Gobierno y PSOE no cierran el pacto global contra los desahucios
El Gobierno aprobará hoy en solitario en el Consejo de Ministros el decreto ley, aunque sí hubo acuerdo en el umbral de renta para evitar los desalojos: 1.598 euros al mes

No hay pacto global sobre las medidas antidesahucio. Al menos de momento. El Gobierno aprobará hoy en solitario en el Consejo de Ministros el real decreto ley con medidas sobre los desahucios sin contar con el apoyo del PSOE, ya que, tras la reunión mantenida anoche en Moncloa (que se alargó hasta las 0.45 horas), solo se consiguieron cerrar acuerdos parciales.
Curiosamente, y tras cuatro horas de reuión, sí hubo acuerdo sobre una de la cuestiones que parecían más complejas: el umbral de rentas. Gobierno y oposición acordaron ampliar a las familias que no ganen más de tres veces el IPREM (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples) la renegociación de hipotecas mediante el código de buenas prácticas. El acuerdo por lo tanto establece que el umbral de renta para evitar el desalojo se establezca en unos ingresos de 1.598 euros al mes.
Pero las negociaciones se han enquistado en otros aspectos, en especial en la exigencia socialista de acometer de forma inmediata una reforma de la ley que el Gobierno entiende que se debe abordar más adelante de forma profunda.
Sí hubo acuerdo en que ampliar los límites del precio de las viviendas que pueden verse amparadas hasta los 400.000 euros en una ciudad de más de un millón de habitantes y hasta 240.000 euros en una localidad inferior y en que las medidas de protección no se podrán extrapolar al alquiler ni tampoco tendrán carácter retroactivo. Además se creará una Comisión de Control del Código de Buenas Prácticas que vele por su aplicación efectiva y se obligará a las entidades que suscriban el texto a aumentar la información que proporcionan a los clientes.
Los beneficiarios antes citados y todas estas medidas serán aprobadas hoy a través de un real decreto ley que entrará en vigor con carácter urgente, en cuanto aparezca publicado en el BOE. Después, el Ejecutivo enviará el texto al Congreso para que el Pleno lo convalide en un plazo máximo de treinta días , e impulsará su tramitación como proyecto de ley. Será en este proceso cuando el Gobierno incluirá una reforma legal más profunda centrada en la adopción de medidas preventivas que eviten que este drama social se vuelva a producir. Y será entonces el momento de abrir la negociación al resto de fuerzas con representación en la Cámara, incluido el PSOE:
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