PSOE y Podemos bloquean desde hace 11 meses la ley del ingreso mínimo vital para no dar voz a la oposición

El Reglamento del Congreso prevé un plazo inicial de quince días para presentar enmiendas, que se reduce a la mitad en el caso de los textos urgentes como este. Los Presupuestos de 2021, el proyecto más importante del año, pasó tan solo 19 días en plazo de enmiendas y otros textos que también han interesado al Gobierno como el recorte de funciones del Poder Judicial estuvo once días. La ley del ingreso mínimo vital, en cambio, lleva ya once meses atrapada en esta etapa. El martes de la semana pasada volvieron a aprobar una nueva prórroga, la decimocuarta ya.

Los socios de coalición mantienen paralizada la ley porque así impiden que los grupos de la oposición puedan unirse y formar una mayoría suficiente para incluir mejoras o cambios en el texto a los que el Gobierno no quiera a llegar. Pero esta antidemocrática maniobra tiene un coste y es que el único camino que le queda al Ejecutivo para enmendar los errores del primer decreto es incluir modificaciones en decretos aprobados con posterioridiad para regular otras materias.

El Gobierno ha optado esta vía para intentar parchear esta ayuda y lo ha hecho utilizando cinco decretos posteriores distintos, añadiendo mayor complicación e inseguridad jurídica a la ayuda y dejando sin resolver su gran defecto: las trabas de acceso. El pasado viernes, Cáritas remitió una misiva al Gobierno y a los grupos parlamentarios denunciando que solo el 16 por ciento de las familias en situación de pobreza logra acceder a esta ayuda y urgiéndoles a legislar para poner fin a las 'trabas' que incluye la normativa.

La nueva ley del ingreso mínimo vital es un nuevo ejemplo de como diverge lo que el Gobierno dice y lo que practica, pero no es el único proyecto legislativo que se encuentra atrapado en esta situación. Otras cuatro leyes acumulan más de una treintena de prórrogas en sus plazos de enmiendas y cinco más superan la veintena.

Entre las primeras se encuentran los textos contra la violencia en el deporte con 35 prórrogas desde junio de 2020, sobre los bebés robados con 32 paralizaciones desde el pasado mes de septiembre, las medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del Covid-19 en el transporte y la vivienda, también urgente pero con 31 prórrogas y varada desde hace ocho meses, y la reforma de la ley de secretos oficiales con 32 bloqueos que comenzaron tras el pasado verano. De todas estas leyes, esta última es la única que presenta complejidad por la materia a abordar ya que alcanzar un acuerdo legislativo sobre los bebés robados, la lucha contra la violencia en el deporte o la reactivación económica es cuestión, simplemente, de interés y voluntad de política.

El bloqueo que la reforma de los secretos oficiales acumula en esta legislatura se suma, además, al freno que experimenta desde que en 2016 el PNV la impulsó por primera vez . El pasado 23 de febrero, con motivo del 40 aniversario de la intentona golpista, esta regulación franquista y la congelación de su reforma volvieron a ser objeto de debate. El PSOE se apresuró a negar falta de interés y aseguró tener una propuesta pero no movió ficha hasta abril cuando el Gobierno creó una comisión interministerial integrada por Presidencia, Defensa, Interior y Exteriores para elaborar un nuevo texto que aún no ha llegado al Congreso.

La paralización tanto de la ley del ingreso mínimo vital como de las medidas para la reactivación económica incluye un agravante y es que ambas proceden de decretos que el Gobierno logró convalidar prometiendo a la oposición que los tramitaría después como leyes urgentes y podrían incluir sus propuestas.

Pero tampoco PSOE y Unidas Podemos están avanzando en otras reformas de perfil electoral como la ley de seguridad ciudadana tantas veces prometida. El texto acumula 26 prórrogas de enmiendas desde finales de octubre a pesar de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró en su investidura que la actual sería una legislatura «sin leyes mordaza», como frecuentemente le recuerdan sus socios.

Otro texto que se encuentra paralizado para irritación de sus aliados independentistas es la reforma para reconocer y ampliar los derechos de los perseguidos durante la Guerra Civil remitida por el Parlamento catalán. Un proyecto que ha sido prorrogado 24 veces por PSOE y Unidas Podemos y se encuentra encallado desde noviembre, u otros sin polémica como las leyes para la prevención de incendios con 24 prórrogas y también varada desde noviembre, la financiación del transporte público o la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que acumulan 26 bloqueos desde octubre.

En esta legislatura, el control de los tiempos parlamentarios esta íntegramente en manos de PSOE y Unidas Podemos . Entre los dos, controlan seis de los nueve puestos de la Mesa del Congreso, el órgano que decide qué textos se califican, se prorrogan o se aceleran, entre otras cuestiones.

A diferencia de lo que sucede en el hemiciclo, los dos socios no necesitan, buscar acuerdos para decidir qué tramitación debe llevar una ley y nada referente a ello puede decidirse sin el apoyo de uno de los dos. Fuentes de la coalición subrayan que también los populares han apoyado prórrogas en el plazo de enmiendas de muchos de los textos.

Sin embargo, durante las últimas tres semanas el PP solo ha respaldado esta medida en tres proyectos y ninguno se encuentra entre los mencionados. Se trata de los textos para elevar los ratios de las enfermeras, el Tribunal Constitucional y la reforma del voto rogado. El próximo martes volverá a reunirse la Mesa y los dos socios decidirán si ponen fin o extienden este bloqueo legislativo.