Meritxell Batet, un mandato entre polémicas
La presentación de una querella contra Batet por prevaricación remata una semana negra para la presidenta del Congreso, situada en el ojo del huracán por su resistencia a ejecutar la sentencia del Supremo contra Alberto Rodríguez

La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Bate t , ha culminado una semana negra en la que nadie ha quedado indiferente a sus decisiones. Primero fue la oposición quien le exigió que retirase el escaño al diputado de Podemos Alberto ... Rodríguez , condenado a mes y medio de inhabilitación especial al sufragio pasivo por dar una patada a un policía en 2014, y después fue el Supremo quien perdió la paciencia al ver que se 'reinterpretaba' su sentencia desde la Mesa de la Cámara Baja.
La resistencia de Batet a cumplir con lo estipulado por el tribunal en sentencia firme y, por tanto, a quitar a Rodríguez su condición de parlamentario duró hasta el viernes. La socialista finalmente cedió a lo que reclamaban la oposición y el Supremo, pero se encontró con la reacción de su socio parlamentario, Podemos, que anunció una querella por presunta prevaricación contra la tercera autoridad del Estado, aunque horas después, ya en la mañana de ayer, la formación populista rebajaba el tono de la amenaza al informar de que la acción judicial será firmada únicamente por el diputado afectado. Solo el PSOE respaldó a Batet tras días para olvidar y otras actuaciones polémicas que ABC repasa a continuación:
La última polémica. Del pulso al Supremo a la querella de Podemos
La Mesa del Congreso de los Diputados sorprendió este martes al mantener el acta de diputado a Alberto Rodríguez pese a la condena del Tribunal Supremo po r patear a un policía en una protesta en 2014 . La sentencia le imponía un mes y medio de cárcel que podía ser sustituido por una multa y una pena accesoria de inhabilitación especial al sufragio pasivo durante el mismo tiempo.
Los miembros del órgano de control de la Cámara Baja se acogieron a un informe de los letrados del Congreso en el que decían que la pena accesoria, al haber pagado Rodríguez la multa prevista en la principal, decaía. PSOE y Podemos usaron ese informe -se desconoce quién lo solicitó a los servicios jurídicos de la Cámara- para rechazar la inhabilitación de Rodríguez, en contra del criterio del PP y de Vox. Estos dos últimos partidos y Ciudadanos activaron todos los mecanismos a su alcance para forzar una rectificación ante una decisión que, entendían, no se ajustaba a derecho.
El Tribunal Supremo preguntó a Batet el miércoles cuándo iba a empezar la ejecución de la sentencia impuesta a Rodríguez y esta convocó una Mesa urgente al día siguiente. En un tenso debate , PSOE y Podemos abogaron por pedir una aclaración al Alto Tribunal, mientras PP y Vox insistieron en que solo cabía ejecutar la inhabilitación.
Batet por primera vez se mostró partidaria de lo segundo, respaldada además por el cambio de criterio de los letrados tras el escrito del Supremo, pero optó por solicitar la aclaración que reclamaban sus socios. El Supremo respondió que no cabía aclaración y que la pena accesoria era de obligado cumplimiento. Así que Batet optó en la tarde del viernes por comunicar a Rodríguez la pérdida de su escaño, pero por la noche se encontró con una querella de Podemos contra ella.
El varapalo judicial. Su 'cerrojazo' fue inconstitucional
El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el cierre del Congreso dictaminado por su presidenta entre marzo y abril del 2020. Para la historia quedan las palabras de Cayetana Álvarez de Toledo , entonces portavoz del PP en la Cámara, con las que advirtió a Batet de que la sede de la soberanía nacional no se cierra «ni en guerra».
La sentencia del Constitucional dejó a Batet en una posición muy delicada, al aceptar íntegramente el recurso de Vox contra el 'cerrojazo' impulsado por la presidenta. Los de Santiago Abascal pidieron su dimisión.
Promesas polémicas. Fórmulas atípicas para jurar la Constitución
Meritxell Batet afrontó la primera controversia de su mandato en la XIII Legislatura -y se repitió en el inicio de la XIV Legislatura- con las fórmulas atípicas que emplearon socios del Gobierno para prometer o jurar la Constitución, al tomar posesión de su cargo de diputados electos.
Se escucharon expresiones como las siguientes: «Sí, prometo, por imperativo legal, hasta la creación de la república vasca»; «Contra el fascismo, el franquismo y el racismo, por la libertad de los presos políticos y por la república catalana, y por imperativo legal, sí prometo, por los exiliados políticos». Batet defendió la libertad de expresión y dio por cumplido el trámite. El Constitucional se comprometió a revisar su doctrina en abril, tras sendos recursos de PP y Ciudadanos.
Festival de insultos. Improperios contra Corona y oposición
La permisividad de la Presidencia de Meritxell Batet con los insultos en la Cámara Baja, sobre todo contra los que provienen de los aliados políticos del Gobierno, ha llevado a la oposición a quejarse en varias ocasiones de que la presidenta no vela por el cumplimiento del reglamento en lo referente al obligado respeto a las instituciones del Estado y al decoro del Congreso.
Los improperios contra la Corona son habituales desde los partidos independentistas, incluso desde la tribuna de oradores, pero la presidenta ha defendido su libertad de expresión. La diputada de ERC Maria Carvalho se detuvo en las escaleras del hemiciclo y gritó «fascista» en la cara de Macarena Olona . No pasó nada. Fue el mes pasado, cuando un diputado de Vox llamó «bruja» a una socialista , cuando Batet anunció su propósito de enmienda.
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