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Interior no ordenará a la Policía desalojar las acampadas salvo que haya desórdenes públicos

El Supremo y el Constitucional rechazan por motivos formales los recursos presentados contra el acuerdo de la Junta Electoral. La Policía informará de que se puede cometer una infracción administrativa

Interior no ordenará a la Policía desalojar las acampadas salvo que haya desórdenes públicos ap

CRUZ MORCILLO/NIEVES COLLI

A las doce la noche ha comenzado la jornada de reflexión de las elecciones municipales y autonómicas, durante la cual la Junta Electoral Central ha prohibido las manifestaciones y en la que, según la ley, no se pueden realizar actos de propaganda o publicidad electoral.

La prohibición afecta a las concentraciones que, desde el pasado 15 de mayo, tienen lugar en las plazas más emblemáticas de la mayoría de las ciudades españolas y, en especial, en la Puerta del Sol de Madrid, dentro del denominado "Movimiento del 15-M. Toma la plaza". En cada una de ellas, se ha roto a aplaudir cuando el reloj ha marcado la medianoche.

Pese a la prohibición, el Gobierno no ordenará a la Polícía desalojar a los «indignados» salvo que en el curso de las concentraciones se produzcan desórdenes públicos, se cometa algún delito o se exhiban uniformes paramilitares. Son los tres supuestos que prevé la Ley de Seguridad Ciudadana (artículo 16) para justificar la disolución de una manifestación, aunque ésta no esté autorizada, como es el caso. Incluso en el caso de que se den esos supuestos, la decisión de intervenir es potestad gubernativa.

Son las conclusiones plasmadas por los servicios jurídicos del Estado, que se basan también en la ley que regula el derecho de reunión, en un informe remitido al Ejecutivo y en el que se analiza el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC). El dictamen concluye que no cabe la disolución «ni en nuestra jurisprudencia ni según la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos», según fuentes del Ejecutivo.

Esta decisión se adoptó de forma independiente a las que se esperaban del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que por la vía de urgencia resolvieron ayer dos recursos —el primero, uno de IU; el segundo, otro de José Ríos, un abogado de Murcia— presentados contra el acuerdo de la JEC. El objetivo de ambos escritos era el mismo: conseguir la suspensión cautelar de la prohibición de las concentraciones.

La Sala Segunda del TC rechazó las pretensiones del abogado por razones formales , pues éste no había agotado previamente la vía judicial y se dirigió directamente al Constitucional, cuando debió hacerlo ante el Supremo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, por su parte, rechazó el recurso de IU al considerar que esta formación política carece de legitimidad al no ser titular de los derechos que considera vulnerados. En definitiva, no puede actuar en nombre de otros.

Poco antes de las diez de la noche se conocían las tres decisiones más esperadas. Para entonces, la Policía ya era partidaria de no intervenir.

"Esperamos con calma tensa", explicaba un mando policial de Madrid a media tarde. "Sin una orden y una orden clara, de la que quede constancia, no vamos a cambiar el dispositivo". La orden, por supuesto, debe darla el Ministerio del Interior, bien de forma directa, bien a través de la Delegación del Gobierno. Mientras el Tribunal Supremo y el Constitucional permanecían reunidos en paralelo y por sorpresa para decidir sobre los distintos recursos presentados, la Jefatura de Policía madrileña aguardaba acontecimientos. Eso sí, desde el martes tenían diseñado el operativo necesario en caso de que se les obligara a desalojar la Puerta del Sol y aparentemente la situación es de control y tranquilidad. "Ya nadie tiene dudas de que si la Policía entra es porque se lo ordena el Gobierno", señalaban las fuentes consultadas .

La opinión mayoritaria de los responsables de seguridad es que no se debe actuar; no con la cantidad de personas que se han concentrado, con las cámaras de medios nacionales y extranjeros enfocando y a solo unas horas de las elecciones. Otra cuestión es el lunes. Piensan, según las informaciones recabadas sobre el terreno estos días, que no se van a producir algaradas ni ningún tipo de acto violento. Desde el minuto uno, los individuos capaces de tomar esa iniciativa están perfectamente controlados. Son entre cincuenta y cien personas afines a la extrema izquierda, miembros muchos de ellos de los grupos que aglutinan la Coordinadora Antifascista de Madrid; se mueven a su antojo por Sol pero sin causar ningún tipo de problema. Algunos tienen antecedentes por algaradas callejeras y han intentado hacerse con el control de comisiones y subcomisiones . La corriente pacifista, mayoritaria y que representa a todo tipo de ideologías, no se lo ha permitido salvo excepciones.

"Han tratado de vampirizar el movimiento. Jamás han tenido ellos por sí mismos una atención y una corriente de simpatía como la que ahora se ha creado, pero por ahora son unos más", insisten fuentes policiales. Las mismas que desmienten rotundamente, uno tras otro, el hervidero de rumores en el que se ha convertido el Km 0, ágora por la que se mueven las frases grandilocuentes y también las mentiras. "No es cierto que hayan llegado agitadores de otros países. No los hemos detectado; tampoco que se estén concentrando grupos de extrema derecha y de extrema izquierda... Hay que mantener la calma".

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