El abogado de Campanario pide la nulidad del proceso por la «Operación Karlos»

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11/04/2011
Actualizado a las 20:17h.

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Medio centenar de personas concentradas ante las puertas de la Audiencia Provincial de Cádiz han recibido con insultos y gritos de "ladrones" a los acusados de la "Operación Karlos" a su entrada a los juzgados, donde esta tarde ha comenzado la vista oral. Pasadas las tres y media de la tarde ha entrado María José Campanario, acompañada de su marido, el torero Jesulín de Ubrique, y de su madre, a quienes han gritado "¡Ladrones!" y "¡Váis a ir a Puerto II!" algunos de los congregados ante la puerta de la Audiencia, donde también hay numerosos medios de comunicación, en especial de la prensa del corazón. Campanario, que siempre ha mantenido que fue engañada y que ella es inocente, ha rechazado pactar su condena con el fiscal y aceptar su culpabilidad, a cambio de reducir su condena hasta dos años de prisión, con lo que conseguiría que se le conmutara el ingreso en la cárcel. Ella, su madre y el inspector médico Francisco Casto, para quien el fiscal solicita diez años de prisión al igual que para Carretero, son de los pocos acusados que no han aceptado ese acuerdo, según fuentes jurídicas.

Francisco Baena, abogado de María José Campanario ha pedido la nulidad del proceso al considerar "nulas" las escuchas telefónicas realizadas en la investigación. El letrado ha defendido que la causa "se tendría que llamar don teléfono", ya que sin esas escuchas -algunas ya anuladas judicialmente- no habría nada y ha afirmado que "la verdad no se puede conseguir a cualquier precio". La mujer del diestro es una de las 25 personas acusadas de formar parte de una trama organizada dedicada a obtener de manera fraudulenta pensiones por incapacidades laborales.

Recientemente, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) había estimado el recurso presentado por las defensas de los procesados en la denominada "Operación Karlos" , estableciendo que el juicio por esta causa se celebrase ante una Sala de jueces profesionales, y no ante un jurado popular. La razón es que el delito principal, que arrastra al resto, es el de estafa, que no es competencia del jurado, según establece la Ley. Según el Tribunal Supremo, el resto de imputaciones -falsedad en documento oficial, actividades prohibidas a funcionario y cohecho- son meras actuaciones instrumentales para lograr la estafa, dándose la circunstancia de que "por la propia naturaleza de las conductas, resulta imposible su tratamiento por separado en el juicio oral". El juicio ha despertado una gran expectación mediática, lo que ha hecho que la Audiencia Provincial habilite una sala para los más de 90 profesionales de medios de comunicación acreditados puedan seguir la vista.

La "Operación Karlos", según indicó la Guardia Civil cuando se destapó, se inició cuando los agentes del Instituto Armado tuvieron conocimiento de que Carlos Carretero -ex jefe de la Policía Local de Ubrique (Cádiz)- podría encontrarse implicado en una trama organizada dedicada a la concesión de pensiones por incapacidades laborales mediante procedimientos ilegales, pudiendo estar encargado de captar a personas interesadas en obtenerla de dicha forma. Tras las primeras investigaciones, constataron que esta persona contaba con la connivencia de un inspector médico (Francisco Casto), que se apoyaba en determinados facultativos, tanto de atención primaria como especialistas, para expedir bajas e informes médicos falsos e incorporarlos a la documentación necesaria para iniciar el expediente de incapacidad laboral o por accidente, encargándose de supervisar estos documentos mediante cobro de dinero.

Además, según la Guardia Civil, informes médicos emitidos por especialistas pudieron incluso ser falsificados por alguno de los facultativos implicados. Para ello, los interesados abonaban cantidades que oscilaba entre los 9.000 y los 24.000 euros , con el fin de beneficiarse de estas pensiones fraudulentas. En los casos en los que el beneficiario carecía de dinero, los dirigentes de esta trama le facilitaban una póliza a través de entidades bancarias, que posteriormente era abonada al banco una vez concedida la pensión. Así, una vez recibido el dinero o parte del mismo, Carlos Carretero instaba a los aspirantes a dicha prestación que residen fuera de la ciudad de Cádiz a que fijaran su domicilio en esta ciudad, ofreciendo direcciones de familiares de él mismo y de un facultativo implicado en la trama, al objeto de que el Inspector Médico, asignado al área de la Bahía de Cádiz, pudiera emitir su informe favorable. Para ello, previamente el candidato a la pensión debía de estar de baja médica por su facultativo de cabecera, por un especialista o haber sido atendido de urgencias en un centro hospitalario. En la mayoría de los casos investigados, los médicos de atención primaria y especialistas han sido los mismos, todos ellos vinculados y captados por Casto. Además, varios de estos médicos pertenecían a mutuas, que buscaban un beneficio propio como contraprestación a su actuación delictiva y, paralelamente, pretendían obtener contratos con las empresas dirigidas por el propio Carlos Carretero a cambio de involucrar a algún médico -en uno de los casos a su propia esposa- para que facilitara las bajas a varios aspirantes a las referidas prestaciones. La mayoría de los beneficiarios que obtuvieron o intentaron obtener estas pensiones por incapacidad laboral son de la comarca de la sierra gaditana, donde uno de los principales dirigentes de esta organización está muy vinculado. La Guardia Civil indicó que algunos de los beneficiarios de la invalidez desconocían el mecanismo de obtención de una pensión por incapacidad laboral , ya que muchos de ellos están realmente enfermos y lo podrían haber solicitado por el procedimiento establecido y por tanto sin coste alguno al Ministerio de Trabajo a través del Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI).

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