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El PSOE andaluz impone a Ferraz una candidata para el TC

Populares y socialistas no han cerrado ningún acuerdo todavía sobre la renovación

Fachada del edificio del Tribunal Constitucional Matías Nieto
Nati Villanueva

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El PP y el PSOE no han firmado todavía ningún acuerdo para la renovación del tercio de los miembros del Tribunal Constitucional que corresponde al Senado, aunque se espera que a mediados de febrero ambas formaciones cierren en bloque el nombre de los cuatro magistrados que aterrizarán en el órgano de garantías durante los próximos nueve años. Como informó ABC el lunes, conscientes de la amenaza rupturista en Cataluña, ambas formaciones quieren consensuar los nuevos nombramientos para dar estabilidad a un órgano cuya actuación va a resultar crucial en los próximos meses.

Fuentes próximas a las negociaciones entre ambos grupos parlamentarios -conversaciones que se están desenvolviendo fundamentalmente entre Moncloa y Ferraz- aseguran que a día de hoy el único «fijo» en la quiniela es Ricardo Enríquez , quien entró en el TC en marzo de 2014 (y no en 2010, como sus compañeros) en sustitución del fallecido Francisco Hernando.

Los populares quieren mantener a Enríquez en el tribunal, una posibilidad que la ley prevé siempre que el magistrado en cuestión lleve menos de tres años en el cargo. Enríquez los cumple el 17 de marzo, con lo que la renovación que corresponde al Senado tendría que llevarse a cabo antes de esa fecha. Junto a él, los populares, con mayoría absoluta en el Senado, tendrían que elegir a otro magistrado, lo que no está siendo una cuestión pacífica dentro del propio partido. El actual presidente del TC, el magistrado saliente Francisco Pérez de los Cobos, ha trasladado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la conveniencia de que sea un catedrático de Derecho Laboral -en concreto, Alfredo Montoya- quien ocupe su plaza en el TC ante la «necesidad» de que haya un jurista de esta especialidad.

Sin embargo, hay quien opina que ante el momento tan delicado que vive España, el de Montoya, prestigioso jurista de Murcia, no es el perfil que demanda el actual Constitucional. En este sentido, el PP todavía no ha cerrado esta segunda plaza, para la que también se habla de los magistrados del Supremo Rafael Fernández Valverde y José Manuel Sieira, del abogado del Estado Javier Borrego, el exdiputado del PP Ignacio Astarloa o de la catedrática Blanca Lozano.

La tercera plaza correspondería al PSOE, cuya candidata a día de hoy es la catedrática de Derecho Constitucional María Luisa Balaguer , propuesta por el Parlamento andaluz. Balaguer, consejera del Consejo Consultivo de Andalucía e ideológicamente menos moderada que la candidatura que podría representar el diputado socialista Juan Carlos Campo o el catedrático Víctor Moreno, sería la única mujer de esta terna y la segunda magistrada del nuevo TC junto con Encarnación Roca, actual miembro del tribunal.

La propuesta de Balaguer por parte del PSOE cerraría la puerta al exfiscal general del Estado y magistrado del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido , quien, consciente de que es su última oportunidad para entrar en el TC -se quedó fuera en dos renovaciones anteriores-, se está moviendo con el PSOE para que promueva su candidatura. La cuestión es que al ser la cuarta plaza de consenso entre ambas formaciones, fuentes populares ya adelantan que no ven en ella a Pumpido, por lo que si los socialistas se decantan finalmente por Balaguer, el exfiscal general no tendría opciones. Sí podría contentar a PP y PSOE, sin embargo, la candidatura del actual vicepresidente del Tribunal Supremo, el progresista Ángel Juanes.

La elección del presidente

Una vez constituido el nuevo Tribunal serán sus magistrados, y no los grupos parlamentarios, los que elijan a su presidente. Así lo aseguran fuentes populares, que niegan haber aceptado ningún veto del PSOE a la candidatura de Andrés Ollero a la presidencia. Como informó ABC, Ollero cuenta con posibilidades porque forma parte del grupo de magistrados más antiguos, pero tiene en su contra su pasado de diputado del PP y su ideología ultraconservadora, lo que, por sentido común, hace difícil un acuerdo entre todos los magistrados.

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