Moncloa quiere ocultar 50 años el expediente de los indultos

Según ha podido saber ABC, el Ministerio de Justicia está denegando los expedientes de los nueve indultados a petición de los ciudadanos que lo solicitan a través del Portal de la Transparencia. En las respuestas de Justicia, firmadas por el subsecretario del Ministerio, José Miguel Bueno Sánchez, se argumenta la negativa en base a que «los expedientes solicitados contienen circunstancias personales , familiares y sociales, así como datos de ilícitos penales que no se pueden divulgar sin contar con el consentimiento expreso del afectado (...) o transcurridos los plazos establecidos en el artículo 57 de la Ley del Patrimonio Histórico Español»; es decir «hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte, si su fecha es conocida o, en otro caso, de cincuenta años, a partir de la fecha de los documentos».

Sin embargo, esta prevención legal, incluyendo el consentimiento de los afectados, no impidió que desde distintos departamentos del Gobierno se filtraran a la prensa algunos de los expedientes de los indultos, como por ejemplo el de Oriol Junqueras, por lo que podría darse el caso de que el documento filtrado, en realidad, no fuera el expediente completo.

Por otro lado, en relación a los datos personales y familiares de los nueve líderes del ‘procés’ que pueden figurar en los expedientes de indulto, cabe la posibilidad de que Justicia los suprima de los expedientes para cumplir así con las dos normas, la de la transparencia y la de proteger los datos personales. En realidad, lo que interesa a la ciudadanía es conocer las razones que motivaron la concesión de los indultos, con todos los informes y documentos previos que sustentaron la decisión aprobada por el Consejo de Ministros del 22 de junio .

Respecto a esta situación creada, el ex jefe penal de la Abogacía del Estado y ahora portavoz y vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal , advierte de que la argumentación ofrecida por el Gobierno para no facilitar los expedientes no tiene soporte legal.

«Su interés público es evidente», subraya en declaraciones a ABC. «Se trata de conocer las razones del Gobierno para conceder esos indultos. En estos casos, los datos personales se anonimizan, se tachan porque los asuntos de interés público priman sobre el interés individual». Bal añade que la ley tampoco contempla en ningún caso que la divulgación de un indulto tenga que pasar por la autorización de quien lo ha recibido, como argumenta el Gobierno.

Por su parte, la ex abogada jefe del Estado en el País Vasco y hoy portavoz adjunta de Vox en el Congreso, Macarena Olona , coincide con Bal en ambas cuestiones. «La utilidad pública de la información debe primar sobre la protección de los datos personales», subraya, remitiendo a la sentencia 1.280/2016 en la que el Tribunal Supremo señaló «que la sociedad pueda estar adecuadamente informada sobre los indultos otorgados por el Gobierno a personas condenadas por sentencia firme, la identidad de esas personas y los delitos que habían cometido, responde a un interés público, enlazado con el derecho a la libertad de información y al control de los poderes públicos propio de las sociedades democráticas».

El Supremo falló así ante la demanda interpuesta por un indultado contra los principales buscadores de internet por incluir su medida de gracia entre la lista de resultados. La sentencia añade que el hecho de que «la publicidad (del indulto) pueda trascender al conocimiento público (...) constituye un daño que el perjudicado por ese hecho está obligado a soportar».

«La mención a los datos personales del demandante y al delito que había cometido en el que se le concedía el indulto (...) no puede considerarse que fuera contrario a la normativa sobre protección de datos personales. La afectación que ello suponía al honor y la intimidad de la persona indultada debe ser soportada por esta porque así lo exige el derecho a la información en una sociedad democrática», abunda el Alto Tribunal en la sentencia.

El Supremo solo señaló un factor para limitar la difusión de los datos personales de los indultados y es la reducción del interés público de la información como consecuencia del transcurso del tiempo. Una circunstancia que no se da en el caso de los indultados por el 'procés’.

En el PP ponen el foco en las razones políticas del Gobierno para no dar a conocer estos expedientes. «Si los indultos estuvieran motivados en razones de justicia, equidad y utilidad pública no tendrían motivos para ocultarlos». Y se añade: «Los esconden y los niegan porque son arbitrarios y los motivos son sólo políticos, para seguir Pedro Sánchez en la Moncloa. Tienen mucho que ocultar pero más pronto que tarde se conocerán . Campo los indultó por indicación de Sánchez y Llop les encubre ahora», subrayan.

El Gobierno concedió el indulto a Oriol Junqueras, Quim Forn, Carme Forcadell, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa el 22 de junio de este año, sin que llegase a dos años de la sentencia del Supremo por el ‘procés’, en octubre de 2019. Sánchez defendió los indultos porque «es la mejor para Cataluña y para España», apeló a la «convivencia» y señaló que conceder el indulto a los nueve condenados por sedición es «lo más conforme con espíritu de concordia de la Constitución».