El PP documenta en Bruselas los «abusos» de Sánchez en la gestión de la pandemia

El PP argumenta que «las intervenciones específicas a las que se refiere la Comisión pueden ser alcanzadas sin recurrir al instrumento de excepción». De hecho, el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS) publicó el pasado 4 de mayo un informe en el que se recoge que «incluso allí donde existen mecanismos constitucionales específicos, los Estados Miembros han optado por no aplicarlos ya sea por cuestiones históricas (como Alemania) o por temor a que esta medida se perciba como demasiado represiva (Francia). Con la excepción de España, los países han optado por medidas legislativas urgentes ordinarias». Por tanto, el grupo popular entiende que «en España también es posible la sustitución del estado de alarma por medidas específicas que serían eficaces desde el punto de vista práctico y plenamente acordes con la Constitución». Cita varios ejemplos, como la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley de Seguridad Nacional o la Ley del Sistema de Protección Civil.

El informe, en cuya elaboración ha intervenido el eurodiputado Javier Zarzalejos -miembro de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior-, recuerda que desde la declaración del estado de alarma, el 14 de marzo, se han suspendido «los procedimientos y plazos establecidos en el portal del transparencia» , así como que el Gobierno «se ha negado a facilitar la composición del comité de expertos de cuyos informes depende el progresivo levantamiento de las restricciones en las Comunidades Autónomas». Además, el PP denuncia que el Gobierno remitió a la OCDE «datos sesgados sobre los tests de detección del coronavirus» que situaban a España en el puesto octavo entre los países miembros de la organización por tests realizados, o el estudio inexistente de la Universidad Johns Hopkins. Como «último ejemplo hasta ahora», el PP cita «la decisión unilateral e injustificada adoptada el día 25 de mayo de cambiar el criterio de cómputo de las personas fallecidas de manera que, de un día para otro, se han eliminado 1.918 defunciones por coronavirus».

El informe refleja cómo «los medios de comunicación fueron obligados a facilitar por escrito sus preguntas al presidente del Gobierno antes de las conferencias de prensa» (una táctica que se revirtió gracias al manifiesto que impulsó ABC y que firmaron centenares de periodistas de distintos medios) . Añade el PP las manifestaciones del general jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil sobre los trabajos en redes para «minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno».

«El estado de alarma autoriza a restringir el derecho de circulación pero no puede suspenderlo», argumenta el grupo popular en el Parlamento Europeo, que critica «la imposición de más de un millón de multas en dos meses e incluso detenciones e imputaciones penales contra ciudadanos por presuntos delitos de desobediencia» que podrían no estar legalmente justificadas.

Pese a que «el derecho fundamental de reunión y manifestación puede ser restringido en el estado de alarma, una vez iniciado el proceso de desescalada parece lógico permitir el ejercicio de tal derecho», sostienen. Aun así, «algunas Delegaciones del Gobierno, como la de Cataluña, lo han denegado, debiendo sus decisiones ser corregidas por los tribunales y han forzado a la Fiscalía del Tribunal Supremo a emitir un informe en el que comunica que no se pueden prohibir esas manifestaciones por el simple hecho de que siga vigente el estado de alarma».

El PP cita un documento de trabajo que «detalla los numeroso casos en los que la práctica del culto -en su mayoría católico- ha sido objeto de restricción, de supresión y de sanción administrativa sin base legal para ello». Citan varios casos concretos ocurridos en Valladolid, Cádiz, Granada o Murcia» y traducidos del informe que al inicio de este apartado se menciona. Cada hecho citado viene detallado en el informe susodicho con un pie de página con el enlace a la noticia correspondiente.

El PP sostiene que Sánchez ha aprovechado el estado de alarma para, vía decretos-leyes, «introducir reformas legales que nada tienen que ver con la lucha contra la pandemia y su impacto económico y social», como la modificación de la ley reguladora del Servicio de Inteligencia que dar entrada en el órgano de control del CNI a Pablo Iglesias o la «resolución del Ministerio de Justicia para reanudar los procedimientos para conceder indultos». También la «modificación de la gestión del sistema de pensiones de los funcionarios públicos». El grupo popular en Bruselas también cita el acuerdo firmado por PSOE, Podemos y Bildu para la derogación íntegra de la reforma laboral, acordado «sin el consenso de los agentes sociales» y a espaldas de la ministra de Economía, Nadia Calviño.

«Sólo la presión de la oposición ha conseguido que, a partir de mediados del mes de abril, el Parlamento haya recuperado una pequeña parte del papel que le corresponde como poder legislativo y de control», denuncia el PP. ante lo que considera como «una de las peores expresiones de la excepcionalidad impuesta por el Gobierno». El documento enviado al comisario de Justicia, de trece páginas, argumenta que «a diferencia de otros Parlamentos, como la Asamblea Francesa, el llamado «Plan de desescalada» del Gobierno que establece las fases para la progresiva recuperación de la actividad no ha sido debatido en el Parlamento».

El PP relata «hasta qué punto el Gobierno está dispuesto a alterar los mecanismos constitucionales con el fin de ocultar sus responsabilidades en la gestión de la crisis» citando la destitución del coronel Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid por no haber comunicado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, «que se estaba realizando un informe, ordenado judicialmente, sobre el conocimiento que las autoridades gubernativas tenían del riesgo epidémico antes de que se ordenara el estado de alarma». El grupo popular informa a Bruselas de una decisión «tan escandalosa que ha provocado la dimisión del número dos de la Guardia Civil, el teniente general Laurentino Ceña, en protesta por la medida adoptada».

El PP considera que se ha dado un «uso claramente partidista» de RTVE «en beneficio del Gobierno sustituyendo los programas predeterminados con la emisión constante de las comparecencias del presidente del Gobierno y de algunos ministros». Por otra parte, dicen, «también ha sido objeto de uso «propagandístico y sectario» del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) , que ha publicado un estudio en el que, «en contra de lo que decían todas las encuestas realizadas por medios privados, arrojaba un aumento de apoyo electoral a los dos partidos del gobierno, una bajada de dicho apoyo a los principales partidos de la oposición y una valoración favorable no sólo de las medidas adoptadas gubernativamente en relación con la pandemia, sino incluso de la situación económica personal de los opinantes».