien es cierto que en el caso de la segunda región mencionada, que registra el 10,6% del censo, ha habido poca obediencia o mucho celo policial ya que acaparan el 14,8% de las denuncias, cuatro puntos por encima.

Cuando se han cumplido dos meses de la alerta sanitaria, las cifras de recaudación de dinero para las exhaustas arcas públicas por esta vía empiezan a alcanzar relieve. Pero basta consultar a las Delegaciones del Gobierno más involucradas para comprobar su resistencia a mostrar de forma transparente si están enviando o no a sus destinatarios las miles de propuestas de sanción, por otro lado cuestionadas en su legalidad por la propia Abogacía del Estado. Y mucho menos a admitir que se están cobrando. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, anunció a preguntas de ABC en rueda de prensa en La Moncloa el 27 de abril que esperaba un informe sobre el estado de tramitación de este gigantesco paquete de denuncias, que de momento no está listo.

La Delegación del Gobierno que mayor número tiene entre manos es la de Andalucía, donde a fecha del miércoles constaban 161.846 según datos del Ministerio del Interior, y que confirmó a este diario que desde abril está notificando multas «en todas sus provincias». Los repetidos intentos porque esta Delegación concrete cuántas de esas notificaciones se han hecho llegar a los afectados, cuántas se han abonado y cuántas recurrido han sido en vano, como también en el caso de la Delegación del Gobierno en Valencia, (tercera del ranking con 138.762 expedientes), que el jueves excusó que el Ministerio de Política Territorial les impedía difundirlos.

En el segundo lugar de la lista se encuentra Madrid, con 140.178 propuestas de sanción, que no ha empezado a comunicarlas, porque, según fuentes oficiales, están a la espera de un informe de la Abogacía del Estado sobre la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, pero no de la de Salud Pública o la de Protección Civil, previstas igualmente en el régimen sancionador del real decreto de 14 de marzo.

Cataluña tampoco está enviando nada, pero por motivos distintos. Suma 125.945 propuestas, y la Generalitat, -que no su Delegación del Gobierno, porque esta región tiene transferidas las competencias en materia de Seguridad-se defiende argumentando que los plazos administrativos están paralizados por el estado de alarma. Es incierto, pues la interrupción no afecta, precisamente a los plazos «referidos a hechos justificativos del estado de alarma».

Curiosamente el País Vasco, que también tiene las competencias en Seguridad, lleva el seguimiento más exhaustivo de la tramitación de las denuncias impuestas por la Ertzaintza, aunque también las elevan las policías locales. A fecha 13 de mayo, esta comunidad sumaba en conjunto 25.210 propuestas de sanción, su cuerpo de seguridad autonómico había incoado 5.288 expedientes y notificado o en proceso de notifiación contabilizaba 4.444. También había registrado 198 recursos y 719 multas pagadas.