AVT se moviliza contra el plan del Gobierno para ahorrar 400 años de cárcel a 54 etarras

Fuentes del propio Gobierno reconocieron a ABC la semana pasada que la iniciativa para modificar esa ley «ya está en marcha» y además «a las claras», lo que permitiría que hasta 54 presos de ETA pudieran ahorrarse más de 400 años de cárcel, según los cálculos detallados de la propia AVT.

Hasta 48 están en cárceles españolas y más de la mitad por delitos de sangre. De prosperar esta medida, como ya contempla el Gobierno, cada uno de ellos se ahorraría una media de 7,8 años de prisión. Es decir, entre todos se descontarían casi 375 años de condena. Incluso, una decena tendrían que ser excarcelados de forma inmediata o durante este mismo año gracias a ese hipotético descuento de penas al que ahora no pueden acceder.

Además de estos 48 en España, hay otra media docena que actualmente están en prisiones francesas, pero con penas pendientes en nuestro país, por lo que al menos 54 etarras podrían ahorrarse más de 400 años de condena si el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos (UP) cambia la ley para permitirles que se descuenten sus penas en Francia.

Esta iniciativa concedería más ventajas a los presos de ETA, ya que, al reducirse de forma tan considerable todos los plazos, también les facilita alcanzar mucho antes otros beneficios penitenciarios, como el tercer grado y la libertad condicional.

Alguno podrían llegar a ahorrarse más de dos décadas de golpe respecto a la pena que les impuso la Justicia española. Es el caso de Félix Alberto López de Lacalle, cuya condena no vence hasta 2036, pero quedaría inmediatamente en libertad al descontarse los 23 años que estuvo preso en Francia si prospera esta reforma legal.

En el medio centenar largo de posibles beneficiados también hay varios etarras que se quitarían más una década de condena. De hecho, el que menos se ahorraría es Javier Zabalo, que acortaría su condena en casi cuatro años.

En esa nómina también destacan nombres que han sido máximos responsables de ETA y de sus peores crímenes , como Kantauri, Txapote, Gadafi, Anboto o Karaka, por citar sólo algunos de los que más estragos han causado. Y, entre sus víctimas, los populares Gregorio Ordóñez o Miguel Ángel Blanco, o los socialistas Fernando Múgica y Fernando Buesa, el expresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente.

También policías, guardias civiles, ertzainas, periodistas o ciudadanos hasta entonces anónimos que fueron asesinados, heridos o secuestrados por toda España. En una casa cuartel de Zaragoza, en barrios de Madrid, Santander, Córdoba o Bilbao. En aeropuertos como el de Málaga y hoteles de Alicante o Tarragona... La lista es tan larga como desgarradora.

Por todo ello la AVT dijo ayer «basta» y anunció que «en los próximos días» convocará una manifestación contra las «maniobras para modificar el marco legislativo en beneficio de los terroristas» . También confirmó que solicitará reuniones con todos los grupos parlamentarios -salvo Bildu- para trasladarles el dosier que presentó ayer y combatir así esta reforma legal con cifras y casos concretos como los mencionados.

La presidenta de la AVT se mostró firme al aclarar que «si tenemos que volver a las calles, no tengan duda que lo haremos» y añadió que las víctimas de ETA «podemos estar tocadas y hundidas, pero no estamos muertas». Y lo harán, como explicó la propia Araluce, para mostrar su rechazo a un Gobierno «que no para de engañarnos, ningunearnos y utilizarnos como moneda de cambio».

También denunció que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez «está permitiendo que los terroristas, además de haber asesinado a nuestros familiares, ahora se estén riendo de nosotros» . Y no se olvidó tampoco del máximo responsable de la política penintenciaria como ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que acusó de haber perdido «la decencia y la dignidad».

Respecto a la certeza de que PSOE y UP estén trabajando ya en esta «maniobra» para reducir las penas de los etarras -como fuentes de La Moncloa confirmaron a este periódico-, la AVT asegura que «no tenemos ninguna duda de que esta reivindicación está encima de la mesa del Gobierno» .