El PSOE baraja ceder puestos a UP para compensar su exclusión de la negociación

Cualquier paso en falso puede volver a frustrar un acuerdo para el que ya habrá pocas oportunidades más. PP y PSOE son plenamente conscientes de ello. Ya han tomado las riendas dos de los principales lugartenientes de Pedro Sánchez y Pablo Casado, Félix Bolaños y Teodoro García Egea, respectivamente. PP y PSOE volverán a participar en el reparto de sillones en el Consejo, un reparto que pasa por que diez vocales sean propuestos por los populares y diez por los socialistas. Cuestión distinta es que de su «cuota» el PSOE ceda dos a sus socios de gobierno con la única línea roja de que no se trate de jueces ni juristas vinculados a la formación morada. El PP no acepta que perfiles como el juez José Ricardo de Prada o la exdiputada y juez Victoria Rossell se sienten en el nuevo Consejo. Esto no quiere decir que Podemos no pueda proponer algún candidato si jurídicamente es solvente, señalan fuentes conocedoras de la negociación. De hecho no ha habido Consejo en el que no hubiese algún vocal del ala más radical de la izquierda.

Es este punto al que ahora mismo se aferra la coalición para evitar turbulencias. El equilibrio es complejo por la pretensión de los populares de que en el acuerdo no haya participación de Unidas Podemos. Un extremo que en la coalición rechazan, aunque con enfoques diferentes entre los socialistas y el partido minoritario. José Luis Ábalos reclamó ayer al PP una negociación «sin chantajes ni vetos». Sobre la posibilidad de excluir a Podemos y que se visibilice como un acuerdo exclusivo entre PSOE y PP, el ministro de Transportes aseguró que «esta relación no es entre partidos», sino que «se ha planteado como Gobierno y ya sabemos quienes los conforman». Un planteamiento que tranquilizó a Unidas Podemos. Los morados aseguran que Pablo Iglesias cerró en verano con Pedro Sánchez la presencia de su partido en esta renovación con varios nombres de la cuota socialista elegidos por los morados. El socio minoritario acepta que la negociación sea con el PP y no formar parte de ella oficialmente, pero no renuncia a ese acuerdo con Sánchez. Y trasladan que sería extremadamente grave para la salud de la coalición que ese acuerdo se hubiese traicionado en favor de un pacto exclusivo de PSOE y PP . Fuentes de la presidencia del Gobierno aseguran que la negociación no está cerrada y que tanto desde el PP como desde Podemos «se está vendiendo relato antes de ver el contenido cerrado».

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, dijo ayer en la Cadena Cope que Podemos «no va a estar en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. «El pirómano no puede elegir al bombero», añadió. El número dos del PP consideró que es un «paso importante» que el PSOE acepte la condición de Pablo Casado de apartar a Podemos de este proceso para renovar los órganos constitucionales. Según apuntó, queda pendiente «seguir profundizando» en las otras dos condiciones de su partido, que significan reforzar la independencia judicial y avanzar hacia una despolitización de la Justicia.

Para ello, el PP ha puesto sobre la mesa su Proposición de ley orgánica de reforzamiento de la independencia del Poder Judicial, una iniciativa que incluye que los jueces sean elegidos por los jueces y la imparcialidad de la Fiscalía General del Estado. Los populares han añadido la propuesta de que ningún expolítico presida los órganos constitucionales.

Como informó ABC, el proceso de renovación de los doce vocales jueces –a la que afectaba la reforma que pretendía rebajar la mayoría cualificada de tres quintos en su elección– ya se inició en su momento, en el verano de 2018, meses antes incluso de la fecha en la que vencía el mandato del actual Consejo. Aunque las Cámaras se disolvieron con la convocatoria de nuevas elecciones, el proceso de elección de jueces es independiente del de los ocho juristas, que sí está vinculado a la actividad parlamentaria . De los 51 togados que las asociaciones judiciales presentaron entonces, 49 siguen teniendo interés en formar parte del Consejo. De ellos parten como favoritos la exdirectora de la Escuela Judicial –y mujer de Pablo Llarena– Gema Espinosa, la juez de Violencia de Género Inmaculada Montalbán, el juez de lo Mercantil José María Seijo y el de refuerzo en la Audiencia Nacional Alejandro Abascal. También suena el nombre de Ignacio Espinosa (TSJ de La Rioja y tío de Alberto Garzón) y se da por hecho que estarán los magistrados del Supremo Ángel Arozamena y José Antonio Montero.

Entretanto, y ante la inminencia del acuerdo, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, decidió ayer paralizar los nombramientos previstos para el próximo jueves . Se trataba de las presidencias de los tribunales superiores de justicia del País Vasco y Canarias; dos plazas en la Sala Primera (Civil) del Supremo y una en la Cuarta (Social); la presidencia de la Sala Social del TSJ vasco y las audiencias provinciales de Salamanca y Almería. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces señalaron a ABC que la decisión del presidente se produce en consonancia con las que tomó en enero y julio del pasado año, cuando el acuerdo también parecía que iba a llegar y se optó por no interferir en él. A ello se suma que los nombramientos que ha hecho el CGPJ durante los últimos meses tenían un «respaldo abrumador» con el que no se iba a contar en el próximo pleno, pues hay discrepancias entre los propios vocales del sector conservador respecto a la conveniencia o no de seguir nombrando.

Al menos tres vocales de este perfil se han descolgado del grupo que tradicionalmente viene votando a favor de los nombramientos (y que incluye a cuatro progresistas). Los ocho vocales que sí quieren seguir adelante justifican su postura en que es la congruente con la mantenida con el CGPJ en los últimos plenos, de forma que consideran que no es necesario paralizar la actividad del Consejo ante un acuerdo que todavía no ha llegado y que de hecho se ha frustrado en dos ocasiones anteriores. Estos ocho vocales (cuatro conservadores y cuatro progresistas) están molestos con que Lesmes haya tomado esta decisión sin consultarla con el Pleno y han reclamado en un escrito que se introduzcan en el orden del día y que los veinte vocales voten sobre la posible paralización.